El Consell deroga la Unitat Valenciana d'Emergències para "evitar duplicidades"

VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha aprobado este martes, a propuesta de la Conselleria de Justicia, el decreto que deroga la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), con el fin de "evitar duplicidades" y "optimizar" los recursos públicos, dentro del proceso de revisión del sector público instrumental de la Generalitat.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno la portavoz, Ruth Merino, quien ha indicado que el anterior Consell aprobó en 2023 la creación de esta Unidad pero no la puso en marcha, y su entrada en vigor estaba prevista en varias fases, que ahora se consideran "inviables" por los plazos y por "la ausencia de sostenibilidad financiera".

Merino ha indicado que las funciones de la Unitat Valenciana d'Emergències se pueden desarrollar por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y por tanto esta derogación es una medida de "racionalización y de mejora de la eficiencia de los servicios públicos".

El acuerdo se ha adoptado por considerar que los compromisos establecidos en el decreto de creación de la UVE, que implican "un importante esfuerzo presupuestario", han perdido vigencia por razones organizativas del sector público instrumental y de eficiencia en el gasto público.

Desde el Consell se consideran "más lógicas y razonables" otras fórmulas de coordinación de emergencias, como una ley general de coordinación, cuya efectividad "puede ser mayor al ser un instrumento capaz de asegurar además una mayor eficiencia en el gasto público", según la reseña del pleno del Consell.

Merino ha adelantado que este viernes se reunirá por primera vez la comisión interdepartamental para la eficiencia del gasto en el sector público, de la que forman parte representantes de los servicios económicos de todas las Consellerias, cuyo fin es analizar la eficiencia de cada euro de los valencianos que se destinan a las políticas públicas.

En una primera fase, lo que se va a hacer en esa comisión es una análisis comparativo económico con otras comunidades autónomas de cómo se han utilizado en 2022 -el último ejercicio presupuestario cerrado- los recursos públicos, ha precisado la titular de Hacienda y Economía.