MADRID (EP). Compromís quiere saber a cuánto puede ascender el coste de los juicios que tiene abiertos el Estado por los recortes a las energías renovables, teniendo en cuenta que el primer juicio se saldó con una condena de 128 millones de euros más 20 millones en asesoría, y aún hay 25 litigios pendientes.
El diputado de la formación naranja Ignasi Candela ha registrado una pregunta en el Congreso en la que recuerda que España lidera las denuncias de arbitraje contra su política energética, ya que empresas e inversores de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos mantienen causas abiertas por los recortes que supusieron la reforma del sector en 2014.
Candela ha preguntado qué iniciativas piensa llevar a cabo el Ejecutivo ante la avalancha de reclamaciones y ha criticado la postura del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que ha anunciado nuevos recortes en renovables para 2019.
El diputado de Compromís ha recordado que la primera condena a España supuso una multa de 128 millones de euros más costas e intereses, más al menos 20 millones de euros en asesoría jurídica, y que el Estado aún tiene más de 25 litigios pendientes. De hecho, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) estima el coste total en unos 7.000 millones de euros.
Un coste que, además, deberán asumir los consumidores de electricidad en España, habida cuenta de que los Presupuestos de 2017 incluyeron una disposición para poder utilizar parte del superávit eléctrico en el abono de laudos de arbitraje y que el propio ministro Nadal asumió que, en caso de perderse estas causas, la factura de la luz debería incrementarse.
Una postura que critica Candela, lamentando que "se socializarán pérdidas y se privatizan ganancias". "La reforma eléctrica de 2014 es injusta, perjudica la imagen en el exterior y va contra los objetivos europeos de transición energética", ha afirmado.
Por otro lado, el diputado valenciano ha preguntado por el rechazo del Gobierno a negociar con las empresas denunciantes ya que, según señala, algunos de los inversores han explicado que fueron a los tribunales de arbitraje después de que el Gobierno no contestara a la oferta de una solución amistosa del conflicto.
Tras conocer la multa interpuesta por la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi), Compromís ya reclamó la dimisión de Nadal como ministro de Energía.
Asimismo, también registraron una iniciativa en el Congreso instando al Gobierno a aprobar un decreto para evitar que el coste de los arbitrajes no recaiga en los consumidores, sino en los "windfall profits" -beneficios caídos del cielo- que reciben las centrales nucleares e hidroeléctricas, "excesivos", según señala Compromís.