Compromís enmienda la legislación estatal de renovables para que su implantación sea justa

VALÈNCIA. (EP) El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una serie de enmiendas al Real decreto-Ley 20/2022, que se tramita como proyecto de ley, para eliminar los artículos de esta norma que consagran la exención de la evaluación ambiental y la participación pública para los macroproyectos de implantación de energías renovables.

Según informa la coalición, el también candidato a la Presidencia de la Generalitat ha trabajado estas enmiendas con la diputada autonómica Graciela Ferrer, con el objetivo de recuperar la normativa estatal previa a 2022 en cuanto a las garantías ambientales, territoriales y democráticas para la autorización e implantación de este tipo de grandes proyectos energéticos y revertir así "la deriva de injusticia social y desequilibrio territorial que genera la legislación impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica".

Baldoví defiende que el decreto-ley aprobado incluía todo un conjunto de medidas sociales y económicas que venían reclamando para hacer frente a la crisis social y económica, así como la prórroga de las medidas de escudo social en vigor hasta la fecha. Por eso lo consideraban positivo y prioritario.

"Sin embargo --advierte en el comunicado--, como ya pusimos de manifiesto en el debate en el Congreso, también contenía un caramelo envenenado: los artículos 22 y 23 que eliminan de un plumazo la evaluación de impacto ambiental, la posibilidad de alegaciones por parte de los afectados y las administraciones locales y autonómicas y facilitan la declaración de utilidad pública, que permite la expropiación forzosa, en beneficio de los promotores de las macroplantas solares o eólicas".

"La guerra de Ucrania ha sido utilizada por el Gobierno central para colar por la puerta de atrás la desregulación ambiental y la eliminación de las mínimas garantías de información pública exigibles en un estado democrático para este tipo de proyectos que afectan centenares o miles de hectáreas, tienen un fuerte impacto sobre la biodiversidad, suponen un cambio radical de los usos del territorio, de la configuración del paisaje y amenazan la viabilidad del tejido social y económico de los pueblos del interior, exacerbando aún más el desequilibrio territorial rural-urbano y las causas estructurales de la despoblación en el medio rural", añade la diputada valenciana.

Por tanto, para Compromís, la implantación de energías renovables es urgente, debe beneficiar a toda la sociedad y "no puede hacerse en contra de la gente que vive en los territorios más desfavorecidos para beneficiar el negocio y la especulación de las empresas del oligopolio energético, los grandes propietarios y los fondos buitres": "En nombre de la aceleración de las renovables no podemos sacrificar el territorio, la biodiversidad y la democracia. No podemos volver al modelo de gobernanza franquista para impulsar la transición energética".

En concreto, Baldoví ha presentado enmiendas de supresión de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 20/2022 y de los artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley 6/2022 que permiten que la autorización de la instalación de macroproyectos de energías renovables de más de 50 MW --los que potencialmente tienen más impacto ambiental-- no esté sujeta a trámite de evaluación ambiental ni requiera participación pública y su aprobación se produzca por silencio administrativo.

"No podemos aceptar que esta falta de interés en facilitar la transición energética justa, democrática y respetuosa con el territorio sirva como coartada para imponer los macroproyectos que más les convengan a las grandes empresas energéticas, que año tras año se enriquecen a costa de los bolsillos de los ciudadanos y las pymes", insiste, y defiende que toda la ciudadanía sea la protagonista y beneficiaria de la transición energética y que el Gobierno tenga en cuenta a las autonomías y los ayuntamientos.