Abengoa busca el auxilio financiero del Gobierno de Ximo Puig a cambio de trasladar su sede social

VALÈNCIA. A Abengoa (ABG) la protege la situación de preconcurso hasta el próximo 18 de diciembre, algo que conoce bien la cotizada sevillana por cuanto pasó por lo mismo hace justo cinco años. Entonces cotizaba la clase B -la que se tiene en cuenta en el parqué por los derechos de voto- en los 0,33 euros frente a los 0,0062 euros del pasado 14 de julio cuando fue suspendida. Se trata del segundo precio más bajo de los 130 valores que dan vida al Mercado Continuo, solo por detrás de Vértice 360º (0,0031 euros). Una ABG que a finales de la década pasada superaba la barrera de los 20 euros en bolsa.

Esta multinacional española especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua, que fue fundada en 1941 por Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, cuenta los días para tratar de conseguir los 20 millones de euros que le eviten ir a la quiebra. De ahí las varias prórrogas que acumula en las últimas semanas para tratar de llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía, pero ésta no se cansa de decir que no dispone del mecanismo adecuado para 'socorrerla'. 

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la junta andaluza, Juan Bravo, viene repitiendo que los problemas de ABG no son esos 20 millones de euros sino "más gordos'. A primeros de octubre pasado, ya señaló que los "problemas vienen de atrás" y que la situación actual de la empresa "no es un problema que haya generado la Junta de Andalucía", sino "los anteriores gestores". Y, entre esos gestores, está Felipe Benjumea Llorente, hijo del fundador de la sevillana, junto a Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado hasta que fueron cesados ambos en septiembre de 2015.

Año y medio después fueron absueltos por la Audiencia Nacional -junto con el resto de la cúpula de entonces- por las multimillonarias indemnizaciones recibidas tras su cese: Benjumea 4,5 millones y Sánchez Ortega cerca de 11 millones. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal consideraron que las indeminzaciones se adecuaron a la normativa legal y, por lo tanto, no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana.

Con el tiempo corriendo cada vez más deprisa, Abengoa ha llamado a la puerta de la Generalitat Valenciana para negociar el traslado de la sede social, según adelantó el pasado 8 de noviembre El Confidencial. A cambio -se entiende- estarían los 20 millones para evitar la que sería la mayor quiebra empresarial en España, cuya deuda actual de todo el grupo ronda los 6.000 millones de euros. Sería el tercer rescate tras los de 2017 y 2019. Algo que el mercado ha venido descontando en el hundimiento de las acciones de la cotizada del Campus Palmas Altas.

Lo curioso de todo es que ABG no lleva en el orden del día de la junta del próximo 22 de diciembre votar el traslado de domicilio social, ni tiene actualmente consejo de administración por cuanto el anterior -presidido por Gonzalo Urquijo- fue cesado la semana pasada. Fueron los accionistas minoritarios, agrupados en AbengoaShares, los que lograron sacar adelante todas sus propuestas salvo la del nombramiento de los nuevos miembros, que no se votó por no haber llegado la documentación a tiempo. 

Marcos de Quinto encumbrado por los minoristas

Entre los nuevos consejeros figuraba como presidente Marcos de Quinto, exvicepresidente ejecutivo de The Coca Cola Company y exportavoz económico del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Sin embargo, lo que no consiguió AbengoaShares es que Gonzalo Urquijo dejara de ser presidente de Abenewco 1, es decir, la cabecera de los negocios del grupo donde se traspasaron los principales activos y negocios en la anterior reestructuración. Una operación que recibió el respaldo en agosto pasado de todas las partes, entre las que se incluyen tanto el Gobierno central como el Banco Santander, KKR o Bankia.

Pero los minoritarios, que controlan más del 3% de ABG, no han dicho su última palabra y siguen adelante con su impugnación al veto del consejo de nombrar a un nuevo equipo directivo tras el cese la cúpula. Por lo pronto este jueves recordaron a través de una nota de prensa -y con razón- que el cambio de sede social no está recogido en el orden del día de la junta de diciembre y para ello habría que convocar otra. A juicio de Abengoashares, estas presiones "evidencian el nulo compromiso del consejo cesado con los empleados y con Andalucía y Sevilla, en concreto, con la Escuela de Ingenieros de Sevilla. Abengoa es una compañía andaluza, orgullo de Andalucía y de España entera y lo seguirá siendo".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, señalaba que no cree que un posible traslado de la sede de Abengoa desde Sevilla a la Comunitat Valenciana "esté condicionada" a la decisión de la Junta de concederle o no la ayuda de 20 millones de euros que le reclama la multinacional andaluza, cuando ésta "necesita una financiación de más de 500 millones de euros. No tendría mucho sentido"; mientras añadía que no tiene "ningún conocimiento" oficial sobre que ese traslado se vaya a materializar.

Lo que sí tiene ABG -y mucho- es cartel fuera de España a través de los contratos que sigue ganando. Hace tres semanas se hizo con otro más en Chile -donde suma ya unos cuantos- de la mano de Transmisora del Pacífico, perteneciente al Grupo Transelec, uno de los principales proveedores de transmisión de Chile. Por no hablar de los conseguidos en Argentina, Arabia Saudí, Marruecos...

Del 'profit warning' a las 'puertas giratorias'

Una Abengoa que hace ocho días lanzó un 'profit warning', al rebajar en un 22,1% (6.655 millones) su previsión de contratación en el periodo 2020-2028, su estimación en ventas en un 20,5% (5.794 millones) y sus beneficio antes de impuestos en un 7,83% reduciéndolo en 160 millones de euros. La sociedad se describe en "causa de disolución desde el 19 de mayo" tras arrojar un patrimonio neto negativo de 388 millones de euros.

La historia de ABG es la de una empresa de más a menos, que llegó a cotizar en Wall Street, y que ha estado muy politizada, tal y como se ha podido observar en sus diferentes consejos de administración tanto de la matriz como de algunas de sus filiales. Y como contó este diario ya hace cuatro años. Las 'puertas giratorias' han sido una constante y basta citar nombres como el exministro socialista Josep Borrell; el popular ex Secretario de Estado de Presupuestos, Ricardo Martínez Rico; José Terceiro, subsecretario de la Presidencia del Gobierno con Felipe González; el socialista y ex Secretario de Estado de Energía José Dominguez Abascal, que llegó a ser presidente de Abengoa; otro popular como Javier Rupérez, antiguo embajador en Washington;  y, entre otros, Luis Solana, exdiputado socialista.