Compromís pide cesar a Beut y un cambio de la ley de Antifraude para negociar órganos estatutarios

VALÈNCIA. La negociación de los órganos estatutarios se complica por momentos. El grupo parlamentario Compromís puso este martes nuevas condiciones sobre la mesa para desbloquear la renovación de sus integrantes (algunos de ellos en funciones desde hace años): cesar al nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, y elegir un sustituto por mayoría de tres quintos. Un últimatum al PP que, sin duda, enreda todavía más la situación.  

Los valencianistas reclaman la destitución de Beut por haber "iniciado el desmantelamiento de la agencia". En una proposición no de ley registrada el pasado 4 de octubre, denuncian que está poniendo fin " a su independencia" y negando "el mandato con la que fue aprobada su creación". "El pasado 30 de septiembre se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV una resolución por la que quedaban derogados tanto el código ético de conducta como el propio comité", señalan en la exposición de motivos. El director, elegido en julio con el apoyo de PP y Vox, lo justificó en que se acogerían al que estaban elaborando Les Corts, algo que sin embargo no está ocurriendo. "Este hecho vino precedido de destituciones en los departamentos del ente que más habían destacado en la lucha contra la corrupción y una denuncia por infracciones graves", continúa la PNL. 

Por ello, la diputada de Compromís Isaura Navarro, autora de esta PNL, advierte que la ley de creación de Antifraude contempla el cese del director si este incurriera "en una negligencia notoria y grave en el cumplimiento de obligaciones y los deberes del cargo". Causa en la que, a su juicio, Beut ha incurrido en las últimas semanas, por lo que pide a Les Corts que inicie el proceso para cesarlo al frente de este organismo. 

La destitución, según expuso el síndic de Compromís, Joan Baldoví, es una línea roja para que la coalición valencianista se siente a negociar la renovación del resto de órganos estatutarios: "Dijimos que no negociaríamos con personas que no creen en estos órganos y ahora decimos que no participaremos hasta que Antifraude no se renueve con los criterios de mayorías anteriores, y no renovaremos mientras no se cese al director de la Agencia Antifraude". 

Una condición sine qua non que ya es per se una barrera difícil de franquear, dado que Beut fue el candidato propuesto por el PP y nada parece indicar que vayan a estar dispuestos a destituirlo. Más aún cuando los populares cambiaron la ley para poder sacar adelante el nombramiento del nuevo director sin tener que negociarlo con la oposición. 

Cambio en la ley de Antifraude

Precisamente en esa segunda parte se encuentra el segundo escollo que plantea Compromís para sentarse a negociar: volver a elegir al director de la Agencia Antifraude por mayoría de tres quintos. Un cambio que obligaría a reformar de nuevo la ley de creación de este órgano adscrito a Les Corts para suprimir el apartado que permite la renovación del director por mayoría absoluta en segunda vuelta. 

El PP registró en solitario esta reforma de la ley de Antifraude el pasado mes de marzo y se escudaron en que fue el propio Joan Llinares, anterior director, quien en la legislatura pasada se dirigió a los partidos del Consell para pedir ese cambio en la mayoría. Quería evitar una situación de bloqueo en la renovación cuando finalizara su mandato. Por lo que el Botànic comenzó a impulsar la modificación, pero la acabó aparcando y finalmente el nuevo gobierno del PP la retomó. 

Una modificación que realizaron de forma conjunta: presentaron el cambio legal de un total de cinco normas. Entre ellas, À Punt, la Ley de Concordia, la ley de Transparencia y la de Incompatibilidades y la ley de Libertad Educativa. El mensaje oficial que articularon desde el PP para justificar estas modificaciones fue que frente al "bloqueo" de las fuerzas de izquierdas a la hora de negociar órganos y entes, su deseo era llegar a "consensos", dado que PSPV y Compromís querían dejar fuera de toda negociación a Vox. 

Pero en realidad, estas maniobras fueron un claro órdago en respuesta al del PSPV y Compromís por su veto a Vox. Una posición inasumible para los populares al tratarse de sus entonces socios en el gobierno. Así, la solución del PP con el cambio de las leyes fue todo un aviso a navegantes: podemos negociar con la oposición, pero si no quiere siempre tendremos la posibilidad de sacarlo en solitario, vinieron a plantear.  

Ya hay contactos

El nuevo escenario se produce precisamente en una semana crítica en Antifraude. Los partidos, según expuso el PSPV, ya mantienen contactos para renovar los órganos en lo que será una negociación en pack. Esto es, un reparto de 'cuotas' en todos los órganos entre los partidos con representación parlamentaria en el que los socialistas y valencianistas quieren dejar fuera a Vox. El PP, no obstante y con la vista puesta en los próximos presupuestos y especialmente en la futura ley de Acompañamietno, no está dispuesto a ceder en esto, dado que necesita a los voxistas para sacar adelante cualquier iniciativa. 

Por ahora, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura, entes indispensables para el correcto funcionamiento de la Administración valenciana, se encuentran pendientes de renovación desde hace años, lo que ha llevado a una situación de bloqueo porque los partidos no se ponen de acuerdo y es necesario un pacto entre la derecha y la izquierda porque así lo exigen las leyes de creación. 

A ello se añade que el PP ha añadido a la ecuación de las negociaciones el Consejo de Administración de À Punt –órgano que se crea con la nueva ley de la radiotelevisión valenciana aprobada recientemente–. La norma dicta que el Consejo estará conformado por un total de ocho miembros (entre ellos el presidente, para el que ya hay quinielas). Siete de ellos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde no está Vox. En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de PP y Vox, pero también por, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta la derecha podría dar luz verde en solitario.