La Guardia Civil extiende la sospecha en el caso de la Rambleta de su constructora a su gestora por la presencia del empresario Alfonso Vedri en la actividad del centro
VALENCIA. Con el 34,7% de la población de la Comunitat Valenciana en riesgo de exclusión social, con uno de cada tres jóvenes valencianos amenazados por la pobreza, destacar a un solo colectivo para señalar el profundo impacto que pueden generar el alzamiento de sumario dictado por el juez instructor del caso Imelsa puede parecer poco riguroso. Sin embargo, de entre todos esos colectivos sensibles al conocimiento de lo acontecido en esta supuesta trama de corrupción, el de la cultura es uno de los más frágiles en la ciudad, en un estado de precariedad extendido con disciplinas como la de los actores, con un 90% de paro, y escenarios de precariedad generalizados entre individuos y empresas.
Por todo ello, que la cultura acabara convirtiéndose en un ámbito de plausible prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, casi todos ellos como "delito continuado", supone un choque de escenarios con la realidad actual de sus verdaderos protagonistas. El citado alzamiento sumarial ha revelado la denuncia por los citados delitos contra la que fuera concejal de Cultura, María José Alcón, a la que ahora se tiene acceso tanto a sus propias explicaciones ante el juez instructor como a las conversaciones de la organización para la comisión de las faltas, entre los años 2005 y 2007.
Cuatro son los escenarios de la cultura en los que se ha centrado la investigación en ese periodo: la restauración de las Torres del Portal de Quart, las obras de conservación de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad, la concesión de Obra Pública para la construcción y explotación del Centro Cultural La Rambleta y la organización de la XXVII Mostra de València. Todos ellos derivados según el informe de la UCO que revela la relación y compenetración presuntamente delictiva entre Marcos Benavent y Alcón, mediador para las comisiones él y responsable última de las adjudicaciones ella.
El escrito de la Fiscalía no escatima en su valoración e indica el "menosprecio de ambos denunciados a principios básicos que han de presidir los procesos de contratación pública". Añade que "lejos de perseguir mérito y capacidad y la oferta más ventajosa para la Administración en el ejercicio de sus funciones, dicha contratación obedece exclusivamente a aspectos económicos en su beneficio o en beneficio de sus relaciones personales para obtener cualquier ventaja y remuneración en provecho propio".
Estas son las descripciones del informe y las escuchas que ahora se revelan por completo en los cuatro casos.
Qué dice el informe
Las páginas 12 a 18 del informe de la UCO desgranan el caso de esta adjudicación de diciembre de 2005. Las conversaciones entre Alcón y Benavent describen explícitamente cómo se amañó la adjudicación en favor de la empresa CLEOP. Este es un caso particular ya que Benavent, el autodeclarado 'yonki del dinero', reconoce que "esta empresa está financiando al partido". El sistema de adulteración del proceso de selección de una empresa para las obras de limpieza y consolidación de las citadas torres pasa porque Alcón nombre a un "jurado de su confianza" y, segundo, señale el aspecto diferenciador que le va a otorgar 100 puntos extra.
Así sucede, según la información recopilada en la investigación, y Alcón concede esos 100 puntos a CLEOP por ampliar el plazo de garantía, algo que ella misma califica en las grabaciones como "una chorrada". La investigación concluye que la empresa Vías y Construcciones S.A. aportó "la oferta más ventajosa a nivel económico y técnico", pero no fue la escogida. Para ello también fue crucial que en la Comisión de Valoración fueran tres de los cinco miembros subordinados de Alcón. En concreto, el jefe de la sección de museos y monumentos, el arquitecto de la oficina técnica de restauración de monumentos y el arquitecto del Servicio de Ferias y Fiestas.
Dos meses después del anuncio público del Ayuntamiento de Valencia en busca del citado proveedor, CLEOP -en UTE con Contratas y Obras Empresa Constructora S.A.- es propuesta como adjudicataria. ¿El beneficio de la operación para los denunciados? Según lo transcrito en la propia declaración, 10.000 euros para Alcón (concejal de Cultura de Valencia entre los años 1996 y 2009), 5.000 para Benavent (ex gerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia y mano derecha de Alfonso Rus en el Partido Popular de la provincia) y 5.000 para el Partido Popular de Valencia.
Qué declaró Alcón ante el juez
Alcón aseguró, de partida, que todas las grabaciones estaban "manipuladas por personas que quieren causarle daño", apunta el informe. Negó cualquier responsabilidad, señalando a las correspondientes mesas de contratación y valoraciones técnicas sobre las que no daba la menor instrucción.
Este es un extracto de una de la transcripción sobre una de las conversaciones en torno al asunto:
Benavent: De un millón doscientos , hay que quitarles el IVA y se queda en un millón y al hacer un 20% solo nos pueden dar un 2. 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el Partido, porque Alfonso viene así y yo me he quedado 5.000. 10.000 tienes ahí.
Alcón: Bueno.
Benavent: No se puede más. Por eso te he preguntado si has reformado.
Alcón: Podrías haber... entre que los IVAs y los putas madres...
Qué dice el informe y qué declaró Alcón
Si en el anterior caso fue CLEOP la empresa beneficiada, en este la policía judicial señala a EMR (Estudios Métodos de la Restauración, S.L.). Es la más difusa de las cuatro estancias de investigación, ya que por la cronología y el tiempo de las conversaciones se estima que se pueden referir directamente a hechos vinculados a las obras de conservación de los Puentes de Serranos y La Trinidad por un importe total de 2.357.951,08 euros. Alcón hace alusiones en las grabaciones sobre EMR como beneficiario que "está detrás como loco". Ante el juez puntualizó que conocía a la empresa, a su gerente y que trabajaban habitualmente para el Ayuntamiento.
La investigación estima que "el sistema de concierto y amaño sería similar al anterior caso". Alcón, ante el juez, el pasado 26 de enero, negó la veracidad de las grabaciones en las que le pide a Benavent que se ponga "las pilas" una dada la adjudicación.
Qué dice el informe
En las páginas 18 y 19 del informe de la UCO se recopilan las informaciones en torno a este escenario de irregularidades. "Los audios revelan la adjudicación pactada de dicha obra a la empresa Bulevar del Arte y la Cultura, S.A., haciendo referencia en las conversaciones que 'Alcón se las ha visto y deseado para lograrlo porque los funcionarios no querían'", explica textualmente el sumario.
En este caso de adjudicación, "el primero a la alemana" en Valencia, como dijo Alcón ante el juez, el precio y contraprestación está constituido por la aportación económica del Ayuntamiento de Valencia en contraprestación a la construcción y explotación del Centro Cultural La Rambleta. La inversión del concesionario fue de 14 millones y el canon se fijó en 1.596.252,41 euros, cuya adjudicación está condicionada tras la escucha de los audios recogidos para la investigación.
No obstante, el alzamiento del secreto de sumario sí deja en este caso una novedad latente: la Guardia Civil a los efectos de la adjudicación asegura a través del informe que los beneficiarios "continúan teniendo su repercusión en forma de beneficios en la actualidad a través de la explotación del Centro Cultural La Rambleta y es por ello que el empresario al que hacen alusión los audios, Adolfo Vedri C.B., denunciado, figura en el organigrama de la empresa adjudicataria de la obra Bulevar del Arte y la Cultura S.A. como consejero y que en el año 2011 era presidente y consejero delegado de Buelvar del Arte y la Cultura Gestión, S.L. que es la empresa que en la actualidad se encarga de la explotación de dicho centro".
Esta variable novedosa añade en el informe de la investigación que "no es descartable que siguieran percibiendo remuneraciones económicas como consecuencia no ya de la adjudicación de la obra, sino de su explotación por cuanto es una persona que acude con frecuencia a dicho Centro [hace alusión a Alfonso Vedri], siendo necesario que, tal y como se solicita se proceda a intervenir sus comunicaciones telefónicas para avanzar la investigación". Las sospechas en torno a la gestora de La Rambleta se vinculan en cualquier caso a la presencia del actual miembro del consejo y la solicitud de escuchas para resolver si hubo beneficios en este apartado ha iniciado su curso.
Qué declaró Alcón ante el juez
Alcón se desentendió ante el juez de haber participado de la decisión de la adjudicación porque "cayó enferma", dice el documento. Y, de hecho, desconoce si fue Alfonso Grau, Mairén Beneyto o Vicente Igual quien asumió dicha firma. Las conversaciones en las que Alcón hace referencia a que "Rambleta está a puntito de caramelo" han sido ahora hechas públicas, pero la transcripción completa de los audios amplía el mensaje escuchado por la ex concejal ante el juez y por el que dio cuenta negando conocer a Sadol, nombre con el que se hace referencia a Adolfo Vedri C.B.
Benavent dice en las escuchas: "Aquí la única posibilidad que nos queda es decir que lo tienen mal, para yo poder exigir algo a estos. A Sadol y a todos, porque si no... Cuando yo me siento con Sadol a hablar de este tema, él ya sabe que Enrique queda fuera". Fuentes de la investigación han apuntado a Valencia Plaza que Enrique sería Enrique Fayos, familia que estuvo interesada en el modelo de la Rambleta pero que quedó fuera.
Qué dice el informe
Esta es la rama que inculpa al "sobrinísimo" de Rita Barberá, Quique Sospedra Barberá, según el informe judicial. Las escuchas derivadas más reveladoras ya fueron publicadas en este diario, Los audios entre Alcón y Benavent en este caso abundan con "todo lujo de detalles y explicaciones de cómo van a adjudicar al margen de la legislación tres contratos que afectan a las galas, azafatas y publicidad" del extinto festival de cine. El informe y las escuchas coinciden que esos servicios serán adjudicados a tres empresas: Tres Servicios de Marketing y Creatividad, Universo Selección, S.L., y Begamir, S.L.
Qué incluyen los audios
En este caso, como en el primero, hay referencias explícitas a los beneficios a obtener de la adjudicación arbitraria:
Benavent: Bueno, aquí te traigo...
Alcón: Oye, estos Reyes Magos han... (no se entiende)
Benavent: Mira, no me hables. Llevo siete meses detrás. No me han dado lo que yo quería. Aquí sólo hay un dos por cien, 9.000 euros, millón y medio. No sé si te parecerá poco o bastante.
[...]
Alcón: 9.000 euros que es...
Benavent: Un millón y medio de pesetas. Para por lo menos comprarte...
Alcón: Nos daremos una...
Benavent: ...dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas.
Alcón: De todo esto sacaremos algo, para pasar el verano, Marcos.
Benavent: De Begamir, de Quique y del otro.
Alcón: Y del otro Quique también, ¿eh?, del sobrinísimo.
Benavent: Sí, sí, sí. Por eso te digo, que no hay ningún problema (no se entiende).
Qué declaró Alcón ante el juez
Con respecto a la relación y participación del "sobrinísimo" en la Mostra, Alcón asegura que acababa siendo contratado siempre -en diferentes ediciones- por alguna de las adjudicatarias, pero que "en ningún momento ayudó a dichas empresas a que resultaran adjudicatarias". De frases textuales en la línea como "de aquí sacamos alguna cosilla", reconociendo su propia voz, como sucede con otros tantos audios, no recuerda a qué se refiere.
La retahíla de declaraciones y la contundencia y claridad del informe judicial señalan abiertamente la posibilidad de que todos los presuntos delitos, acumulados, coincidentes con adjudicaciones y posteriores rastreos de dinero, acaben inculpando por los citados delitos tanto a Alcón como a Benavent.