VALÈNCIA. El ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) Ricardo Costa declaró este jueves ante el magistrado instructor del caso Taula, Víctor Gómez, dentro de la nueva pieza separada que investiga la presunta entrega de dinero negro al PPCV a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa y en la que se investigan, de momento, delitos de prevaricación y de cohecho.
En su declaración, el que fuera mano derecha de Francisco Camps relató como la empresa Secopsa, entonces perteneciente a la familia Prieto, pagó 15.000 euros al partido a cambio de adjudicaciones por parte la empresa pública Ciegsa. El dinero lo habría entregado en mano uno de los Prieto.
Además, Costa ratificó el resto de las afirmaciones que realizó ante el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce. Ante Ponce implicó en los pagos de dinero B al empresario alicantino Enrique Ortiz; al presidente de la constructora Rover Alcisa, Alfredo Rodríguez Verdugo, -quien lo negó en un comunicado-; a un trabajador de dicha empresa y al ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.
Estas afirmaciones apuntalan la idea que el magistrado ya tenía al respecto de lo que sucedió en el PPCV y de cómo la financiación ilegal fue sistemática. En su auto, Gómez Saval ya apuntaba que "son hechos tendentes a la financiación de las elecciones autonómicas de 2007.
Hay que recordar que lo declarado este jueves ante el juez de Taula ya lo dijo en la Audiencia Nacional durante el juicio de la financiación irregular. La única diferencia estriba en que en aquella ocasión no dijo ante el magistrado José María Vázquez Honrubia que los pagos eran a cambio de adjudicaciones y ahora sí que lo ha dicho.
En la Audiencia nacional Costa afirmó qué él mismo entregó en persona en la sede del PPCV a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, un total de 515.000 euros en B para pagar parte de la deuda que los populares valencianos mantenían con la trama corrupta. Y explicó que el dinero negro lo aportaron las empresas "Rover Alcisa que entregó 150.000, Secopsa con 15.000 y Enrique Ortiz 350.000 euros"·
Además de Costa, también estaba citado un testigo, amigo del ex secretario general, que estuvo presente en diversas conversaciones y reuniones que éste mantuvo con empresarios y gente del partido. Según ha podido saber Valencia Plaza, el testigo ratificó lo dicho por Costa en su declaración, lo cual supone un plus de veracidad a lo explicado por Ricardo Costa.
A la cita judicial solo pudieron entrar los citados, el magistrado y el fiscal. De hecho, los letrados que están en la pieza de Ciegsa acudieron porque el juez envió la citación a todo el mundo. Sin embargo, cuando llegaron al juzgado se encontraron con la negativa de Gómez Saval a que entraran. Les dijo que esta es una nueva pieza en la que todavía no hay nadie investigado y, por tanto, no podían acceder a la sala e interrogar a Costa. Los abogados consultados por este periódico salieron de allí bastante enfadados.
Ahora, tras tener en su poder la demoledora declaración de Ricardo Costa, el próximo movimiento del juez será citar como imputadas a las personas que el expolítico ha mencionado y acusado de financiación ilegal del PPCV. Esas declaraciones se prevé que se podrán realizar ya en el mes de septiembre.
Por último, hay que recordar que esta pieza separada comenzó con el primer desacuerdo serio entre fiscal y juez. El primero pretendía que se decretara un secreto parcial dentro de la pieza de Ciegsa. Sin embargo, el magistrado no estuvo de acuerdo porque según él, "por el momento, los hechos denunciados no parecen implicar de manera directa en el cobro de dichas comisiones al principal investigado en esta pieza, Máximo Caturla, sino que más bien inciden en lo que fue puesto de manifiesto en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una estrategia de financiación del Partido Popular en el ámbito regional a través de las contrataciones de Ciegsa".