Ciudadanos pide los gastos de los coches oficiales y el uso de los móviles de todos los diputados

VALÈNCIA. Durante años el uso de coches oficiales por parte de altos cargos de la Generalitat y por los diputados de Les Corts fue objeto de polémica debido al uso inadecuado que se hacía frecuentemente de ellos. El abultado desembolso anual por desplazamientos, combustible, taller y nuevas adquisiciones en etapas anteriores derivó en que muchas administraciones decidieran recortar considerablemente este tipo de gastos e incluso reducir el parque móvil.

Ahora bien, a punto de finalizar la presente legislatura Ciudadanos quiere comprobar si el uso que se ha hecho de los coches oficiales ha sido ejemplar. El secretario primero de la Mesa de Les Corts, Emilio Argüeso, ha solicitado a los servicios de la cámara el gasto pormenorizado que ha asumido la institución desde mayo de 2015 hasta la actualidad. Documentación en la que pide que se incluya "el número de coches oficiales que se han utilizado, el detalle de los trayectos realizados y la persona que ha utilizado dichos vehículos".

En otro escrito, además, amplía el límite temporal para obtener los mismos datos de la legislatura anterior. Un requerimiento en el que incluye, además, que se le traslade "todos los gastos ocasionados por la Presidencia de Les Corts durante la pasada legislatura, así como por el resto de miembros de la Mesa y los grupos parlamentarios". Una manera de conocer qué partido utiliza más el coche oficial, y así poder comparar el cambio experimentado en el Parlamento valenciano ahora con la representación de cinco fuerzas políticas. 

Junto a esta petición, el también secretario de Organización de Ciudadanos solicita que se adjunte la cantidad de "terminales móviles a cargo de Les Corts, así como las facturas abonadas detalladas de cada usuario, con expresión del nombre". 

Al inicio de la legislatura se desató una fuerte polémica porque la Mesa de Les Corts aprobó por unanimidad en una reunión adquirir un lote de 99 iPhones para los diputados. Una compra que iba a suponer un coste de 64.000 euros para las arcas públicas y a la que finalmente se le puso freno por el escándalo generado. Ahora, con esta petición de información, sin embargo, la polémica puede desatarse por las facturas que se pagan con el erario público.