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tribuna libre / OPINIÓN

Comunicación del cumplimiento medioambiental: todos a una y cuanto antes mejor

9/07/2021 - 

La Constitución Española de 1978 es el primer texto legal de nuestra historia que recoge el derecho de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. El artículo 45 impone también a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales y de defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. El mismo artículo establece a continuación el principio de que “quien contamina paga”, anunciando sanciones penales y administrativas para los infractores, así como la obligación de reparar el daño causado.

A partir de 1983 el Código Penal castiga el delito ecológico y, tras algunas modificaciones, actualmente pueden pagar con pena de hasta cinco años de cárcel los responsables de emisiones, vertidos, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas.

Hemos conocido actuaciones por delito ecológico que han llevado a la cárcel al famoso alcalde de Pego, al de Xeresa o a directivos de empresas por aterramientos en algunas de las zonas húmedas más relevantes del litoral valenciano (marjal Pego-Oliva, marjal de la Safor y l’Albufera, respectivamente). Y no todo era en el atribulado siglo XX. Mucho más recientemente cientos de terremotos alarmaron y exasperaron a los vecinos de Vinaròs hasta que el Gobierno paralizó el almacén de gas Castor y tuvo que asumir unas indemnizaciones millonarias a bancos y constructoras, con un proceso judicial en marcha por delito ecológico. O los vertidos de salmuera y la grave mortandad de peces en el Mar Menor que obligarán a replantear los aprovechamientos agrícolas e industriales en su entorno, ante la movilización social que ha generado el daño ecológico al mayor lago salado de España.

Pero no hace falta llegar tan lejos, la “indispensable solidaridad colectiva” de la que habla nuestra Constitución exige actuar antes, mucho antes de que la sangre -o el vertido en este caso- llegue al río. Es innegable que la concienciación social sobre la necesidad de proteger el medio ambiente ha alcanzado niveles de unanimidad muy altos, casi totales. Queda mucho por hacer, pero es cuestión de todos. Los individuos y las empresas lo tienen claro y hoy hay que trabajar con ese esquema completamente interiorizado en todos los niveles de responsabilidad.

El consumidor decide o, al menos, puede decidir si dispone de buena información, sobre los productos que medioambientalmente más le interesan. También los pequeños inversores exigen que su dinero se canalice hacia empresas con buena puntuación en los criterios ESG (medio ambiente, social y gobernanza, por sus siglas en inglés) y la demanda de este tipo de fondos verdes o ESG se dispara en todo el mundo.

Las compañías nos esforzamos cada vez más en reforzar nuestras credenciales medioambientales y socialmente responsables. Y lo hacemos implicando a toda la plantilla. En El Corte Inglés, la empresa de la que formo parte, llevamos más de un año trabajando para conseguir la certificación Aenor de “Residuo Cero”, y nos la acaban de conceder para los centros comerciales y almacenes de Comunidad Valenciana y Región de Murcia, gracias a un esfuerzo de abajo a arriba, en colaboración estrecha con empresas especializadas, como EcoCuadrado, y diferentes asociaciones y ONGs. Hemos conseguido valorizar más del 90% de los residuos que generamos. Eso significa dar una segunda vida a materiales que anteriormente acababan en el contenedor y dar al mismo tiempo un gran impulso a la economía circular.

Veamos algunos ejemplos. Cuando servimos a nuestros clientes los muebles que nos acaban de comprar, muchas veces les recogemos de sus domicilios muebles viejos que ahora entregamos a la asociación Remar para que las personas que tienen en acogida los rehabiliten y les den una segunda vida. Los productos de todos nuestros supermercados con fecha de caducidad próxima se donan al Banco de Alimentos, que los entrega rápidamente a las familias más necesitadas, respetando siempre la cadena del frío, cuando es necesario, y siempre los periodos de caducidad. Y aún hay más. Los productos, normalmente frutas y verduras, que no pueden ir al Banco de Alimentos pero todavía son aptos para el consumo animal, los entregamos al Bioparc, en Valencia;  a Río Safari Elche, en Elche, y a Terra Natura, en Murcia, donde sirven para enriquecer la dieta de los animales.

Del mismo modo, las mermas que se producen en nuestros departamentos de mascotas (alimentos secos (pienso), húmedos (latas) o snacks para gatos, perros...),  se distribuyen equitativamente entre más de una decena de asociaciones y protectoras de animales. No se desaprovecha nada. 

Además, la implicación de toda la plantilla en este tipo de procesos tiene la ventaja añadida de que se produce una comunicación colectiva, coral, con resultados muy superiores al esfuerzo individual del Departamento de Comunicación.

Pau Pérez Rico es vicepresidente de DIRCOM Comunidad Valenciana y Región de Murcia

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