Hoy es 15 de agosto
Los socios de gobierno aprueban una moción 'light', obviando el quid del debate sobre los ahorros municipales, para evitar la fractura en el pleno
VALÈNCIA. El pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de València, a solicitud de PP y Ciudadanos, no sólo sirvió para plasmar negro sobre blanco aquello en lo que las dos fuerzas de gobierno, Compromís y PSPV, están de acuerdo sobre las necesidades de financiación de los consistorios -algo que ya se conocía-. También evidenció, al brillar por su asuencia, aquello en lo que han discrepado en las últimas semanas sobre el uso de los ahorros locales y el reparto de las ayudas extraordinarias del Gobierno central.
El bipartito estaba forzado a pronunciarse sobre el asunto tras la convocatoria de la sesión extraordinaria en la que uno de los puntos era precisamente ese: los remanentes del Ayuntamiento. Así, la coalición que lidera Joan Ribó y los socialistas valencianos de Sandra Gómez, presentaron una moción alternativa que recogía aquello en lo que no hay discrepancia alguna y que suscribe también la oposición: la necesidad de que el Gobierno de España reparta un fondo extraordinario de 5.000 millones entre los entes locales para ayudarles a hacer frente a la pandemia, así como que apruebe las ayudas a las empresas municipales de transporte por la pérdida de ingresos con motivo de las restricciones y la crisis.
La moción, que fue aprobada con luz verde del ejecutivo local y Ciudadanos -en otro movimiento de aproximación de los naranjas en la actual coyuntura de crisis-, pedía la "apertura urgente de un nuevo proceso de diálogo entre el Ministerio de Hacienda y las entidades locales" con el propósito de "recuperar" estos dos conceptos, entre otros: el fondo de 5.000 millones de euros, y el resto de aportaciones estatales como las ayudas al transporte. Y además, solicitaban un nuevo decreto con la eliminación de la regla de gasto, del déficit y estabilidad, y la ampliación de los plazos para las inversiones financieramente sostenibles.
Aspectos, todos ellos que de hecho estaban ya incluidos en el primer decreto del Ministerio de Hacienda que fue tumbado por el Congreso de los Diputados con el voto en contra de Compromís. Entonces, ¿por qué Compromís apoyó en el Ayuntamiento de València esta moción que en términos generales recoge puntos contemplados en un decreto que había rechazado previamente? Fundamentalmente porque la moción aprobada este miércoles era un texto podado y limado, que evitaba la fractura del gobierno municipal en el pleno. Se 'olvidaba' el quid de la cuestión, aquello sobre lo que no había consenso: cómo se reparten esos 5.000 millones de euros. Y la madre del cordero: que los remanentes municipales se usaran libremente -o no- por los ayuntamientos. La razón trascendentales del rechazo de Compromís al decreto de Hacienda.
Es esta una disyuntiva en la que Compromís y PSPV han estado manifestando posturas divergentes y que este miércoles obviaron para salir del paso con aparente unidad ante la 'trampa' de la oposición. Yendo al fondo del asunto, la última propuesta del Gobierno de España -que apoyaban los socialistas valencianos- era que los 5.000 millones se repartieran un 60% en función de la población de cada municipio y un 40% dependiendo de los ahorros que el ayuntamiento en cuestión cediera como préstamo al Ejecutivo central.
En Compromís, y así lo ha estado defendiendo Ribó y su diputado Joan Baldoví, consideraban que la cesión de los ahorros municipales para poder emplesrlos era de por sí una suerte de chantaje que atacaba la autonomía de los municipios, y por tanto, defendían que la entrega de los fondos extraordinarios fuera independiente de los ahorros, y que se entregaran únicamente por población, de manera que si un ayuntamiento no quería prestar sus ahorros al Gobierno, podría tener igual acceso a la totalidad de los 5.000 millones de euros y no sólo a una parte. Y además, exigía que cada ayuntamiento no tuviera que entregar sus ahorros para poder usarlos más adelante, en los próximos 15 años, sino que pudiera disponer de ellos para cualquier tipo de política municipal. Planteamiento también apoyado por la derecha y otros partidos nacionalistas y regionalistas.
Pues bien, este debate, que es en realidad la mayor divergencia entre Compromís y socialistas, no hizo acto de presencia en el documento aprobado. Ni siquiera pese a que tan sólo un día antes, Ribó había suscrito con una treintena de alcaldes de diferentes colores políticos un escrito en el que, en nombre del Ayuntamiento de València, defendía su perspectiva: "Reclamamos para ello que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades". Esto, sumado al resto de medidas, era lo que pedía el primer edil el martes. Esto, el miércoles, se deshizo como un azucarillo en el marrón café del hemiciclo municipal.
"Es cierto que ha habido diferencias entre los partidos del gobierno sobre el decreto de remanentes", dijo la portavoz del PSPV, Sandra Gómez: "Unas diferencias que hemos arreglado durante esta semana porque siempre buscamos lo que es mejor para nuestra ciudad". Intentaba así la vicealcaldesa del gobierno local vender unidad al aprobar un texto que no hablaba de los auténticos aspectos divergentes.
El alcalde de València, Joan Ribó, defendió el mencionado documento suscrito con otras ciudades y lo diferenció de la moción alternativa impulsada por el gobierno local, Una moción "aceptable" y "adecuada". Por ello incidió en "la necesidad de conseguir unos objetivos muy claros", recogidos en ese documento, y "una salida", además de apelar al "consenso" entre todas las fuerzas políticas municipales para lograr un decreto que guste a todos.
La estrategia de los populares, dirigidos por María José Català, pasó por presentar una enmienda par incluir en la moción el apoyo explícito al escrito suscrito por Ribó y el resto de alcaldes tan sólo un día antes y que pedía aquello en lo que los socialistas no estaban de acuerdo. "Si lo pone, lo respaldo", dijo Catalá a Ribó, al que indicó que, "sin una coma", eso es "lo que firmó ayer", un documento "estupendo". La propuesta fue rechazada por Compromís y el PSPV, evidenciando así su negativa a pronunciarse sobre el asunto espinoso. Por ello, Català acusó al primer edil de enmendarse "a sí mismo" con el texto pactado con el PSPV.
El portavoz de Cs, Fernando Giner, consideró que la posición de los socialistas en la ciudad es "complicada" porque están "entre defender a su ministra", la titular de Hacienda María Jesús Montero, "y a València". Y destacó que el objetivo al fin y al cabo es "defender los intereses de los valencianos" y ha apuntado que "es necesario buscar lo razonablemente posible" y "traer soluciones, no problemas".
Por su lado, el portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, señaló que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "no es el foro más adecuado para debatir el uso de los remanentes, los ahorros" del ayuntamiento y abogó por "la libertad" para gastarlos, sin que lo diga el Gobierno central. PP y Vox se abstuvieron.