El Consell aumenta un 60,38% el importe adjudicado de los contratos inscritos en 2020

VALÈNCIA (VP). El Consell ha analizado la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2020 de la Junta Superior de Contratación Administrativa, en la que se recoge la gestión contractual de la Administración de la Generalitat y de su Sector Público.

La memoria refleja que en 2020 el importe adjudicado de la totalidad de los contratos inscritos se ha incrementado considerablemente respecto a 2019, un 60,38% más, hasta alcanzar los 1.599,67 millones de euros sin IVA.

Sin embargo, el número total de contratos se ha visto reducido levemente en un 2,21% al pasar de 28.918 a 28.279 en 2020. Esta cifra incluye también los contratos menores de 5.000 euros que se han inscrito.

De estos contratos, 12.013 corresponden a las conselleries por importe de 953,3 millones de euros (42,48%) y 4.485 al sector público instrumental, que sin embargo suponen un importe inferior, en concreto de 646,37 millones (57,52%).

Destaca, no obstante, el importante crecimiento que se ha registrado desde 2012 en el número total de contratos inscritos al pasar de 804 a un total de 28.279.

Cabe recordar que hasta marzo de 2018 no entró en vigor normativa que obliga a inscribir todos los contratos menores (incluidos los menores de 5.000 euros) con la excepción de aquellos pagados por caja fija.

Tipología de los contratos

Si atendemos a un análisis por tipología de contrato, en 2020, el número de contratos menores fue de 24.714, representando el 87,40% respecto el total de contratos, con un importe total adjudicado de 78,47 millones, el 4,88% del total.

De estos, 19.410 son contratos menores de 5.000 euros, cuyo importe global asciende a 20 millones de euros y 5.304 son contratos menores por un importe superior a los 5.000 euros. Es decir, aquellos que son de menos de 40.000 euros, si se trata de obras; de menos de 15.000 euros en servicios y suministros; o de hasta 50.000 euros si se trata de suministros y servicios destinados a la investigación.

Entre los contratos inferiores a 5.000 euros se encuentran principalmente actuaciones urgentes para atender necesidades derivadas de la COVID-19 como limpieza y desinfección, compra de material de higiene y protección, pruebas diagnósticas, equipamiento médico y suministros informáticos para atender las necesidades de teletrabajo y reuniones on line.

La contratación mayor representa, por su parte, un 12,60% del total de contratos. En concreto, 3.565 por un importe total de 1.521,21 millones de euros, el 95,09%. Cabe destacar que el número de contratos no menores se ha incrementado un 14,11% respecto a 2019. Del mismo modo, el importe de adjudicación se incrementa en 2020 un 65,87% respecto el año anterior.

Procedimiento de adjudicación

En relación al procedimiento de adjudicación, hay que tener en cuenta que no se tiene en cuenta para su análisis los menores de 5.000 euros (que son la mayor parte de los contratos, en concreto 19.410). De esta forma, de los 8.869 restantes (menores mayores de 5.000 euros y no menores), la mayor parte de ellos se han adjudicado de forma directa previa consulta a una empresa (2.952 contratos); por adjudicación directa previa consulta a varias empresas (2.010 contratos) o por procedimiento abierto (1.144 contratos).

No obstante, si atendemos al importe de los mismos, los contratos de procedimiento abierto son los que representan una mayor cuantía, el 39'72% con 627,51 millones; seguido de los contratos basados en acuerdo marco con varias empresas (444,70 millones, el 28,15%) y, finalmente, los contratos de emergencia, que representan 1.076 contratos por un importe de 358,26 millones de euros, el 22,68%. Esta cifra representa un incremento respecto al año anterior tanto en número de contratos, cuando se formalizaron por este procedimiento 172, como del importe, que ha pasado de 35 millones a 358.

Además, este procedimiento vinculado a la emergencia de la COVID-19 ha sido más frecuente en las conselleries (880) que en el sector público instrumental (196).

En relación al objeto de contrato y al volumen presupuestario, destacan principalmente los contratos de suministros por acuerdos marco celebrados con varios empresarios y que representan 427,51 millones (el 27,06%), seguido de los contratos de servicios a través del procedimiento abierto (348,1 millones, el 22,04%) y, finalmente, los contratos de obras también por procedimiento abierto con 154,1 millones, el 9,75%).

Análisis por departamentos

Si se tienen en cuenta los contratos suscritos por los distintos departamentos de la Generalitat y el sector público, las conselleries que más contratos han suscrito a lo largo de 2020, año de pandemia, han sido Sanidad, Educación e Igualdad con un total de 9.993 contratos entre las tres.

Destaca especialmente el caso de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que para poder atender a la emergencia sanitaria ha suscrito un total de 8.555 contratos de los 12.013 que han suscrito el conjunto de los departamentos por un importe de 568,46 millones, el 59,63%, la mayor parte de ellos no menores.

Le sigue Educación con un total de 753 contratos (principalmente menores) por un importe total de 138,37 millones de euros, el 14,51%; y, finalmente, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha suscrito 685 contratos en 2020 por importe de 101,83 millones, el 10,69%.

En el sector público instrumental, durante 2020 han destacado por el número de contratos formalizados las distintas fundaciones de investigación como Fisabio (1.816 contratos), la Fundación del Hospital la Fe (1.494 contratos); la fundación del Hospital Clínico (1.058 contratos).

Igualmente, destaca el IVIA (1.176 contratos) y Ferrocarrils de la Generalitat FGV, que ha suscrito un total de 2.234 contratos. Por volumen presupuestario, destaca Fisabio con 267,35 millones.

Más empresas inscritas

Por otra parte, en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana figuran 2.880 empresas en activo en 2020, frente a las 2.743 que aparecían el año anterior.

Esta cifra revela el esfuerzo que viene realizando la Junta Superior de Contratación por inscribir con celeridad al mayor número de empresas, requisito indispensable para poder licitar por procedimiento abierto simplificado.