VALÈNCIA (P. P./EFE). Más exenciones fiscales para los vecinos afectados por la dana, la posibilidad de llevar a cabo contratos 'exprés' de obras de reconstrucción o la suspensión del cumplimiento de las reglas del gasto para los ayuntamientos de la zona cero. Son algunas de las 17 medidas que este martes acordó solicitar al Gobierno de España la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La declaración incluye medidas económicas, presupuestarias y fiscales dirigidas a las familias, autónomos, empresas y corporaciones damnificadas por las riadas del pasado 29 de octubre para "mejorar" los decretos ya aprobados por el Gobierno pero que, como había explicado este diario, tenía diversas 'lagunas' a ojos de municipios como el de València. La alcaldesa, María José Catalá, impulsó junto a otros representantes locales la declaración institucional que se aprobó este martes por unanimidad en la junta de gobierno de la FEMP.
En el documento, la Federación insta al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a implementar un paquete de medidas fiscales como la ampliación de la exención del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 2025 -por el momento sólo se ha aplicado a este año- y "no condicionar" la exención de este segundo gravamen al "realojamiento total o parcial" de los vecinos en otra vivienda distinta, dado que es habitual en la zona cero que haya viviendas de varios pisos cuyos residentes no han necesitado un realojo al poder seguir habitando las plantas superiores.
Además, se pide la exención en el Impuesto de Vehículos para los años 2024 y 2025, aplicable tanto a los vehículos dañados como a los adquiridos en sustitución, así como la compensación a los ayuntamientos por los ingresos que dejarán de percibir debido a estas medidas y por la suspensión de tasas relacionadas con el uso del dominio público y la prestación de servicios interrumpidos por la emergencia.
Además, las medidas incluyen un fortalecimiento del régimen de ayudas. En el caso de los ayuntamientos, se propone financiar hasta el 100% de las obras de reparación y permitir incluir los gastos realizados con recursos propios. Para los hogares y las empresas, se sugiere que las ayudas cubran daños en vehículos y bienes muebles vinculados a actividades económicas independientemente del domicilio fiscal. También se busca incorporar los daños en bajos sin uso y trasteros vinculados funcionalmente a las viviendas. Además, para garantizar el acceso a recursos, se propone que los avales y préstamos ICO puedan transformarse en ayudas directas no reembolsables.
A todo ello, los municipios suman peticiones para facilitar su operativa. Por ejemplo, eliminando el cumplimiento de la regla de gasto para los municipios afectados y permitiendo el uso de los ahorros en inversiones necesarias para la recuperación, eximiéndolas de las restricciones habituales, si bien es cierto que los decretos del Gobierno ya contemplan considerar las inversiones de reconstrucción como inversiones financieramente sostenibles, y por tanto poder emplear el superávit para este menester.
Asimismo, se plantea la flexibilización y ampliación de las líneas del ICO y un incremento de los recursos estatales destinados a paliar los efectos de la catástrofe, respetando el principio de estabilidad presupuestaria. Y para los municipios saneados incluidos en el Fondo de Impulso Económico, se sugiere que se facilite la financiación de proyectos imprescindibles para la reconstrucción.
Otra de las medidas propuestas es la modificación de la normativa de contratos del sector público con el objetivo de permitir de manera "excepcional" la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción de infraestructuras dañadas. Un cambio que puede agilizar la tramitación administrativa a la hora de materializas las obras que revisten cierta urgencia para devolver la normalidad a las instalaciones públicas.
Tras el encuentro, Catalá agradeció a todos los grupos políticos "la unanimidad" para aprobar esta declaración y subrayó la importancia de que el Gobierno permita a los municipios afectados no cumplir con la regla de gasto y que el Gobierno compense a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos. "Es fundamental para los ayuntamientos afectados", señaló, para añadir que los municipios están "asumiendo unos gastos, unas inversiones extraordinarias e imprevistas" por lo que reclamó esa manga ancha para poder invertir.
La alcaldesa agradeció la predisposición de todos los grupos y de los municipios presentes en la Junta de Gobierno de la FEMP de negociar y de llegar a acuerdos. "Esperemos que el Gobierno atienda todas las peticiones que hoy el municipalismo ha consensuado a favor de las familias y de la reconstrucción. Los municipios afectados lo necesitamos", dijo, para concluir que es "esencial que, en el marco de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el Gobierno de España adopte una serie de medidas que permitan ayudar a la recuperación económica y social de las áreas más afectadas".