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El exconseller pisa la calle tras autorizar el juez una salida de 6 días

Blasco ya disfruta de sus permisos

21/07/2018 - 

VALÈNCIA. El exconseller Rafael Blasco ya disfruta de sus permisos. El juez de Vigilancia Penitenciaria ha autorizado el permiso ordinario de seis días concedido por la Junta de Vigilancia de la cárcel de Picassent, que en su último informe consumó su cambio de criterio hacia el exconseller condenado por malversación de ayudas al Tercer Mundo para comenzar a apoyar sus salidas de prisión.

Como informó Valencia Plaza, el órgano técnico encargado de valorar y conceder los permisos en la prisión donde Blasco cumple una condena de seis años y medio siempre se había mostrado contrario por unanimidad a sus salidas de prisión. La última vez que se las negó lo hizo por riesgo "medio-ato" de reincidencia.

Sin embargo, en la última reunión para valorar su situación, celebrada el pasado 7 de junio, la Junta de Tratamiento autorizó por primera vez la salida de prisión a pesar de que Rafael Blasco no ha reparado el daño económico causado a la Generalitat ni ha mostrado arrepentimiento.

Según confirmó Instituciones Penitenciarias a este periódico, el exconseller se encontraba ya disfrutando de su permiso este viernes. La autorización, de seis días, la disfrutará en dos bloques de tres. En total puede optar hasta a 36 días de permiso cada año.

El cambio de criterio sobre los permisos de Blasco coincide en el tiempo con el acuerdo de conformidad que el fiscal de Anticorrupción en este caso, Vicente Torres, ha alcanzado con el exconseller para conseguir su confesión a cambio de una condena mínima en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. Si admite los delitos sin necesidad de celebrar el juicio, Anticorrupción dejará la petición de cárcel a solo 2 años y medio frente a los 16 que le reclamaba por malversación continuada.

Prisiones, que negaba los permisos por riesgo de reincidencia, cambia su criterio tras la presión de Anticorrupción

Las salidas de prisión eran una de las condiciones que Blasco imponía para conformarse. Como ha venido relatando este periódico, Anticorrupción ha maniobrado para facilitar su acceso a los permisos con encuentros como el que los fiscales anticorrupción mantuvieron con el director de la cárcel de Picassent y los abogados de Blasco: el penalista Javier Boix y Juan Molpeceres, encargado de sus asuntos penitenciarios.

En este encuentro, el director de la cárcel de Picassent, que a su vez es el presidente de la Junta de Tratamiento y tiene voto de calidad en caso de empate en las decisiones de este órgano, fue informado del acuerdo entre Blasco y la Fiscalía Anticorrupción y se le pidió que esas condiciones fueran tenidas en cuenta a la hora de valorar sus solicitudes de permiso.

Posteriormente, miembros de la Junta de Tratamiento de Picassent se mostraron molestos tras recibir indicaciones del director en ese sentido, ya que según admite Instituciones Penitenciarias, vincular el acceso a permisos con la negociación de acuerdos de conformidad sería "un delito".

Sesión del primer juicio del 'caso Cooperación'. Foto: EFE

En el auto con el que autoriza la salida de la cárcel de Blasco, dictado el pasado 17 de julio, el juez de Vigilancia Penitenciaria aplica el criterio favorable señalado por las otras instancias que intervienen en este trámite. En primer lugar, por la Junta de Picassent, que es la que en puridad concede el permiso que posteriormente el juez ratifica.

En segundo lugar, por los fiscales de Vigilancia, que en esta ocasión no han mostrado oposición a pesar de que en su momento recurrieron el único permiso del que ha disfrutado Rafael Blasco –autorizado por el Juez pese al rechazo inicial de la Junta de Tratamiento de Picassent– y provocaron que fuera revocado por la Audiencia de Valencia, pero cuando ya lo había disfrutado.

Así las cosas, la única vía de Anticorrupción para conseguir que a Blasco se le dieran los permisos era lograr que la Junta de Vigilancia variase su propio criterio, de ahí las presiones sobre el director de la cárcel para facilitarlo.

La Junta votó dividida

A diferencia de cuando le rechazaba los permisos por unanimidad, en la última votación la Junta de Tratamiento se dividió; una mayoría aprobó el permiso, pero hubo miembros que mantuvieron su criterio y continuaron oponiéndose.

Blasco, clasificado como preso de segundo grado tras habérsele denegado en varias ocasiones su paso al tercer grado, ha cumplido poco más de tres años de los seis y medio de condena que le impuso el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Con su salida se cumple una parte del pacto con Anticorrupción, pero Blasco pide también trato de favor a su mujer en el 'casi IVAM'

Con la salida a la calle del exconseller de Cooperación, señalado como el cabecilla del "grupo criminal" que saqueó el dinero de las subvenciones públicas destinadas al Tercer Mundo, se cumplen una premisas que ha impuesto para admitir los delitos por los que se le acusa en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación.

La otra contrapartida es el trato de favor a su mujer, Consuelo Císcar, y su hijo Rablaci en la investigación del caso IVAM, cuyo fiscal es el mismo que el del caso Cooperación. La jueza del caso acordó recientemente reclamar una fianza de más de 4,17 millones para Císcar y otros investigados para resarcir a la Generalitat, pero Císcar ha pedido al menos una prórroga y tiene previsto depositar avales para evitar el embargo de bienes.

Buena parte de los bienes del matrimonio Císcar-Blasco se encuentran ya embargados para cubrir la responsabilidad civil de los casos por los que se les investiga, como el chalet en Barraca de Aigües Vives embargado por el Tribunal de Cuentas y que Blasco ha ofrecido vender dentro de su acuerdo de conformidad para la rebaja de la pena en el juicio que tiene pendiente.

Fuentes del caso no descartan que puedan aflorar bienes o dinero ocultos para afrontar la responsabilidad civil, aunque en este caso podrían exponerse a que la investigación se ampliara a otros delitos si no pudieran acreditar la procedencia de esos bienes.

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