Rafael Blasco. Foto: EFEVALÈNCIA. (EP) Compromís ha registrado por escrito en el Senado una serie de preguntas para conocer la opinión del Gobierno y si piensa tomar alguna medida respecto a las posibles "irregularidades" en la salida de prisión por permiso penitenciario del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de prisión por malversar ayudas al Tercer Mundo.
Tras las diversas informaciones desveladas por Valencia Plaza, los senadores de la coalición preguntan si el Ejecutivo es conocedor de "las posibles irregularidades cometidas por la Fiscalía Anticorrupción", si considera que es necesaria una modificación de la legislación para controlar de manera exhaustiva los permisos como el de este caso y si comparte la decisión, detalla Compromís en un comunicado.
Su portavoz en la cámara alta, Carles Mulet, advierte que "condicionar los acuerdos de conformidad a los permisos para salir de la cárcel supone una grave irregularidad" y ha subrayado que "sin embargo, Fiscalía Anticorrupción utiliza esta estrategia para forzar confesiones sin tener en cuenta las consecuencias posteriores".
Para Mulet, "resolver los casos de corrupción es primordial y encontrar culpables también, pero denunciar con delincuentes no debería contemplarse, y menos si los beneficios que se les promete son disfrutar de permisos a los pocos meses o años de entrar en prisión".
Recuerda al respecto que "Instituciones Penitenciarias ha asegurado en varias ocasiones que negociar con los permisos es un delito" y lamenta que "es una práctica a la que se recurre con demasiada asiduidad".
"El último caso es el de Blasco, encarcelado por el caso Cooperación, que acaba de acceder a los permisos en un caso tan escandaloso como el presente y sin haber reparado el daño económico causado a la Generalitat, ni mostrado arrepentimiento", denuncia.
Por contra, para la coalición, "Fiscalía debería promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados", así como "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social".
El parlamentario apunta sobre esta cuestión que "recurre, en ocasiones, la negativa de jueces a dar permisos penitenciarios por haberlos usado de moneda de cambio, yendo en contra de las peticiones de los fiscales de vigilancia penitenciaria o las recomendaciones de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios".
Según Mulet, "Fiscalía desoye a los profesionales, a los que realmente saben si una persona está en condiciones de estar en libertad o no, y en el caso de Blasco se aprecia riesgo de reincidencia".
