Compromís denuncia por vía penal a Educación por prevaricación y desobediencia

VALÈNCIA (EFE). Compromís ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la Conselleria de Educación por prevaricación y desobeciencia ante su incumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre los acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el Govern del Botànic con los sindicatos.

Según el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, que ha presentado la denuncia, "han pasado demasiados meses sin que los máximos responsables de la Conselleria hayan movido ni un dedo para ejecutar la sentencia del TSJCV: dotar de 1.898 docentes las aulas valencianas para este curso".

"Esta semana tampoco se han convocado las plazas en las adjudicaciones y el conseller Rovira se está comportando como un prófugo de la justicia. Hoy continúa con su ilegalidad reincidente, por lo tanto, es hora de actuar", ha añadido Fullana, para quien el gobierno de Mazón "se cree por encima del bien y del mal y no solo ataca a la educación pública sino que es capaz de cometer ilegalidades para recortar profesorado".

Consecuencias educativas y económicas irreparables

La denuncia de la coalición valencianista apela a indicios de que los máximos responsables de la Consellería están cometiendo prevaricación administrativa y desobediencia judicial, por lo que pide que se abran diligencias de investigación al respeto por parte del Ministerio Fiscal.

Compromís remarca en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido "efectos irreparables en docenas de miles de alumnos".

En el caso del profesorado no contratado, la presunta prevaricación y desobediencia de los altos cargos de la Conselleria ha generado ya efectos en su cotización por el hecho que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración.

"Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la Conselleria de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración", ha destacado el diputado.

Desde la coalición se explica que la decisión inicial del conseller "se tomó como respuesta a la huelga educativa. Los delitos denunciados se agravan por el hecho que haya ya consecuencias sociales para los afectados y económicas para la Administración, y podrían ser motivo de penas de inhabilitación e incluso de prisión".

Fullana ha destacado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emitió un auto "donde se advierte de forma contundente al conseller de Educación".

"No somos los únicos que hemos avisado reiteradamente a la Conselleria, el mismo TSJCV, la semana pasada, obligó la Conselleria a determinar, con nombres y apellidos, a los responsables del incumplimiento de la sentencia. Es muy grave", ha resaltado.

Los Acuerdos de plantillas firmados por el Govern del Botànic fijaban el aumento en 1.898 docentes la plantilla de profesorado a las aulas valencianas y el inicio en este curso 2024-2025.

"El conseller de Educación los quiso anular, un día después de la huelga educativa del 23 de mayo del año pasado", ha dicho Fullana.

"En octubre de 2024, la Sala cuarta contencioso-administrativa del TSJCV emitió sentencia firme donde se oponía a la nulidad de los Acuerdos y obligaba a la Conselleria de Educación a aumentar el profesorado a las aulas valencianas", ha finalizado.