VALÈNCIA. (EP). El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes ha presentado una serie de enmiendas al proyecto del ley de muerte digna preparado por el Consell en las que reclama "una mayor humanización de la sanidad" a través de una formación específica para los profesionales.
En un comunicado, el diputado Juan Córdoba ha considerado "imprescindible dotar a los profesionales del apoyo, información y herramientas necesarias para asumir su papel con seguridad y reducir la conflictividad de estos casos".
A su juicio, "lo más importante es que prevalezca siempre la última voluntad del paciente mayor de 16 años, que tendrá derecho a realizar una declaración de voluntades anticipadas y podrá contar con un representante legal".
En caso del resto de menores de edad, el portavoz de Sanidad de Cs ha confirmado que "serán los padres quienes tendrán la última palabra" y , en este sentido, ha reclamado "más información tanto a familias como a los propios pacientes diagnosticados con una enfermedad irreversible y de degeneración física progresiva".
Además, el diputado ha insistido en que se aumente la plantilla de profesionales en las unidades de atención u hospitalización a domicilio y en la necesidad de crear más unidades de cuidados paliativos, "porque, actualmente, son insuficientes".
El grupo popular en Les Corts ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de la Generalitat de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al fina de la vida.
Según consta en su escrito, el PP solicita la devolución de este proyecto de ley al Consell por "discrepar sobre su oportunidad y no compartir los principios que lo inspiran".
A juicio de este grupo, no está justificada su tramitación de urgencia, ni tampoco debe tener este asunto un tratamiento dispar en diferentes autonomías, sino que "se debería estar a lo dispuesto al respecto en la Constitución respecto a la igualdad de derechos y deberes".
Por otra parte, entiende el PP que el proyecto de ley carece de memoria económica o presupuesto alguno, por lo que "resulta imposible adaptar la asistencia sanitaria a los cambios propuestos".
Según ha explicado la diputada María José Catalá, "la ley afecta a cuestiones relacionadas con la dignidad de las personas, y por ello ha de haber una regulación general".
Asimismo, ha insistido en que: "no estamos de acuerdo con el artículo 17, que excluye el consentimiento del representante legal para menores de 16 años, a pesar de que su criterio sea contrario a la opinión del médico".