VALÈNCIA. La regulación de los apartamentos turísticos en grandes ciudades como València tiene algunos obstáculos. Entre ellos, la dificultad de controlar su cumplimiento. Sin embargo, los datos de las administraciones valencianas muestran que, con mayor o menor efectividad, se lleva acabo una acción contra los pisos turísticos irregulares. Este año se han registrado nuevas órdenes de cese y multas, a niveles similares a los de años anteriores.
Así pues, según datos del Ayuntamiento de València, en lo que llevamos de año 2022, se han emitido 20 resoluciones para ordenar el cese de la actividad turística irregular en diferentes viviendas de la ciudad. Una cifra parecida a las de ejercicios anteriores en términos relativos: en todo 2021 el consistorio resolvió en 44 ocasiones en el mismo sentido, y en 2020, lo hizo hasta 48 veces.
Pero también se ejerce un control sobre estas mismas resoluciones: cuando el propietario de un piso turístico ilegal continúa ejerciendo la actividad pese a haber recibido la orden de cese, percibe una sanción de 600 euros según la normativa urbanística. Este año, estas multas coercitivas suman un total de 26.
El movimiento vecinal insiste en la necesidad de aumentar los inspectores autonómicos para mejorar la efectividad de la normativa. Con ello, hay que recordar que la inspección de la Generalitat Valenciana está actuando en la ciudad en coordinación con la Policía Local, que atiende todas las denuncias que presentan los vecinos sobre esta materia.
Por la otra parte se encuentran las asociaciones de propietarios de pisos turísticos, que defienden la operación legal de los operadores, pero lamentan la excesiva regulación del sector. Recientemente, de hecho, criticaban a la edil de Urbanismo, Sandra Gómez, por alardear de que la ciudad sea "un ejemplo" por "una de las normativas más estrictas y rigurosas a la hora de operar con este tipo de alojamientos turísticos que generan molestias a los residentes" y que ha ocasionado, según la asociación, el descenso de las plazas de alojamiento disponible en este tipo de viviendas.
Actualmente, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad permite la compatibilidad del uso turístico con el residencial -así se recogen las viviendas turísticas a nivel jurídico- en las plantas bajas y primera planta y siempre por debajo de viviendas residenciales, así como en bloques exclusivos de apartamentos turísticos. Además, para que un piso turístico sea legal, desde 2018 ha de estar registrado en el registro autonómico de apartamentos turísticos.
En la ciudad, además de las mencionadas restricciones, hay límites adicionales en el casco histórico. El Plan Especial de Ciutat Vella (PEP) prohíbe en el casco histórico nuevos usos turísticos, excepto en edificios palaciegos y singulares. Si bien en el barrio de Sant Francesc -acotado por las calles Colón, la Paz, San Vicente y Plaza del Ayuntamiento-, de predominancia terciaria, se permiten pero a una distancia de 150 metros unos de otros.
Los apartamentos turísticos temporales -los que tienen uso residencial y se alquilan menos de 60 días al año- están actualmente vetados, pero están pendientes de una regulación propia para toda la ciudad. La concejalía de Turismo lleva dos años elaborando el nuevo texto lega, pero esperará a sacarlo a cuando se resuelva el recurso judicial interpuesto por la asociación de pisos turísticos al Plan de Ciutat Vella.
Por otra parte, el Plan Especial del Cabanyal (PEC), todavía en tramitación, también contempla limitaciones propias para este barrio. Concretamente, restringirá las viviendas turísticas al 10% de todas las viviendas de una manzana. Y además, la concejalía de Vivienda trabaja en una norma para toda la ciudad con el propósito de vetar la implantación de bloques completos de viviendas turísticas. Normativa que tampoco ha visto la luz todavía por dudas jurídicas en el seno de la concejalía de Urbanismo.