Compromís denuncia la existencia de docentes duplicados para beneficiar a la Iglesia

VALÈNCIA. Con la educación como campo de batalla en la Comunitat Valenciana, Compromís añadía este lunes más leña al fuego denunciando un caso de presunta financiación ilegal que afectaría otra vez la Iglesia. Si en 2014 los nacionalistas ya llevaron a la Fiscalía la gestión de los colegios religiosos tras un informe de la Intervención de la Generalitat que denunciaba ciertas irregularidades, en esta ocasión la historia se repite y la lupa se posa sobre 22 empleados de la diócesis a los que el Gobierno popular estuvo pagando como si fueran profesores de religión.

La diputada en Les Corts Isaura Navarro, que denunció hace dos años las presuntas irregularidades de la concertada junto a la ahora vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, anunciaba este lunes que había llevado ante el ministerio fiscal documentación que acreditaría estos hechos: que el Gobierno del PP "financió a la Iglesia Católica de manera irregular" al menos durante nueve años.

Desde 2006 hasta 2014 la Conselleria de Educación habría estado pagando 1.800 euros netos mensuales a 22 empleados del arzobispado que figuraban como profesores de religión en centros públicos, pero que no daban clase sino que trabajaban en las diócesis de València, Alicante y Castellón. Para cubrir las plazas que éstos no ocupaban por no ir a trabajar, el obispado enviaba otra propuesta de docente para el centro educativo. De esta manera se producía una "duplicidad de trabajadores" y el Gobierno pagaba a dos profesores aunque sólo uno trabajaba en el colegio.

Navarro censuró que durante la pasada legislatura, Compromís hizo diversas peticiones de información que nunca llegaron a facilitarse alegando que afectaba "a la protección de datos". Una situación que se revirtió cuando el gobierno cambió de color y el bipartito llegó a las instituciones. Fue entonces cuando los nacionalistas volvieron a pedir la misma documentación que durante años se les había denegado.

Modus operandi

La también portavoz de Sanidad de Compromís en el parlamento valenciano explicó el procedimiento seguido en la última etapa del Gobierno de Fabra: cuando en 2014 los funcionarios del departamento de Personal de Educación detectaron que se estaba produciendo esa duplicidad de puestos, "solicitaron una regulación". Fue en ese momento cuando el departamento que dirigía María José Català propuso incorporar en el decreto sobre personal asesor técnico docente a quienes trabajaran en la diócesis.

En este proyecto de decreto se puntualizaba que para "el mejor cumplimiento de sus funciones", el personal que ocupara los puestos de asesor o asesor-coordinador técnico docente pudiera "realizar toda o parte de su jornada laboral en centros de trabajo de otras administraciones públicas o de la diócesis". Un párrafo que, sin embargo, se topó con el criterio de la Abogacía de la Generalitat.

Los abogados de la administración señalaron que el segundo apartado del artículo 10 de este decreto no tenía "ninguna justificación". Es decir, no se explicaba "la necesidad" por la que el proyecto legislativo contemplase la posibilidad de que el personal docente financiado por la administración tuviera la opción de desempeñar sus funciones fuera de la misma, concretamente en la diócesis.

"Si el personal va a prestar servicios dentro del ámbito de dirección y organización de otro empresario, nos encontramos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores, definido en el artículo 43 del Estatuto de los trabajadores y con las consecuencias que el mismo precepto establece, por lo que, en ese caso, no se considera conforme a derecho la medida propuesta", señalaba el informe. 

La denuncia que este lunes presentaron los nacionalistas reclama que se exijan responsabilidades a los consellers de Educación durante esa época María José Català y Alejandro Font de Mora, así como "a los arzobispos de Valencia Antonio Cañizares, Carlos Osoro y Agustín García Gascó". A este último no se le podrán exigir, ya que falleció en 2011. Los hechos acreditados, según la coalición, corresponden al período entre 2006 y 2014.

Mientras Català aseguraba que todas "las actuaciones eran supervisadas por los técnicos", la propia Diócesis emitía un comunicado a media tarde este lunes afirmando que siempre "ha actuado bajo las directrices de la Conselleria de Educación" al tiempo que matizaba que estos trabajadores estaban realizando su trabajo en la Diócesis como formadores de los profesores de religión siguiendo "siempre las directrices de la Generalitat".

La concertada, investigada por la Fiscalía

Esta no es la única sospecha que persigue a la iglesia valenciana. La fiscalía ya abrió diligencias a principios de 2015 a raíz de una denuncia presentada por las diputadas de Compromís, Isaura Navarro y Mónica Oltra. El escrito pivotaba sobre tres aspectos clave: el dinero público que se destinó a estos centros, el pago a diez liberados de la patronal de colegios que presuntamente estuvieron cobrando un salario a pesar de no estar en nómina y, por último, que profesores jubilados estuviesen percibiendo un sueldo sin acudir al centro de trabajo.

Respecto al primer punto, la Intervención de la Generalitat puso sobre la mesa un informe en 2013 sobre estas presuntas irregularidades. Según este texto, las horas fijadas por el PP que Educación debía pagar por los servicios de los docentes y los que fijaban los centros no tenían correlación. Un desfase de 606 horas, tal como calculaba la entonces portavoz del grupo Compromís en Les Corts, Mónica Oltra.

Además, los directivos de las patronales de la concertada estuvieron cobrando 1.600 y 1.800 euros por dar clase, sin embargo, se dedicaban a trabajar en el sindicato Federación de Religiosos de la Enseñanza (Feceval). Un modus operandi similar al actual: personas que cobraban por unas funciones que realizaban en un puesto de trabajo, aunque realmente no las desempeñaban porque trabajaban en otro lugar. La denuncia apuntaba en último lugar que profesores jubilados que superaban los 65 años seguían cobrando por ejercer como docentes.

El pasado mes de julio, el actual conseller de Educación, Vicent Marzà, anunció, respecto a los liberados sindicales, que su departamento se había personado en el proceso y colaboraba con la Fiscalía. Lo hizo tras asegurar en un pleno de Les Corts que hasta hacía poco parecía que la "conselleria pagaba a docentes de la concertada sin tener ningún comprobante ni justificación de titulaciones y horarios".