Fotos: Marcos Villaoslada/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso ha dado vía libre este martes a la tramitación de la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales no sólo en las intervenciones parlamentarias sino también en la presentación de iniciativas, y lo ha hecho con el voto en contra del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), tras la primera sesión plenaria plurilingüe de la historia del parlamentarismo español.
En el debate se han escuchado por primera vez discursos en lenguas oficiales diferentes del castellano, concretamente en catalán -los portavoces de Junts y ERE-, gallego -los del PSOE y BNG- y euskera -los de EH Bildu y PNV-, pero no en valenciano, al no haber intervenido la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, que tendrá su primera intervención este jueves y ya anunció que utilizaría siempre la lengua autóctona.
Además del apoyo de sus promotores -PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG- la iniciativa ha contado con el respaldo apoyo de Junts y de Coalición Canaria (CC). Ha sido la primera votación electrónica que ha tenido lugar en el Congreso en esta legislatura y se ha saldado con 176 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones.
Todo indica que estas dos últimas se han debido a errores de los diputados que se estrenaban en sus lides. Además, en la primera votación plenaria que no ha sido por llamamiento se han emitido un total de 347 votos -335 presenciales y 12 telemáticos- lo que implica que tres de sus señorías no han votado.
Además de dar vía libre a la tramitación, los partidarios del uso de las lenguas cooficiales han aprobado que ésta se haga por el procedimiento de lectura única, es decir, de una tacada, en el Pleno sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.
Así, los grupos tendrán de plazo hasta las 18 horas de este miércoles para presentar enmiendas a la iniciativa, tanto de totalidad como parciales, y todas ellas se debatirán en una nueva sesión plenaria este jueves.
La reforma del Reglamento que inicia ahora su andadura parlamentaria persigue que se puedan usar las lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara y en la presentación de iniciativas, si bien no menciona expresamente el catalán, el gallego o el euskera, sino que permite el uso de "cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía".
Esas lenguas cooficiales se podrán utilizar en todos los debates parlamentarios, tanto en el Pleno y la Diputación Permanente como en las distintas comisiones, y todo desde la misma entrada en vigor de la reforma reglamentaria.
Lo único que se retrasa en el texto registrado es el uso de lenguas cooficiales al presentar escritos, pues se establece un periodo de transición de un máximo de seis meses para adaptar los servicios de la Cámara, tiempo en el que los grupos podrán registrar iniciativas en euskera o catalán, pero deberán acompañar la traducción al castellano.
El Diario de Sesiones, además, recogerá las intervenciones tanto en la lengua cooficial como en castellano, al igual que las actas taquigráficas de las sesiones que fueran declaradas secretas y no publicables. Y el Boletín de las Cortes publicará las iniciativas escritas en la lengua cooficial utilizada y en castellano.
Para aplicar estos cambios, el Congreso dispondrá de los medios personales y materiales necesarios, incluyendo los servicios de traducción e interpretación de todas las lenguas que tengan el carácter de oficial. La iniciativa mandata a la Mesa del Congreso para que, oída la Junta de Portavoces, establezca los procedimientos y los medios necesarios.
Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, ya ha acordado destinar más de 53.000 euros sólo en los medios técnicos que necesita para garantizar el arranque de la traducción de las lenguas cooficiales. Y lo ha hecho antes incluso de que se tomara en consideración la reforma del Reglamento, lo que ha soliviantado al PP.
A esa cifra hay que sumar el coste que supondrán los 12 traductores que estarán a disposición del Congreso, que variará en función de las necesidades de cada sesión plenaria y de la tarifa que cada uno ofrezca. En todo caso, el Congreso ha presupuestado un máximo de 280.000 euros hasta final de año para hacer frente a los gastos del estreno de los plenos plurilingües.
En la proposición de ley registrada, los grupos proponentes aprovechan para cambiar el masculino genérico de los artículos del reglamento afectados, y ya no sólo se habla de la lengua que podrán usar "los diputados", sino de "los diputados y las diputadas".
Es más, se añade Disposición Adicional para ordenar que "en el plazo más breve posible se acometerá una revisión del texto del Reglamento del Congreso para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género".
