La opción, solo firmada por cuatro de los nueve parlamentarios de la alianza, no cumple los requisitos y tiene escasas posibilidades de éxito según fuentes parlamentarias
VALENCIA (X. A./EP). Compromís ha registrado un escrito en el Congreso para tener grupo parlamentario propio durante la XI Legislatura con sus cuatro diputados, dejando al margen por tanto a los cuatro parlamentarios de Podemos y a la independiente que concurrieron en las mismas listas.
En un primer momento, la formación informó a través de su cuenta de Twitter que pretendía contar con un grupo valenciano cuya Portavocía ocuparía Joan Baldoví, con Ángela Ballester de portavoz adjunta y Enric Bataller de sustituto. Completarían el grupo Rita Bosaho, Ignasi Candela, José María Guijarro, Rubén Martínez Dalmau, Rosana Pastor y Marta Sorlí.
Sin embargo, finalmente sólo los cuatro miembros de Podemos -Baldoví, Sorlí, Bataller y Candela- han firmado la solicitud de conformación de grupo, directamente a las puertas del Registro de la Cámara Baja. Una opción "testimonial", en palabras de Baldoví, que ha explicado a los medios que en caso de que esta solicitud no sea aceptada, serán los órganos del partido los que decidan si los cuatro parlamentarios se integran en el grupo de Podemos o se adscriben al Mixto.
Compromís-Podem ha decidido finalmente pedir formar grupo parlamentario propio pese a que PP, PSOE y Ciudadanos -con mayoría en la Mesa del Congreso- ya han avanzado que no están dispuestos a aceptar esta opción. Además, las negociaciones con Podemos se han prolongado prácticamente hasta el cierre del Registro, en un intento por conseguir integrar a todas las confluencias en el grupo de Podemos.
En su escrito, la formación apela a los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara y a acuerdos de la Mesa de 1996 y 2000, cuando se aceptó la configuración de un grupo de Coalición Canaria con la incorporación de diputados electos por UPN-PP, bajo la consideración de que, al no haber formado grupo parlamentario, "no se había agotado su porcentaje de voto". Según subraya Compromís, este criterio fue confirmado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de marzo de 2002.