La condonación de la deuda de La Marina, último fleco en las condiciones de Compromís para apoyar a Sánchez

VALÈNCIA. La condonación de la deuda de La Marina es el último fleco en el que trabaja Compromís para rematar el documento de peticiones al PSOE como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. A última hora de este viernes, responsables de la coalición seguían revisando el documento de contrapartidas detalladas antes de remitírselas a los socialistas esta semana, tal y como acordaron en la reunión que mantuvieron con Pedro Sánchez y José Luis Ábalos el lunes en València.

Según explicaron fuentes de la formación, la fórmula mediante la que se concretará por parte del Estado la asunción de más de 370 millones de deuda del Consorcio València es el único detalle que resta por perfilar antes de enviar la propuesta. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el alcalde de València, Joan Ribó, reiteraron este jueves, precisamente en una visita a La Marina de València, que el problema de la deuda es uno a los que el PSOE debería dar respuesta si aspira a contar con su apoyo en un nuevo intento de investidura de Sánchez.

En principio, no parece que vaya a existir demasiada reticencia, pues el actual Gobierno en funciones ya incluyó este asunto en su frustrado proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y posteriormente la propia ministra de Hacienda ha asegurado que lo volverán a incluir en sus primeras nuevas cuentas.

Esta es una de las cuestiones que Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, ya avanzó que estaría en la relación de exigencias a cambio de apoyar la investidura de Sánchez, además de otras ya anunciadas como la presentación de una propuesta de reforma de la financiación autonómica en el plazo de ocho meses o la llegada a la Comunitat de 450 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación.

Curiosamente, la solución al problema de la deuda del Consorcio ha retomado actualidad justo un año después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciase que el Gobierno de Sánchez había dado el visto bueno a que el Estado se hiciera cargo de la misma como resultado de la negociación que el propio Puig lideró para tratar de conseguir alguna contrapartida para la Comunitat por apoyar la senda de déficit presentada por el PSOE en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el último año, tras el veto del Congreso a las cuentas de Sánchez para 2019, tanto el PSPV como Joan Ribó y otros integrantes de Compromís trataron de presionar al Gobierno para que la condonación se hiciera por decreto ley, tal y como llegó a plantear la secretaria de estado, pero la promesa nunca llegó a concretarse. 

Ahora, al poner negro sobre blanco su propia propuesta de condonación de la deuda, la coalición valencianista buscaría evitar que su socio de Consell rentabilice todo el mérito de haber resuelto el principal problema que amenaza la viabilidad del Consorcio València.

En concreto, la propuesta consiste en la asunción por parte del Estado de la deuda pendiente que el Consorcio –ente participado por el propio Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento para organizar la America's Cup y gestionar posteriormente la Marina Real– frente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el perdón de la la deuda pendiente con el Tesoro Público, que tuvo que hacerse cargo del crédito del ICO que no pudo pagar el Consorcio al estar avalado por el Ministerio de Hacienda.

Queda la deuda con el fondo oportunista

Pero al margen de esos 373 millones que se le condonarían al Consorcio, este aún debe aproximadamente 67 millones de euros al fondo oportunista norteamericano TCA ECDF Investments (Taconic). Según acordaron el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento en diciembre la cantidad será satisfecha por las tres administraciones de forma proporcional a su participación en el Consorcio. Esto es un 40% la Generalitat, un 40% el Estado y un 20% el Ayuntamiento de València.

El origen de esa deuda de 67 millones es un derivado financiero que el Consorcio València se vio obligado a contratar en febrero de 2006 con el Banco Santander y que ha resultado más caro de lo previsto por la caída de los tipos de interés. A ello se suman otros 9 millones de una póliza de crédito –12 millones con intereses– que el Banco Santander puso a disposición del Consorcio para afrontar los impagos del swap.

En alguna ocasión, el alcalde de València ha pedido que el Estado asuma también esta parte de la deuda, aunque en este caso las opciones son menores porque, a diferencia de la principal, esta no está avalada por el Tesoro.

Asturias presiona con los criterios de la negociación

Por otro lado  en el marco del debate para la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, dijo este viernes que la negociación sobre el próximo modelo ha de ser "multilateral" y debe tener en cuenta criterios como los de la dispersión de la población, algo que perjudica a los intereses de la Comunitat.

"No vamos a aceptar una financiación que no se construya de forma multilateral y que no vaya más allá de lo exclusivamente numérico", advirtió el dirigente asturiano, que dijo que el nuevo sistema no ha de tener solamente en cuenta el número de habitantes, sino otros factores como la dispersión o el coste real de los servicios.

Además, criticó a las comunidades autónomas que se han dedicado este tiempo a suprimir impuestos como el de Sucesiones y que ahora pretenden que se les compense a través de la financiación autonómica. "No, no, el esfuerzo fiscal hay que valorarlo", ha comentado Barbón, diciendo que esas comunidades se han dedicado a "devaluar" los servicios.