Compromís pone precio al apoyo a la investidura de Sánchez: 900 millones de euros

VALÈNCIA. Compromís ya ha enviado al PSOE el documento definitivo con las condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con el presidente del Gobierno en funciones, Joan Baldoví y Mónica Oltra dieron este miércoles el visto bueno definitivo a las peticiones que sus responsables de hacienda han perfilado en los últimos días.

Las condiciones esenciales ya estaban recogidas en el borrador que se debatió en el encuentro que mantuvieron en València, unas peticiones que fijan el punto de partida del 'sí' a Sánchez en 900 millones de euros para responder a las principales urgencias de la agenda valenciana mientras llega la ansiada reforma de la financiación autonómica.

La cifra incluye los recursos que llegarían a la Comunitat a corto plazo si los socialistas se comprometen a impulsar los acuerdos necesarios para ello una vez se constituya el nuevo gobierno. En concreto se trata de los 450 millones de euros de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación y de 280 millones de euros por la devolución de una mensualidad de IVA que corresponde a las comunidades.

A ellos habría que sumar los 169 millones para financiar el sistema de dependencia en respuesta a la exigencia de la coalición para que el Estado financie al menos el 25% del sistema los próximos dos años y el 50% de ahí en adelante. Actualmente, la Comunitat aporta el 88% del coste del sistema, que el año pasado supuso en total de 678 millones.

Según reconocen responsables de la coalición, se trata de un cálculo conservador que surge de las contrapartidas irrenunciables. Pero al margen de estas medidas cuantificables y realizables en menor plazo, la formación ha incluido en la lista de peticiones otras reclamaciones también conocidas como la solución a la deuda histórica condonación de la deuda de La Marina, un asunto al que los máximos responsables de la formación se han centrado en los últimos días.

La relación de peticiones continúa con los 344 millones de FOGA histórico –dinero para compensar la atención sanitaria a extranjeros– o la liberalización de la AP7, cuestión que durante la última semana ha sido motivo de enfrentamiento entre PSPV y Compromís tras las manifestaciones del secretario general de Infraestructuras en funciones del Ministerio de Fomento, Julián López (socialista), en una entrevista publicada en Valencia Plaza.

A estas le siguen otras más amplias y difícilmente cuantificables como el compromiso de apoyar a los productores de cítricos o la concesión de ayudas a los agricultores alicantinos afectados por la plaga de xylella.

Pero encima de todas, como avanzó el diputado de Compromís en el Congreso, está la exigencia para que el Ejecutivo de Sánchez presente su propuesta para la reforma del modelo de financiación autonómica en un máximo de ocho meses.

Respecto a la deuda histórica de la Comunitat, la posible fricción que ha demorado el envío del documento se encuentra en el término elegido para concretar el nivel de compromiso que asume el PSOE. Según fuentes de la negociación, se puede llegar a un punto de encuentro si los socialistas se comprometen a "regularizar" la parte de deuda autonómica provocada por los déficit acumulados como consecuencia de la infrafinanciación que sufre la Comunitat.

Tras el encuentro con Sánchez y Ábalos, Baldoví ya dijo que no se conformaría con el compromiso de "estudiar" la deuda porque ya está "reestudiada". "Hay que poner otro verbo o añadir algo que signifique un compromiso claro por parte del próximo gobierno", avanzó tras la reunión del lunes de la semana pasada.

Cuestiones ya asumidas

En principio, la coalición no prevé que haya reticencias por parte de los socialistas para asumir las cuestiones más perentorias. Por ejemplo, los 450 millones de euros con la actualización de las actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación serían los primeros recursos en llegar porque el Gobierno ya se ha comprometido con el conjunto de las comunidades que su primer real decreto una vez constituido sea para ello.

Respecto a la devolución de una mensualidad de IVA pendiente desde 2017 por un cambio introducido por Cristóbal Montoro, un tema que afecta al conjunto de las comunidades autónomas, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha aclarado que se retomará en el futuro proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo tratará de tener para el 1 de enero. De hecho, ya lo incluyó en su frustrado proyecto de PGE de 2019.

Aunque Compromís aspiraba a que estos recursos también pudieran llegar de manera inmediata ha reiterado en los últimos días que mientras el Gobierno en funciones no tiene capacidad de aprobar ni el techo de gasto, un dato que las comunidades necesitan de forma inminente para poder elaborar sus presupuestos de 2020, ni la devolución de esa mensualidad pendiente de IVA.