Compromís pide que la comisión territorial atienda a partidos sin representación en el Congreso
Mariano Rajoy junto al portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. Foto: EFE
7/12/2017 -
MADRID (EP). Compromís quiere que la nueva comisión del Congreso sobre la reforma territorial escuche a todos los partidos de ámbito autonómico aunque no tengan representación ni en la Cámara Baja ni en el Senado. Entre otros, sugiere llamar a formaciones como el BNG, Geroa Bai, el Partido Aragonés (PAR) y la Chunta e incluso podría citar a la CUP.
Así consta en el plan de trabajo que los de Joan Baldoví han registrado este jueves en el Congreso y que será analizado la próxima semana en la reunión de la Mesa y Portavoces de la citada comisión, que preside el socialista José Enrique Serrano.
Compromís, que participa en ese órgano aunque no tenga voto, propone la necesidad de modernizar el Estado autonómico en dos grandes vertientes: constitucionalizando el sistema de financiación autonómica y reformar el modelo territorial para conceder a las autonomías capacidad legislativa plena de sus competencias. También plantea hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial.
Que las CCAA gestionen el IRPF y el IVA
En materia de financiación autonómica, los valencianos plantean compensar la deuda histórica derivada de los defectos del actual sistema -que en el caso de la Comunidad Valenciana asciende a unos 20.000 millones de euros-, aumentar el papel de las comunidades en materia financiera, a través de la gestión de los impuestos (IRPF e IVA), y crear agencias tributarias propias.
Con relación al modelo territorial, Compromís considera "imprescindible" una amplia reforma del Título VII de la Constitución encaminada a una distribución competencial "clara y plena" de las políticas públicas de gestión autonómica y al reconocimiento explícito de las realidades lingüísticas del Estado.
Asimismo, el socio electoral de Podemos en la Comunidad Valenciana también quiere incluir en la Constitución la capacidad de los gobiernos autonómicos de legislar en materia de derecho civil, un reparto equilibrado entre el Estado y las comunidades en la elección del Tribunal Constitucional y un replanteamiento del papel de las provincias y las diputaciones.
