La Comisión Ciudad-Puerto seguirá "con fuerzas renovadas" su lucha contra la ampliación

VALÈNCIA (EFE). La Comisión Ciudad-Puerto, la plataforma ciudadana integrada por asociaciones vecinales, ecologistas y sindicales de València y su área metropolitana, ha advertido este viernes de que la lucha contra las "agresiones" de la Autoridad Portuaria "continuará con fuerzas renovadas".

La entidad se ha manifestado así tras conocerse que se ha acordado la licitación para las obras de la ampliación norte del puerto de València, acordada por el consejo de administración extraordinario de la Autoridad Portuaria de Valencia.

"No se va a acallar a una ciudadanía que defiende su salud y su territorio, por muy fuertes y poderosos que sean los agresores y sus cómplices políticos. Ya se defendieron en el pasado, contra viento y marea, y se ganaron, causas similares y así volverá a ocurrir", ha asegurado la plataforma ciudadana.

También acusa a su presidenta, Mar Chao, y a los políticos que avalan el proyecto de "ser rehenes de los lobbies portuarios" y advierte del "coste de salud, ambiental, económico y reputacional" del proyecto.

La Comisión ha advertido a la APV y a los grupos políticos que avalan el proyecto (PP, Vox y PSOE) que "este acuerdo, lesivo para los intereses de la ciudad, se adopta contraviniendo múltiples informes oficiales e ignorando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspende cautelarmente la capacidad de la APV para decidir si es necesaria una nueva DIA".

"Saben que están haciendo un traje a medida a una multinacional que tributa fuera de la UE, MSC, y ello mediante un multimillonario proyecto con una declaración de impacto ambiental inválida y caduca, para una finalidad que sólo satisface los intereses privados de esa multinacional", añaden.

A su juicio, el proyecto revela una "ineficiente gestión" de la APV, "no responde a ninguna necesidad real de la economía valenciana" ni aporta valor añadido al comercio local y "se aparta del interés general".

También critican que "supondrá un volumen desmesurado de gasto público (cerca de 800 millones de euros)" y representa "una amenaza real muy preocupante para nuestro territorio y nuestras tangibles señas de identidad: la Albufera, las playas y la huerta".

"Pone en riesgo la salud pública pues se incrementará sustancialmente la contaminación ambiental y acústica, destruirá empleo y su aprobación generará expectativas y derechos en la empresa beneficiaria, que no dudará en exigir exorbitantes indemnizaciones cuando los tribunales declaren la nulidad del proyecto", defienden.

"Este proyecto sólo se sustenta por falaces motivaciones", aseguran para reprochar que, con la ampliación, "se han cruzado ya muchas líneas rojas y, una vez más, la guerra se ha declarado abiertamente contra la ciudadanía valenciana".

"La ciudadanía se defenderá con todos los medios a su alcance: defenderemos nuestra salud (y a nuestros pulmones de sus malos humos); nuestra calidad de vida; y nuestro territorio, como ya hicimos salvando el cauce del Túria, el Saler, el Cabanyal, el Botánic o luchando por las casas en La Punta", concluyen.