VALÈNCIA. Compromís ha decidido pasar de manera explícita a la acción ante la desconfianza que le genera la negociación que lidera Ximo Puig para que Abengoa traslade su sede social de Sevilla a Valencia. La coalición ha registrado una batería de preguntas en Les Corts Valencianes dirigidas al Consell sobre el apoyo financiero que la Generalitat tiene previsto prestar a la multinacional.
La lista de cuestiones están planteadas por el diputado Josep Nadal, el primero en mostrar de manera tajante su desacuerdo acerca de la operación a través de Twitter. "No entiendo por qué la autonomía más pobre y peor financiada tenemos que rescatar a una multinacional arruinada de quien en su casa no quieren saber nada, solo porque traigan la sede aquí", afirmó.
Pero las palabras de uno de los parlamentarios más polémicos de Compromís ni quedan ahí ni vienen solas. Las preguntas registradas están apoyadas por el grupo en la Cámara, que ha debatido el asunto a nivel interno y ha optado por pedir explicaciones.
De un lado, quieren obtener respuesta sobre qué crédito se plantea facilitar a Abengoa y de dónde se prevé obtener la financiación. También a cambio de qué contraprestaciones para la Comunitat Valenciana se piensa facilitar ese crédito a la multinacional y cómo se recuperará en caso de que se disuelva definitivamente.
Por otra parte, cuestionan sobre cómo quedarían el Fondo de Resiliencia y el Fondo de Competitividad, que gestiona el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), después de la posible entrega de crédito a Abengoa y a cuántas empresas han prestado ayuda los citados fondos.
Preguntan, igualmente, cómo encaja la financiación de la multinacional en las previsiones del decreto ley con el que se creó el mencionado Fondo de Resiliencia y que exige en su artículo 3 que se trate de empresas valencianas no cotizadas -teniendo en cuenta que Abengoa es andaluza y cotizada en la Bolsa de Madrid-.
Y, por último, cuestionan cómo encaja la operación en la previsión expresada en el preámbulo del mismo decreto, según el cual "desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, la intervención no habría de operar en compañías que no fueran viables antes de la pandemia, y para obtener el apoyo público es necesario que el beneficiario de las ayudas aporte un plan de viabilidad riguroso elaborado por expertos independientes".
Toda esta batería se registró este viernes por la tarde, el mismo día que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se desmarcaba del tema. La negociación, dijo, está "en una fase muy incipiente" y de momento "no hay un proyecto, no hay un documento ni una tramitación administrativa", sino que, "en todo caso, es una sugerencia verbal".
