VALÈNCIA. La constitución del nuevo organismo que deberá sustituir al Consorcio Valencia 2007 -que gestiona el espacio de La Marina de València- está presentando alguna que otra dificultad de última hora. El organismo, constituido por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y el Ministerio de Hacienda del Gobierno central, y que preside el alcalde de València, Joan Ribó, tuvo que aplazar la reunión de este viernes por discrepancias en torno a los estatutos para la creación del nuevo consorcio.
Las bases para la creación de este nuevo organismo, en el que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sustituirá a la actual representación del Gobierno, estaban acordadas entre todas las partes pero, según explicaron fuentes municipales este viernes, a última hora la Secretaría de Estado de Hacienda presentó dos enmiendas que no fueron asumidas por el alcalde.
Por un lado, el departamento del Ministerio, que encabeza María Jesús Montero, planteó que el nuevo organismo -Ayuntamiento, Generalitat mediante la Conselleria de Obras Públicas y Puerto- funcionaría con posibilidad de veto entre sus constituyentes. Esto es, que las decisiones deberían tomarse por unanimidad en lugar de por mayoría, como estaba acordado inicialmente en el borrador de estatutos del nuevo consorcio.
Por otra parte, el Ministerio fijaba en sus últimos retoques que el nuevo consorcio no podía hacerse cargo de los espacios de dominio terrestre portuario, como había estado haciendo. En el Ayuntamiento de València rechazaron esta posibilidad porque La Marina centra buena parte de su gestión en suelo cedido por la Autoridad Portuaria hasta el punto de que el Puerto le repercute parte del Impuesto de Bienes Inmuebles.
El conflicto, publicado por Levante-EMV este viernes, motivó el retraso del encuentro que estaba previsto para este viernes y en el que se esperaba que el Gobierno consumara su salida del Consorcio Valencia 2007 después de que ya se haya acordado saldar la millonaria deuda del organismo derivada de la celebración de la Copa América. El Gobierno había anunciado su salida antes del 1 de noviembre.
A juicio de Ribó, se ha de caminar hacia unos nuevos estatutos "en unas condiciones que ya no son las de pagar una deuda sino las de continuar gestionando este espacio, la Marina, formado tanto por terrenos de dominio público patrimonial como portuarios". El alcalde destacó así que su "obligación es velar por los intereses de València". El máximo responsable de la ciudad también consideró que, una vez la Secretaría de Estado de Hacienda se salga de la gestión del espacio, tampoco es lógico que se mantenga el derecho de veto en el Consorcio.
Hasta ese momento, dijo el primer edil, "el Consorcio siempre ha gestionado tanto el dominio público patrimonial, es decir, lo municipal, como el dominio portuario". "Nosotros velamos por los intereses de la ciudad en La Marina y pensamos que no podemos renunciar a esta cuestión". Por otra parte, el máximo responsable de la ciudad tampoco consideró adecuado mantener el derecho de veto del Estado una vez se saldrá del Consorcio a la Secretaría de Estado de Hacienda.
"La propia Secretaría de Estado de Hacienda considera que deben ser las instituciones valencianas las que deben gestionar el espacio. Entendemos que antes tuviera derecho a veto porque había una deuda y unas obligaciones, pero solucionada por fin esta cuestión, consideramos que deberíamos ser responsables del futuro de La Marina, sin tutelas innecesarias", explicó el alcalde.
