Como miembro del Consell Valencià de Cultura podrá proponer los cambios que crea oportunos en la nueva norma que regirá el museo
VALENCIA. Imputada (investigada, según la nueva terminología de la Lecrim) por sobrecostes en la adquisición de obras y publicaciones del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), la exdirectora del museo, Consuelo Císcar, se verá en una inusual situación en las próximas semanas, pues participará en la creación de la nueva ley que regirá el IVAM y que, según lo anunciado por el gobierno de la Generalitat, verá la luz durante el primer semestre de 2016.
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ya ha redactado un primer borrador que enviará en los próximos días al resto de áreas y, también, al Consell Valencià de Cultura (CVC), para que propongan los cambios legislativos pertinentes antes de su aprobación. De esta forma, Císcar, en tanto que miembro de este último, tendrá voz para proponer los cambios que, como el resto de integrantes del organismo, crea oportunos.
La resistencia de la exdirectora del IVAM a abandonar su puesto cargó de tensión el pleno celebrado el pasado 25 de enero. Sin embargo, según explicaron sus miembros tras la imputación de Císcar, el órgano “no puede hacer nada” ante la falta de una sentencia firme. En concreto, el artículo 9 del capítulo VI de su normativa reguladora especifica que la condición de miembro del CVC "se perderá por cualquiera de los siguientes motivos: defunción, renuncia, finalización del período para el que se es nombrado, incapacidad declarada mediante resolución judicial firme, incurrir en causa de incompatibilidad o por estar condenado, por sentencia firme, a una pena que comporte como accesoria la inhabilitación profesional o política".
Esta situación y la negativa de la exdirectora del IVAM a abandonar su silla por su propio pie será la causa por la que participe de la creación de la nueva norma del que es su día fuera su feudo, una de las tres leyes que impulsará este semestre la consellería y que, según indican, busca dotar al espacio de una mayor independencia del poder político así como mejorar la fiscalización económica "después de años de desbarajustes".
Muchas son las voces que han pedido la dimisión de Consuelo Císcar como miembro del Consell Valencià de Cultura desde que se levantara el secreto de sumario. Entre ellos, el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, que demandó su "inmediata" salida "puesto que no puede permanecer ni un minuto más como vocal de uno de los órganos estatuarios más importantes de la Comunitat".
Según la jueza, de las diligencias practicadas hasta el momento "resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones". Císcar no es la única que se encuentra esta situación, pues también sigue como miembro del CVC Vicente Farnós, exresponsable de Castelló Cultural e imputado en el caso Gürtel. Aunque este último aseguró que dejaría de asistir a las sesiones de la institución consultiva, su abandono nunca llegó a producirse y siguió acudiendo a los plenos.
Aunque, por el momento, su plaza en el CVC no peligra, sí lo hace su relación con el IVAM. El Institut Valencià d'Art Modern celebrará mañana miércoles una sesión de su Consejo Rector en el que abordará la posibilidad de retirar el título de directora honoraria a Consuelo Ciscar, tras haber solicitado, "sin menoscabar el derecho fundamental a la presunción de inocencia", su dimisión del cargo de directora "para evitar males mayores a la imagen y prestigio del IVAM".
El pasado 25 de enero, la actual dirección del IVAM anunciaba una serie de medidas con motivo de la investigación penal contra, entre otros, Consuelo Císcar y la exsubdirectora Raquel Gutiérrez, por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, de prevaricación y de falsedad documental. Se da la circunstancia de que no existe una regulación sobre este aspecto, como sí se da en el Consell Valencià de Cultura, cuyo reglamento recoge específicamente las causas de cese de un miembro.