Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana da la razón al Ayuntamiento de Valencia y considera que procede la resolución del contrato con las mercantiles encargadas de la restauración de la Muralla Islámica de València por incumplimiento.
"Tras esta decisión, el Ayuntamiento volverá a licitar las obras para concluir el proceso de restauración de la Muralla Islámica", ha anunciado el concejal de Cultura, José Luis Moreno, según ha indicado el consistorio en un comunicado.
El Ayuntamiento adjudicó en 2021 el contrato para la ejecución de las obras de excavación, restauración y puesta en valor de la Muralla Islámica de València (tramo plaza del Ángel), con un presupuesto total de 3.440.661,51 euros.
A partir de marzo de 2022, comenzó a "hacerse evidente" que se estaban produciendo retrasos en la ejecución de la obra y que ello exigía la aprobación de un nuevo Plan de Trabajo y la aprobación de una prórroga. Por ello, el consistorio solicitó al contratista que aportara un nuevo Plan de Trabajo "adaptado a las incidencias producidas, relacionadas principalmente con la técnica de micro-pilotaje y la instalación de la geotermia".
Dado que la documentación requerida no fue entregada, el Ayuntamiento inició actuaciones para imponer penalidades a la empresa, "tanto por las demoras producidas, como por cumplimientos defectuosos". Como consecuencia, la Junta de Gobierno Local (JGL), acordó, el año pasado, aprobar la resolución del contrato.
Entre los argumentos aportados, se señalaba la demora en el cumplimiento de los plazos (tanto totales como parciales), así como el incumplimiento de la obligación principal del contrato.
Por su parte, las mercantiles presentaron alegaciones por las que manifestaron su oposición a la resolución del contrato en los términos manifestados por la corporación municipal. En este sentido, en dicha JGL, además de acordar la suspensión del procedimiento, también se aprobó remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, para la emisión del correspondiente dictamen debido a la oposición del contratista a la resolución del contrato.
El dictamen emitido por el Consell Jurídic concluye que la UTE adjudicataria del proyecto "no ha realizado ninguna obra desde principio de abril 2023 ni ha facturado nada desde entonces", por lo que "la obra está parada, lo que constata una demora en la ejecución de las obras, que no fueron suspendidas".
Además, se impusieron penalidades diarias a la contratista que han superado el 5% del precio del contrato, por lo que el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En consecuencia, procede, según el dictamen jurídico, la resolución del contrato de obras.
