El Gobierno deja La Marina tras forzar al Consell a pagar sin negociar al fondo que compró su deuda

VALÈNCIA. Ayuntamiento de València, Generalitat Valenciana y Estado pagarán íntegramente y sin negociar al fondo oportunista TCA Taconic los 67 millones del derivado financiero para cubrir la deuda impagada del Consorcio Valencia 2007, ente gestor de La Marina de València integrado por las tres administraciones.

La Generalitat, que se resistía a poner los 24 millones que le corresponden –a pagar en dos plazos de 12– en virtud de su porcentaje de participación en el Consorcio, no ha tenido más remedio que ceder a la voluntad del Gobierno central y del Ayuntamiento, partidarios de pagar toda la deuda sin ni siquiera tratar de conseguir una rebaja del fondo.

Así se acordó este martes durante una reunión del consejo rector del Consorcio Valencia 2007 en la que también se aprobaron las cuentas de los ejercicios 2019 y 2020, el presupuesto de 2021 y las cantidades que cada una de las tres administraciones se comprometen a aportar a la entidad para cubrir el agujero provocado por la covid.

Después de que el Estado se hiciera cargo del grueso de la deuda del Consorcio con la condonación de los 380 millones del crédito ICO para pagar las obras de la Copa América, aún estaba pendiente la solución para los 67 millones de euros que la entidad debía al fondo que en 2018 llegó a un acuerdo con el Banco Santander para subrogarse la posición jurídica de la deuda vencida del Consorcio.

El acuerdo de este martes soluciona definitivamente el problema de la deuda del Consorcio, aunque con un alto coste para las arcas públicas porque, siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento de València y la Generalitat no han tenido más remedio que aportar 12 y 24 millones de euros respectivamente para pagar su parte correspondiente al fondo oportunista norteamericano que compró la deuda del Consorcio.

Aunque el precio pagado por TCA Taconic para quedarse la deuda del Consorcio no se conoce, es probable que la operación le haya generado plusvalías millonarias, pues estos fondos son especialistas en comprar activos a precio de derribo para presionar a los deudores en busca del mayor beneficio.

De hecho, casi desde el mismo momento que se quedó esa deuda, Taconic ha estado presionando a les tres administraciones que integran en el Consorcio –Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia – para que pagasen bajo la amenaza de reclamar judicialmente. 

El primero que dio el paso para pagar sin discutir fue el Gobierno, que ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 un primer pago de 12 millones de los 24 que le corresponden por su participación del 40% en el Consorcio, probablemente ante la amenaza de encontrarse con una demanda por impago del Reino de España en un tribunal en Londres.

Por el contrario, ni el Ayuntamiento de València ni la Generalitat incluyeron ese pago en sus cuentas de este año porque entre sus planes no entraba pagar sin negociar una quita con el fondo. La Conselleria de Hacienda, de hecho, aún no sabe de dónde sacará los 12 millones que tiene que aportar este año y está estudiando si realiza una modificación de crédito para ello.

El titular de Hacienda de la administración autonómica, Vicent Soler, manifestó al término de la reunión su desacuerdo con el pago de la deuda sin negociar al fondo oportunista. "Pagaremos la parte del derivado de la deuda que queda, lo hacemos muy a disgusto [...] porque la Abogacía del Estado nos dice que se ha de hacer, pero siempre hemos pensado que podíamos haber negociado", aseguró el conseller.

Por su parte, el Ayuntamiento de València ya ha modificado el presupuesto de este ejercicio para hacer frente al primer pago de 6 millones de euros este año. Para ello, se ha utilizado dinero sobrante de inversiones como la reforma de la Plaza de la Reina y la remodelación de la Plaza de Brujas, parte de cuyos importes se pagarán finalmente con fondos procedentes de ayudas europeas. Los otros 6 millones que deberán abonarse más adelante se incluirán en los presupuestos del año que viene.

El Gobierno abandona el consorcio

Con este escenario, se abre el camino para que el Gobierno central abandone el consorcio, tal como estaba previsto toda vez se hubiera completado el pago de la deuda del organismo público. De esta manera, está previsto que los representantes estatales, que pertenecen concretamente a la Secretaria de Estado de Hacienda, dejen de formar parte del ente desde el 1 de noviembre, según explicaron fuentes conocedoras del proceso que se va a seguir a partir de ahora.

Ahora, la intención es integrar una representación de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que vendría a sustituir la presencia del Ejecutivo en el organismo. En este sentido, las fuentes consultadas explican que "tiene lógica" la entrada del Puerto de Valencia en el organismo que va a continuar gestionando La Marina, dado que parte de los terrenos que ocupa el enclave son de su propiedad.

Por ahora, se desconoce cuál será la fórmula jurídica que tendrá el organismo: si continúa como un consorcio o si se constituye un nuevo ente diferente, bien sea con forma de mercantil o de otro tipo. Habrá que elaborar unos estatutos y un plan económico para el nuevo ente.

Inyección en La Marina por el impacto de la covid

Otro de los puntos que se debatieron durante la reunión del consorcio fue la aprobación de aportaciones patrimoniales para hacer frente a las pérdidas por el impacto de la covid-19. En este sentido, las tres administraciones implicadas acordaron inyectar recursos en función de su participación en el organismo.

En total, se inyectarán 1,5 millones de euros aproximadamente. Así, según explicaron fuentes consistoriales, la Generalitat Valenciana aportará al consorcio 600.000 euros, el gobierno de España otros 600.000 y, por otra parte, el Ayuntamiento de València, otros 300.000 euros.