La ordenanza de pisos turísticos de València, en el aire dos años después 

VALÈNCIA. Al menos dos años han pasado desde que el Ayuntamiento de València se pusiera manos a la obra para elaborar una ordenanza municipal de pisos turísticos. La futura normativa, que se centra únicamente en las viviendas turísticas ocasionales -excluyendo las profesionales- y que depende de la concejalía de Turismo, que dirige Emiliano García, se preveía tener lista a principios del año pasado pero su presentación se sigue postergando.

El documento es consecuencia directa del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP) que entró en vigor en marzo de 2020, y que fija que las viviendas turísticas ocasionales están prohibidas en el centro de València hasta que exista esta ordenanza reguladora del sector. 

Este tipo de pisos turístico son, según el PEP, aquellos domicilios habituales de un particular -debe estar empadronado- que decide comercializar hasta 60 días al año. La vivienda turística profesional se sitúa en un bloque exclusivo de viviendas turísticas y no tiene restricción temporal para ser alquilada. Esta última queda fuera de la ordenanza en la que se trabaja. Lo cierto es que, desde que se aprobara el PEP y se anunciara la creación de la normativa, se conoce bien poco de su contenido más allá de algunos apartados publicados en Valencia Plaza.

Así, la ordenanza en ciernes quiere introducir la obligación por parte de las plataformas de pisos turísticos y de los propietarios de dar cierta información sobre su actividad a la administración para asegurar el control de la legalidad.n este sentido, el borrador reza que el Ayuntamiento "podrá requerir a las plataformas digitales que publicitan y comercializan el alojamiento turístico la información necesaria para el ejercicio de las competencias municipales de supervisión y control público de las viviendas turísticas". 

Además, prevé que el consistorio impulse "acuerdos de colaboración" con las plataformas para "facilitar el intercambio de información" y así "velar" por la legalidad en el sector. Fragmento este último que viene a concretar la normativa autonómica según la cual las plataformas deben "colaborar con las diferentes administraciones" para facilitar la supervisión.

El texto, encargado a un equipo de trabajo de la Universitat de València y que se encuentra dentro del plan normativo municipal de este año, sigue sin tramitarse. Más allá de las posibles discrepancias internas en el gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, también pesan las exigencias de la Federación de Asociación de Vecinos de la ciudad, uno de los agentes con los que se está trabajando para alumbrar esta regulación.

"Es una oportunidad perdida", explica uno de los representantes de la Federación sobre esta cuestión, Toni Casola, quien insiste en que la ordenanza sólo aborda un tipo de pisos turísticos y "que solo supone el 7% del total". Por ello, considera que se trata de una "trampa" y exige al equipo de gobierno que "retire" el borrador que se está planteando y elabore "un nuevo texto" para regular el sector de manera transversal.

Actualmente, los pisos turísticos que quieran operar de manera legal deben estar inscritos en el registro autonómico de la Generalitat Valenciana y, además, contar con la compatibilidad urbanística otorgada desde el Ayuntamiento de València. Un doble filtro que, sin embargo, parece ser insuficiente, pues desde el movimiento vecinal subrayan la necesidad de perseguir la actividad ilegal que se sigue dando y a la que no se está dando una respuesta por falta de inspección, señalan.

Las normas urbanísticas en vigor en el Cap i Casal circunscriben las viviendas turísticas a las plantas bajas y primera planta y siempre por debajo de un uso residencial, o en bloques exclusivos de pisos turísticos -a los que también se quiere poner limitaciones, cuestión que sigue en el aire-. Además, el PEP de Ciutat Vella impone mayores restricciones en el casco histórico, y el Plan del Cabanyal todavía sin aprobar busca también restringir las viviendas históricas a un 10% por manzana en la fachada marítima.

Con todo, Casola recuerda que el Ayuntamiento realizó una encuesta a centenares de personas, cuyo resultado fue que se pedía "crear un marco de regulación a nivel de ciudad" para todo el sector, de manera que la ordenanza puesta sobre la mesa por la concejalía que dirige Emiliano García es considerada casi "una estafa al movimiento vecinal" por abordar la cuestión de manera parcial.