La sentencia reconoce el derecho a compensación a los seis damnificados defendidos por el despacho Varona Legal & Numbers
VALÈNCIA (VP). La Sala Primera del Tribunal Supremo condena a los fabricantes que conforman el llamado cártel de camiones a indemnizar a los compradores con un 5% del coste de los vehículos, más los intereses desde la compra de los vehículos. El Alto Tribunal ha dictado quince sentencias que resuelven otros tantos recursos de casación sobre el cártel, procedentes de Audiencias Provinciales de toda España. Seis de estos procedimientos han sido defendidos por Varona Legal & Numbers en la vista pública celebrada el pasado mes de mayo. En todos ellos considera el Supremo que el cártel ha causado un daño a los compradores de camiones al pactar los precios de venta: "Se considera correcta la estimación del daño (sobreprecio) en el porcentaje del 5% del precio de adquisición del camión mientras no se pruebe que la cuantía del daño es superior o inferior a esta estimación."
La sentencia estima que la insuficiencia de prueba "para probar la cuantía del daño o que no haya solicitado la exhibición de pruebas por el demandado y por terceros no supone necesariamente, en estos casos, que la falta de prueba de la cuantía del daño sea imputable a su inactividad." Y, además, la Sala resuelve que "procede el pago de intereses de la indemnización desde el momento en que se produjo el daño (el pago del precio del camión) porque es una medida necesaria para que el resarcimiento sea pleno, y no porque se haya producido un retraso en el pago."
El Supremo español ha sido el primer máximo órgano judicial de un país de la Unión Europea en pronunciarse respecto a la determinación del daño a los perjudicados por el cártel de camiones. Recordemos que la Comisión Europea sancionó en julio de 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por pactar precios y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes. Todos ellos, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, conocido como el cártel de camiones.
En España se han presentado más de un millar de demandas de compradores de camiones que han reclamado compensaciones a los fabricantes por el sobreprecio pagado. El despacho valenciano Varona Legal & Numbers ha presentado cerca de cien demandas por esta cuestión en representación de sus clientes. Y ha obtenido relevantes sentencias favorables en tribunales de toda España: obtuvo la primera sentencia de segunda instancia de toda Europa favorable a los compradores de camiones, también la primera sentencia condenatoria a un fabricante del cártel en la Audiencia de Alicante y una sentencia récord por la indemnización concedida en la Audiencia de Valencia: el 20,21% del precio de compra de cuatro camiones.
Ignacio Varona, socio director de Varona Legal & Numbers, considera que "la sentencia del Supremo avala el derecho de los particulares y pequeños empresarios a ser indemnizados por el sobreprecio que pagaron al comprar sus camiones. Llevamos seis años defendiendo su derecho en un proceso muy complejo contra grandes marcas y esto supone una victoria del Derecho de la Competencia. Fuimos el primer despacho en obtener sentencias favorables de juzgados de primera instancia y Audiencias Provinciales. Ahora esta sentencia del Supremo allana el camino para los muchos casos pendientes y que esperan su compensación como afectados por el cártel de camiones".
El abogado de Varona Legal & Numbers Rafael Fuentes, letrado defensor de los demandantes ante el Supremo, se felicita por una sentencia "que reconoce la dificultad de cuantificar el daño en este caso, el esfuerzo probatorio de los actores y el derecho de miles de damnificados a ser indemnizados. Supone un reconocimiento al esfuerzo que nuestro despacho y otros hemos hecho en juzgados de toda España desde 2017 para defender a los damnificados por el cártel de camiones".
El despacho valenciano Varona Legal & Numbers lleva siete de los dieciséis primeros procedimientos que han accedido al alto tribunal