El conseller Vicent Soler, con los miembros de la Comisión.VALÈNCIA (EP). La Comisión para la Reforma Tributaria nombrada por el Consell ha emitido un informe en el que propone la fijación de límites mínimos y máximos para que las comunidades autónomas eviten el "dumping fiscal" en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y mayores beneficios fiscales para municipios en riesgo de despoblación.
La vicepresidenta portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado en rueda de prensa que el ejecutivo ha sido informado del estudio, titulado "Sobre el ejercicio de la Autonomía Financiera de la Comunitat Valenciana mediante el desarrollo de su propio sistema tributario e impuestos cedidos", y que procederán al estudio "en profundidad" de sus 260 páginas, al tiempo que ha remarcado que "no es un proyecto normativo".
Oltra ha remarcado que el dictamen hace "mucho énfasis" en que "los que más tienen, tienen que contribuir más". "No es 'venimos a bajar impuestos', que en realidad es una mentira muy grande porque a quien se le bajan los impuestos es a la gente más rica, mientras a la gente sencilla se le dice que no se le puede regalar la educación como si no fuera un derecho fundamental. Aquí nada es gratis, lo pagamos con los impuestos", ha manifestado.
En concreto, el dictamen de los expertos se divide en tres partes diferenciadas entre las que destacan las medidas que puede impulsar la propia Generalitat, propuestas a desarrollar por parte del Gobierno de España en relación a la regulación de los tributos cedidos, así como un conjunto de actuaciones vinculadas a tributos propios "extrafiscales" para garantizar la suficiencia financiera de la Generalitat.
En este sentido, en relación con las propuestas a adoptar por la Comunitat Valenciana en materia de tributos cedidos, el informe respalda en su integridad el diseño actual del Impuesto de Patrimonio en la parte correspondiente al Consell e introduce una propuesta de reordenación de la bonificación sobre la cuota en adquisiciones mortis causa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En concreto, proponen generalizar el porcentaje de bonificación del 75%, que se aplicaría tanto a familiares del Grupo I y II, como a personas con discapacidad, si bien con el límite máximo fijado en 100.000 euros. Se trata de una alternativa que el informe califica de "sencilla de aplicar al incluir un porcentaje de deducción constante y homogeneizado y que garantiza que todos los contribuyentes que se aplicaban la actual bonificación se la sigan aplicando, aunque con desigual efecto".
Así, de las cerca de 10.000 personas que en 2017 (año de referencia) tuvieron acceso a las deducciones, 9.586 obtendrían ahora mayor deducción y sólo los 213 que más herencias reciben -de los que tuvieron acceso a deducciones- obtendrían menores beneficios.
Igualmente, en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, propone tipos de gravamen más reducidos para algunos casos concretos como Transmisiones o arrendamientos de bienes situados en municipios en riesgo de despoblación; o, como alternativa, mantener los mismos tipos pero con mayores bonificaciones. Asimismo, en cuanto a los documentos notariales propone una bonificación del 100% para la documentación de escrituras de declaración de obra nueva en dichos territorios despoblados.
Finalmente, se plantea una reforma de las tarifas autonómicas sobre el IRPF con dos opciones distintas en las que en ambos casos se "mejora todavía más en la progresividad y efecto redistributivo, manteniéndose la recaudación prácticamente constante". En ambas, se propone una bajada de tipos para rentas bajas y medias, un incremento de los tipos para las rentas altas, manteniéndose constantes tanto los 10 tramos como el tipo máximo en el 29,50%.
Además, respalda mantener las deducciones actuales que atienden a circunstancias personales y familiares que supongan un valor añadido a las que ya se tienen en cuenta para cuantificar el mínimo personal y familiar, así como mantener las establecidas por donativos y donaciones. Por último, propone incrementar el mínimo personal para los residentes en municipios despoblados.
En relación a los tributos propios extrafiscales de la Comunitat Valenciana, piden a las administraciones públicas "mayor compromiso con la lucha contra el cambio climático, cooperando con el Fondo para la Transición Ecológica que permita financiar las políticas de transición con impuestos, por ejemplo, sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, o sobre la emisión de gases de efecto invernadero por actividades y grandes establecimientos comerciales, entre otros.
En cuanto a la imposición sobre viviendas vacías o desocupadas, establece que podrían haber sido las Entidades Locales las que incorporaran en base a sus competencias recargos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, a pesar de que dicho impuesto ya está establecido en la Comunitat y, finalmente, abre la posibilidad de establecer un posible impuesto valenciano sobre bebidas con azúcares añadidos que viniese acompañado de otras políticas de salud pública para reducir la obesidad.
En cuanto a las medidas a adoptar por el Estado a propuesta de la Generalitat, los expertos piden "primar la progresividad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con la introducción de un mínimo exento de forma que los patrimonios mínimos quedarían excluidos de su pago y la fijación estatal de límites mínimos y máximos dentro de los cuales las CCAA pudieran ejercer su poder tributario, de forma que se reduciría la competencia entre territorios y el fraude fiscal motivado por deslocalizaciones".
También en materia del ISD, proponen una "reducción de la excesiva carga tributaria en el ámbito de los tributos locales con una reordenación de la fiscalidad en casos concretos para que se respeten los principios de justicia tributaria sin incurrir en confiscación alguna; y también fórmulas más amplias de aplazamiento o fraccionamiento del pago para evitar que se renuncie a un número tan elevado de herencias por no poder hacer frente al pago puntual de las mismas".
Con respecto al Impuesto de Patrimonio, se solicita al Estado una armonización y limitación de determinadas potestades normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones y bonificaciones de la cuota de este impuesto, limitándolo a circunstancias personales de discapacidad, sin que en ningún caso puedan suponer una reducción de la cuota superior al 50%.
Además, se propone reforzar la normativa anti-abuso relativa a las deslocalizaciones y la efectividad del intercambio de información entre las Administraciones autonómicas y de éstas con el Estado en materia de deslocalizaciones, la situación de bienes en el extranjero, la aplicación del "impuesto salida" previsto en la Ley de IRPF, así como sobre tenencia de participaciones en sociedades y entidades no cotizadas y sobre los emisores y titulares de cripto activos.
En materia de IRPF, el dictamen propone al Estado seguir la estela de la Comunitat Valenciana e introducir deducciones fiscales para fomentar la repoblación de zonas despobladas en el tramo estatal.
Por último, la Comisión de Expertos Fiscales propone al Estado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (IT-PAJD), un mecanismo de conexión rápida entre la Agencia Tributaria y el Catastro para evitar dilaciones.
Además, propone que se estudie declarar exentas todas las operaciones cuyo importe sea inferior a una determinada cifra para evitar el coste de control de infinidad de operaciones cuyo importe es muy reducido, así como la obligación de información a las plataformas de ventas directas online para que puedan estar sujetas a control.
