José Luis Santaisabel. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (Inmaculada Martínez/EFE). El sector de la construcción tiene una segunda oportunidad para remontar un panorama con malos datos durante los últimos meses: la obra pública está al 50% de licitación, los visados de proyectos para edificación se han reducido un 40% y 16.000 trabajadores siguen en ERTE, el 15% de la población activa que había antes del inicio de la pandemia en marzo.
Y esa oportunidad se llama Fondo de recuperación y resiliencia europeo, que puede propiciar una recuperación del empleo y que las empresas dedicadas a la construcción tengan un horizonte estable, según ha asegurado en una entrevista con la Agencia EFE el presidente de la Federación Valenciana de Contratistas de Obra Pública (Fecoval), José Luis Santa Isabel.
Entre 7.000 y 9.000 millones de euros es el valor de los proyectos que se deberían planificar desde la Comunitat Valenciana para optar al fondo europeo, que tienen que consumirse en 2021 y 2022, y ello requiere cambios en la Ley de Contratos del Sector Público dirigida a agilizar los procesos administrativos y que se acorte del año y medio actual a seis meses.
"No sé si hay proyectos preparados por ese importe, planificados sí los hay", señala Santa Isabel, que repasa cómo está pasando el sector la pandemia.
De marzo a junio la licitación pública se paralizó y las carteras de las empresas ya se resintieron con un resultado de unos 400 millones sin licitar de los 850 millones adjudicados, cuando la cifra se estimaba en 1.500 millones destinados a obra pública.
Es decir, el 50 % de las obras sin licitar en la Comunitat como resultado del coronavirus, una situación parecida a la del sector de la edificación, que ha visto rebajado un 40 % los visados de proyectos y prevé un nivel de actividad "muy inferior" al que había, de ahí que tema cierres para un 10 % de las empresas.
Según datos a 30 de octubre, 16.000 empleados del sector de la construcción estaba en ERTE, aunque desde el mes de julio han ido saliendo de estos expedientes -llegaron a estar afectados por esta medida 26.000 trabajadores- por algo más de actividad, pero las perspectivas "no son buenas".
Santa Isabel indica que el Ministerio ha programado inversiones por casi 900 millones en infraestructuras, de los que para la anualidad de 2021 y a obra nueva irán 500, que se pueden traducir en 5.000 o 6.000 puestos de trabajo.
La Generalitat, por su parte, ha incrementado sus inversiones hasta los 600 millones, la mayoría para educación y movilidad, pero falta inversión en obra hidráulica, lamenta.
En abril tienen que presentarse los proyectos que quieran optar a recibir dinero del Fondo de recuperación y resiliencia europeo, y para ello es necesaria una modificación de la Ley de Contratos y "parece que el Gobierno es consciente" y está preparando los cambios para agilizar los procesos administrativos en los contratos del Estado, según señala.
Cuando un proyecto sale para ser licitado, ya está obsoleto y no responde a las circunstancias de ese momento. "Necesitamos agilizar, hacer proyectos que sean acordes a las necesidades de la población, y la dilatación no viene bien a nadie: no hay trabajo, las licencias tardan hasta catorce mese en salir, y cuando salen, los precios ya no son los del mercado", alerta, para añadir que esa situación crea problemas a los promotores y a los constructores.
De ahí que defienda de forma insistente la rapidez en la gestión y la flexibilidad en la colaboración público-privada.
Esos fondos se basan en la colaboración público-privada y Bruselas pretende que la mayoría de las inversiones vaya por este modelo, por eso es "inapelable la corrección" de la Ley de Desindexación que desvincula los precios del sector público del IPC porque limita la capacidad de entrada del capital privado en la actividad de las infraestructuras, añade Santa Isabel.
Y asegura: "No podemos fallar, es la última oportunidad de presentar un futuro alentador a las empresas de este sector y a la creación de empleo. Sería un fracaso enorme si no lográramos agilizar los procesos".
Considera que con una planificación ordenada por parte de la Administración y acudiendo a las fuentes de financiación que existen en la Unión Europea, el sector puede tener un futuro estable.
De ahí que diga que el paso 1 debe ser planificar, ver qué proyectos hay que hacer porque ya están en procesos avanzados y determinar a cuáles les falta planificación para poder llegar a tiempo.
Otra cuestión que preocupa al responsable de Fecoval es la mano de obra cualificada, una carencia que requiere adaptar la Formación Profesional a las necesidades del mercado en cada momento y que se lleva reclamando desde hace años por la Fundación Laboral de la Construcción.
Santa Isabel reconoce que el sector no es atractivo para los jóvenes, aún menos para las mujeres, pero señala que ya no tiene nada que ver con el de los años 50 y 60, y ahora destaca por su nivel de tecnificación y digitalización, por ser un trabajo con menos esfuerzo físico y digno, que puede proporcionar una buena calidad de vida y compatibilidad con la vida familiar.
Explica que la llegada de la tecnología al mundo de la construcción ha variado la ejecución de las obras y la imagen ya no es "la del pañuelo con los palos" y el topógrafo sino la industrialización y la modelización informática (Building Information Modeling-BIM, en sus siglas en inglés), y para eso la mano de obra es mucho más cualificada.
Además, está "el tema artístico" en la rehabilitación de viviendas, donde hay "muchas cosas que hacer" en adecuación a la eficiencia energética, reconstrucción mediante técnicas antiguas, forja..., unos trabajos que pueden atraer a los estudiantes de Bellas Artes para "reconstruir con gracia y calidad" un parque inmobiliario con un 70 % de viviendas anterior a los años 70.
