El diputado de Ciudadanos, Tony Woodward. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Antes de afrontar el Debate de Política General, los grupos parlamentarios –excepto el PP– plantearon la necesidad de ejecutar una reforma de su formato. Los motivos eran sencillos: querían un número de propuestas de resolución razonables que durante el resto del curso político pudieran ejecutarse. Así, pretendían dejar atrás las típicas jornadas de los últimos años de votaciones hasta altas horas de la madrugada y trabajo bajo flexos en las consellerias y grupos de cada partido para fijar sus posiciones respecto a los comicios del día siguiente.
La reforma, sin embargo, no se consiguió. Y con ello, volvió otro de los momentos tradicionales de esas jornadas maratonianas: los errores en las votaciones. Con 1.311 propuestas de resolución que votar, y una jornada que se alargó hasta las 1.33 de la madrugada –después de 15 horas en el hemiciclo ese día, y otras tantas el día anterior–, Podemos apoyó una iniciativa de Ciudadanos para revisar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, totalmente cedidos a las Comunidades Autónomas.
En el texto, se instaba al Consell a tener en cuenta en los Presupuestos de 2018 una variación que sitúe a la Comunitat "más cercana a otras comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable hasta la aplicación del nuevo sistema de financiación". Una medida que también respaldó el PPCV -ya iba en su programa y la propia Isabel Bonig la reclamó en la primera jornada del debate- y que el Consell ha rechazado en reiteradas ocasiones al considerar que beneficia a las clases más altas.
Con el apoyo en el debate de PP, Podemos y Ciudadanos, la propuesta salió adelante y se convertía, como la tasa turística, en un mandato de Les Corts al Consell. Un argumento que al partido naranja le servirá para exigir su cumplimiento.
En el caso de Patrimonio, la Generalitat ha bajado de 700.000 a 600.000 euros el mínimo exento para los sujetos obligados a pagar este tributo. Además, ha creado una tarifa propia que, respecto a la estatal, supuso un incremento de alrededor de un 25%. Otras comunidades como la de Madrid, por ejemplo, tienen este impuesto bonificado al 100%.
En el caso del impuesto de Sucesiones, el tributo que grava las herencias, la Comunitat lo tiene bonificado al 75% para el conocido como grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años), mientras que la bonificación para el grupo II (descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges y ascendientes), la bonificación se redujo este año del 75% al 50%.
El Consell también introdujo cambios en la tributación de Donaciones para este ejercicio. En concreto, se eliminó la bonificación del 75% tipificada para los grupos I y II y discapacitados y se redujo de 2 millones de euros a 600.000 el importe máximo de patrimonio preexistente para poder aplicar la reducción por parentesco.
De la misma manera que el partido morado, socio parlamentario del Botànic, exige al Ejecutivo valenciano la aplicación de una tasa turística en los próximos meses por haberse aprobado su propuesta con el respaldo de Compromís y Podemos, Ciudadanos se acoge a los mismos motivos para justificar la necesidad de que el Consell revise este impuesto.
En el caso de la tasa turística, la competencia para regular una normativa es autonómica o estatal. Sin embargo, el Consell se está retrasando –a juicio del diputado de Podemos, David Torres– en presentar la Ley de Turismo y Hospitalidad, que está desarrollando la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), dirigida por el secretario autonómico, Francesc Colomer.
Por esa razón, la formación morada quiere, al menos, que en la Ley de Acompañamiento quede regulada esta tasa para que se aplique ya en 2018. Una misma bala que quiere gastar el partido que dirige Mari Carmen Sánchez en Les Corts. Consecuencias de la resaca del Debate de Política General.
