Inquietud en Vivienda por los retrasos acumulados en el veto a los bloques turísticos de València

VALÈNCIA. La moratoria de dos años para la instalación de bloques exclusivos de pisos turísticos en la ciudad de València todavía sigue sin ver la fecha para su aprobación. Una medida que se anunció a principios de este año, en el mes de marzo, pero que aún no se ha materializado por las constantes negociaciones y cambios de parecer que sostienen las dos concejalías implicadas: Vivienda y Urbanismo. Tanto es así que la concejala de Vivienda, Isa Lozano, expresó este martes su "inquietud" ante esta circunstancia, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas pueden seguir ahora mismo pidiendo libremente licencia cuando precisamente era esto lo que se estaba intentando evitar. 

"¿Inquietud? Sí hay, claro. Las dos delegaciones estamos preocupadas por esta cuestión", aludía Lozano al respecto. En este sentido, cabe recordar que fue en el mes de marzo cuando su área presentó la primera propuesta, que incluía la suspensión de licencias en 37 barrios de la ciudad. Sin embargo, Urbanismo acogió con cierto escepticismo este primer borrador, al considerar que podría toparse con importantes problemas legales y jurídicos. En resumen, creían que una medida tan estricta, como lo es suspender totalmente los permisos para la implantación de un tipo muy concreto de negocio, tenía que estar suficientemente motivada para no acabar continuamente en los tribunales.

De este modo, se produjo aquí el primer retraso, mientras Vivienda trabajaba en un nuevo documento más pormenorizado y ajustado a las verdaderas necesidades de los distintos barrios de València. Estudio que no llegó hasta finales de noviembre de este mismo año, siete meses después. Y, tal y como había demandado previamente el área de Urbanismo, se redujeron a un tercio las áreas afectadas por el veto: desde 37 a 11, comprendidas principalmente entre los distritos de Eixample, Extramurs, La Saïdia y Poblats Marítims. 

Con esto, todo parecía listo para poner en marcha de una vez por todas la moratoria de dos años, que estaría vigente como medida cautelar hasta que los cambios se introdujeran de manera definitiva en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, una vez presentado el informe por parte de Vivienda, Urbanismo volvió a proponer modificaciones: en esta ocasión, consideró que las viviendas turísticas no eran la única amenaza que pendía sobre los barrios de la ciudad, y propuso ampliar el veto también a otro tipo de negocios como por ejemplo los fondos buitre o los edificios dedicados exclusivamente a oficinas. 

Medida encaminada en el mismo sentido que la anterior, proteger el derecho de acceso a la vivienda de los vecinos y vecinas, pero que, sin embargo, devolvía a la casilla de salida el plan. Un nuevo retraso que, en definitiva, difuminaba la posibilidad de aplicar el veto durante el año 2021. Ahora mismo, la pelota está sobre el tejado de la concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez, quien ya está trabajando en su propio informe para justificar la necesidad del veto a los edificios exclusivos de uso terciario. 

¿Efecto llamada?

"El estudio de Urbanismo dará pie a unas condiciones determinadas, y a partir de ese resultado se plantará la moratoria en los términos que determine el informe", explicaba Lozano. Así, todavía cabe esperar a las conclusiones de ese nuevo estudio, que en última instancia será el que refleje las necesidades de la ciudad en cuanto a las zonas más tensionadas por la terciariación de edificios completos. 

"Lo que plantea urbanismo es que se tienen que ver otros parámetros para plantear una moratoria más detallada sobre lo que nosotros hemos aportado". Es decir, profundizar más sobre el último informe que presentó Vivienda, que por aquel entonces tan solo hacía referencia a bloques turísticos y, por ende, corre el riesgo de haber quedado obsoleto en comparación con las nuevas exigencias de Urbanismo. Sea como sea, el área de Lozano se muestra dispuesta a cooperar en este sentido, con el objetivo de que el uso residencial de los edificios esté lo más protegido posible ante otras actividades. 

Pero, mientras esto sucede, nada impide que se sigan pidiendo licencias para la ocupación de edificios y su posterior comercialización, ya sea en modelo turístico, de oficina o incluso como alquiler permanente de viviendas por parte de grandes fondos. De hecho, la demora el aprobar la moratoria después de haberla anunciado ha despertado algunos miedos al "efecto llamada". Esto es, que las empresas aceleren sus peticiones de licencia ante la perspectiva de que en algún momento serán prohibidas. Al menos en las zonas de la ciudad más tensionadas, que todavía están por determinar definitivamente.