El primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: EFE VALÈNCIA. (EFE) Nueve meses después de sentarse a la mesa, la pesca, la gobernanza y la competencia justa siguen siendo los puntos más controvertidos en las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, inmersos en unas horas decisivas para determinar su futura relación tras el Brexit.
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, acordaron este lunes intentar dar un impulso final a la negociación sobre la relación comercial tras el Brexit con una reunión presencial entre ambos en Bruselas "en los próximos días".
No obstante, constataron que "las condiciones para finalizar un acuerdo no están ahí debido a las diferencias significativas restantes en tres asuntos críticos" tras hablar por teléfono durante una hora.
Asegurar la competencia justa, la llamada ‘level playing field’ en inglés, supone acordar una serie de reglas comunes para evitar que las empresas de un bloque puedan acceder a una ventaja competitiva sobre las compañías que operan en la otra parte mientras siguen compitiendo en el mismo mercado.
Estas ventajas se pueden traducir, por ejemplo, en estándares de protección laboral más laxos, una fiscalidad más favorable o más ayudas públicas.
Hasta ahora, con el Reino Unido dentro del club comunitario, las leyes británicas siempre han tenido que estar alineadas a las europeas, pero una vez sea un país tercero tendrá más libertad para ajustar sus normas.
No obstante, para comerciar con los Veintisiete en los términos favorables que permite un acuerdo comercial, la UE exige que el futuro acuerdo incluya garantías para asegurar una competencia abierta y justa entre las empresas británicas y comunitarias
Este tipo de estándares comunes existen en todos los acuerdos de comercio de la Unión Europea en mayor o menor medida, pero Bruselas arguye que el nivel de integración entre los mercados comunitario y británico y la cercanía geográfica exige que las cláusulas de competencia justa en el acuerdo postBrexit sean más estrictas que en sus tratados comerciales con, por ejemplo, Canadá o Japón.
Bruselas quiere que el Gobierno británico se comprometa a que sus regulaciones en áreas como las ayudas estatales, los estándares sociales, laborales, medioambientales y climáticos o la fiscalidad no diverjan excesivamente de las comunitarias, mientras que el Reino Unido rechaza comprometer su soberanía de esta manera.
En este momento de la negociación, la UE asegura comprender que los británicos hagan hincapié en el respeto a su soberanía, pero la cuestión es "cómo se utilice esa soberanía".
El equipo europeo mantiene que, si se alcanza un acuerdo en un principio de no regresión –de no retroceder en normas que ya comparten- en determinados estándares, este debe mantenerse y hace falta una forma de reaccionar en caso de que éste se rompa.
Por ejemplo, la UE quiere que sus empresas tengan la opción de acudir a los tribunales británicos y reaccionar de manera inmediata y unilateral en el caso de que haya distorsiones a la competencia.
Además, la UE defiende que el mantenimiento de estándares y regulaciones similares entre Londres y Bruselas debería mantenerse a lo largo de los años, a medida que la tecnología o las prioridades legislativas varían.
En cuanto a la pesca, la UE quiere mantener el "statu quo" en el que los pescadores europeos tienen acceso a las aguas británicas con las cuotas pactadas entre los Estados miembros.
Sin embargo, Londres apuesta por negociar anualmente las cuotas con los países del bloque, un arreglo similar al que se acordó con Noruega y que la Unión Europea considera técnicamente inviable por la gran cantidad de especies en las aguas británicas, a diferencia del convenio suscrito con Oslo.
Este sector tiene gran relevancia para países como Francia, España, Bélgica u Holanda y ha ido ganando importancia este año hasta convertirse en uno de los más prominentes en las negociaciones.
Se trata de uno de los pocos asuntos en los que el lado europeo perdería más que el británico en el caso de no alcanzarse un acuerdo, ya que el Reino Unido podría cortar inmediatamente el acceso a sus aguas a los barcos comunitarios, quienes efectúan una parte importante de sus capturas en esta zona.
No obstante, a Londres también le interesa alcanzar algún tipo de acuerdo, porque el Reino Unido vende la mayoría de su pescado a la UE y no podría darle salida de la misma forma si ambos bloques empiezan a comerciar bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con nuevos aranceles y barreras a los intercambios.
En la mesa de negociación ahora mismo el debate no está en las cuotas de captura de las especies, sino en el acceso a las aguas, y Reino Unido ha planteado que quiere asegurarse que un cierto porcentaje de los barcos que pesquen en sus aguas sean de propiedad británica.
Aún no se ha definido la extensión de un potencial periodo de transición en el área de pesca, que la Unión Europea ve necesario, ni se acercan posturas sobre el porcentaje de peces capturados por barcos europeos en aguas británicas que se podrían devolver al Reino Unido.
Otra de las demandas británicas en cuanto a la pesca es negociar la captura de especies pelágicas -aquellas que nadan cerca de la superficie- de manera bilateral con los Estados miembros costeros, una petición que no es aceptable para la Unión Europea.
Aunque la gobernanza del nuevo acuerdo ha sido fundamental durante toda la negociación, ha cobrado protagonismo en las últimas semanas, tras la propuesta legislativa británica que viola partes del acuerdo de retirada, en particular, los aspectos relacionados con la frontera irlandesa.
El Reino Unido ha anunciado este mismo martes que retirará las polémicas cláusulas legales que le permitían violar unilateralmente el pacto, pero el daño ya está hecho y en varias ocasiones los líderes comunitarios han señalado este episodio como uno de los motivos por los que insisten tanto en tener mecanismos de resolución de disputas.
Estos mecanismos entran en juego si el Reino Unido acusa a la Unión Europea (UE) de haber incumplido alguna de las cláusulas del acuerdo comercial, o viceversa.
En el acuerdo de salida, el mecanismo de gobernanza, incluye consultas a un comité conjunto, un panel de arbitraje, la imposición de multas o incluso la suspensión de partes del acuerdo.
