Golpe de timón PP-Vox: se aseguran el control de À Punt y de Antifraude

VALÈNCIA. Golpe de timón legislativo. El PPCV y Vox, socios en el Gobierno valenciano, acometieron este jueves un cambio de paso desde Les Corts que apunta a marcar el mandato y, sobre todo, el primer año de ambos partidos al frente del Consell. Tras unas negociaciones extremadamente discretas durante semanas, sólo desveladas en los últimos días por Valencia Plaza, los referentes de los dos grupos parlamentarios presentaron en rueda de prensa cinco proposiciones de ley que fueron registradas este mismo jueves. 

Esta tramitación, que no parte del Consell sino de los diputados, es más rápida y cuenta habitualmente con menos controles, ya que no son necesarios los informes, por ejemplo, del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Únicamente tendrán que pasar por la Mesa de Les Corts para posteriormente ser remitidas al Gobierno valenciano, que manifestará su criterio respecto a la toma en consideración y su conformidad o no a la tramitación.

Juan Francisco Pérez Llorca y Miguel Barrachina por el PP, y José María Llanos y David Muñoz por Vox, fueron los encargados de comparecer ante los medios para desgranar algunos de las aspectos de las normas, tratando de mostrar una imagen de unidad que recientemente se ha visto alterada en varias ocasiones. El deseo: transmitir que ambas formaciones se encuentran aliadas en las cuestiones de gestión que consideran fundamentales, como las leyes alumbradas este jueves. 

Un conjunto legislativo diverso y transversal que ataca la línea de flotación del anterior gobierno progresista conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem sustituyendo o reformando varias de sus iniciativas más emblemáticas. Así, la ley de Plurilingüismo pasa a convertirse en una ley de Libertad Educativa; la ley de Memoria Democrática se sustituye por la ley de Concordia; se acomete una importante modificación de ley de Transparencia y la de Incompatibilidades; se deroga la ley de la radiotelevisión pública valenciana para presentar una nueva y también se reforma la ley de la Agencia Antifraude.

Una serie de actuaciones que poseen un trasfondo político importante, donde también la escenificación elegida fue relevante. En Les Corts, en la tarde de un jueves después del pleno post Fallas, con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, centrado en una cumbre por el agua en Murcia con su homólogo, Fernando López Miras, los lugartenientes de ambas formaciones fueron los encargados de marcar la línea política con un contenido legislativo que será noticia durante los próximos meses. Lo que desliza la idea de que mientras el jefe del Consell se mantiene para las cuestiones más mediáticas y de exposición pública, existe un equipo detrás que se encarga de las iniciativas más contundentes o de una venta más complicada. De hecho, la oposición quiso hacer un añadido: se sumaba a que era una jornada clave judicial al ser el día del inicio del juicio del caso Erial que sienta en el banquillo a Eduardo Zaplana.

Sean casualidades o no, lo cierto es que ni el día ni la hora eran los más propicios si se trata de unas leyes de las que sacar pecho. Y es que algunas de ellas tienen un sello estratégico importante. Con tres de estas iniciativas, el Gobierno valenciano se asegura el control de los nombramientos de todos los órganos de dirección de À Punt, la mayoría para designar al presidente de la Agencia Antifraude y el desbloqueo de otro órgano estatutario: el Consell de Transparencia. Nada de ello necesitará ser pactado con la oposición. 

El mensaje oficial desde el PP es que frente al "bloqueo" de las fuerzas de izquierdas a la hora de negociar órganos y entes, su deseo es llegar a "consensos", tal como manifestó Pérez Llorca. En realidad, se trata de un órdago en respuesta al del PSPV y Compromís. Ambos ya anticiparon que no negociarían nada con el PP si no dejaba fuera a Vox. Una posición inasumible para los populares al tratarse de sus socios y que dejaba tanto la elección de la dirección de Antifraude como la renovación de los órganos estatutarios en una situación de bloqueo. 

La solución del PP con el cambio de las leyes pasa ahora por el aviso: podemos negociar con la oposición, pero si no quiere siempre tendremos la posibilidad de sacarlo en solitario, vienen a plantear.  

En el caso de À Punt, tal como avanzó este periódico, se fusionan las dos sociedades que componen la radiotelevisión: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) –la sociedad mercantil en la que se incluye el grueso de la plantilla de À Punt– y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) –la entidad encargada de la gestión del servicio público–. Así, la forma jurídica pasa a ser la de sociedad anónima pública, que se denominará Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA). Estará adscrita a Presidencia.

Con ello desaparece el actual Consell Rector de la Corporació (el máximo órgano de gobierno y administración). En su lugar, se crea un Consejo de Administración al uso al estilo del del Canal 9 y una dirección general. El Consejo estará conformado por un total de ocho miembros (entre ellos el presidente), un número menor al actual. Siete de ellos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde no está Vox. 

En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta pueden dar luz verde en solitario los partidos de Gobierno. A corto plazo, por lo tanto, el PP y Vox se aseguran el control del órgano directivo de la radiotelevisión si no existe pacto con la izquierda. 

Esta manera de elección del Consejo de Administración elimina asimismo la cuota de representantes que tenía el Consejo de la Ciudadanía, el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana y los trabajadores de la Corporación. A ello se añade que habrá una figura de director general, que tendrá el poder ejecutivo. Será nombrado por el Consell a propuesta del Consejo de Administración también por un periodo de cinco años. 

Con todas estas modificaciones, queda en el aire qué ocurrirá con los actuales altos cargos. En teoría, quedarán en funciones y los nuevos deberán ser nombrados en una transición rápida que no afecte al funcionamiento de la radiotelevisión. Pero desde que el PP entró en el Consell siempre ha circulado que su intención real es sustituir a los actuales (Miquel Francés y Alfred Costa) y que ya andaba buscando nombres. Habrá que esperar para comprobar la decisión. 

Tanto las funciones de los consejeros como las causas de cese quedan más claras en la nueva ley. Por ejemplo, establece que dos de las causas de destitución serán incumplir sus responsabilidades o actuar de manera contraria a los principios, criterios y objetivos de la norma, como pueda ser el control presupuestario y de gasto. 

La ley contempla asimismo la conservación del estatus laboral del personal ya contratado actualmente por À Punt. 

Por otro lado, se encuentra la modificación de la ley de la Agencia Antifraude, presentada por el PP en solitario debido a que Vox no quiere participar en ella. Cambia la mayoría necesaria para elegir a su director, que pasa de tres tercios a mayoría absoluta. Al igual que en À Punt, esto supone que no sea necesaria la oposición. 

Los populares se escudan en que fue el propio Joan Llinares, actual director, quien en la legislatura pasada se dirigió a los partidos del Consell para pedir ese cambio en la mayoría. Quería evitar una situación de bloqueo en la renovación cuando finalizara su mandato –algo que ocurrirá este verano–. El Botànic comenzó a impulsar la modificación, pero la acabó aparcando. Ahora hay un nuevo Gobierno de la derecha que la ha retomado. 

Delimitación del ámbito de actuación de Antifraude

Los cambios también alcanzan a cuestiones como la adaptación a la normativa europea más reciente y la ley pasa a establecer una diferenciación entre los ámbitos de actuación "subjetivos" de la agencia y los ámbitos de actuación material. Estos últimos los concreta en corrupción; fraude; irregularidades administrativas y comportamientos constitutivos de infracción en este ámbito; y conductas y actividades reprochables por ser contrarias a la objetividad, imparcialidad, eficacia, probidad, integridad, ética pública y buen gobierno, así como la realización de gastos superfluos e innecesarios de los fondos públicos. 

Del mismo modo, extiende el estatus de persona denunciante no solo a quienes lo hacen ante la agencia, sino ante cualquier otro órgano administrativo, la Fiscalía o la autoridad judicial.

A todo ello añade una reserva de dos puestos discrecionales en el Gabinete de la agencia. No tendrán que ser ejercidos por funcionarios sino que podrá ser personal eventual que cese junto con el director. 

El Consell de Transparència, también sin la oposición

En el apartado de sistemas de elecciones que cambian con las nuevas leyes también se encuentra el de un órgano estatutario: el Consell de Transparència. Se dedica, entre otras cuestiones, a garantizar, valorar y mediar en el acceso a la información pública, además de resolver otras cuestiones en materia de transparencia. En este momento, forma parte de los entes de la Comunitat Valenciana pendientes de nuevos mandatos porque han de ser aprobados por acuerdo de los partidos políticos en Les Corts. Así, se suma a la lista de otros como la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu y el Consell Valencià de Cultura.

Sus miembros eran elegidos hasta ahora por tres quintas partes de Les Corts Valencianes. El cambio de la ley de Transparencia del PP y Vox indica que si tras dos meses desde la primera votación no se ha conseguido ese consenso, bastará con la mayoría absoluta del Parlamento autonómico. Una vez más, sin la oposición. Otro logro desbloqueado.