VALÈNCIA. El Pleno del Congreso rechazó este martes pedir al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez la adopción de medidas urgentes para ponerse al día con las comunidades autónomas y saldar su deuda correspondiente la liquidación del IVA, así como la actualización de las entregas a cuenta de este año 2019.
Así, con votos de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Junts, la Cámara Baja tumbó la proposición no de ley presentada por el PP, y finalmente pactada con Ciudadanos y Vox en una enmienda transaccional. La iniciativa fue también respaldada por Coalición Canaria, UPN y PRC, mientras que el Compromís, PNV y EH Bildu optaron por la abstención.
La postura de Unidas Podemos, que fue interpretada como un guiño al PSOE para allanar el camino de las negociaciones de Gobierno, ha recibido críticas de distintos dirigentes de Compromís en las redes sociales, como Enric Nomdedéu.
Sobre esto, el portavoz adjunto de la formación morada en Les Corts, Ferran Martínez, ha defendido la postura expuesta por su compañero de partido y también valenciano, Héctor Illueca, quien fue el encargado de defender la posición en el Congreso. "Esuna PNL del PP que incorpora enmiendas de Ciudadanos y Vox y en la que rechazan nuestras propuestas sobre cuestiones claves de la financiación autonómica. Es necesario ser críticos y exigentes con el Gobierno pero no contribuiremos al lavado de cara del PP", ha explicado en un tuit
Unas palabras en la línea de Illueca, quien afirmó en la trona que era "necesario" exigir al Gobierno "la responsabilidad de afrontar las transferencias" pendientes pero lamentó que se eludiera "abordar las cuestiones de fondo que lastran a las CCAA". "Es oportunista, irresponsable y demagógico", recalcó.
Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se mostró también crítico con el PP, al que acusó de "transformarse" cuando está en la oposición y no afrontar las cuestiones cuando gobierna. Así, el diputado decidió abstenerse tras presentar dos enmiendas que fueron rechazadas para que se incorporara la reclamación de la deuda histórica valenciana y la promesa de cualquier gobierno presentara un nuevo sistema de financiación en ocho meses como máximo.
En cuanto al contenido de la iniciativa del PP, ésta reclamaba al Gobierno solicitar un informe a la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de aprobar un decreto ley para actualizar estas entregas a cuenta y, si no es posible, que la propia Abogacía plantee fórmulas alternativas para compensar a las comunidades con financiación equivalente.
Asimismo, el texto acordado por PP, Ciudadanos y Vox planteaba al Ejecutivo en funciones "abordar con carácter urgente y prioritario la reforma del sistema de financiación autonómica con el objetivo de conseguir un modelo más justo, equitativo y transparente que garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral