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Declaran este miércoles en el juicio de 'Gürtel', donde el exvicepresidente de la Generalitat se juega algo más que la cárcel: su plaza de funcionario
VALÈNCIA. La cuenta atrás para el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y para el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa llega a cero este miércoles y les obliga a enfrentarse a un precipicio jurídico sin precedentes para ellos. Ambos están citados para declarar en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional como imputados en la presunta financiación irregular de su partido durante las campañas electorales de 2007 y 2008. Ambos llegan con media condena debajo del brazo, dada la cantidad de pruebas y testimonios en su contra, pero las consecuencias a las que se enfrentan son totalmente diferentes.
Costa puede ser condenado a más de siete años de prisión por tres delitos electorales, los de las autonómicas de 2007, las municipales de ese año y las generales de 2008, pero su pena se queda ahí, en los años de prisión. Mucho peor lo tiene Rambla, que pese a enfrentarse a menos años de cárcel porque la Fiscalía Anticorrupción lo sacó del delito electoral de las municipales, en caso de ser condenado quedaría fuera de la carrera de inspector de Hacienda, oposición que aprobó hace años y que es su medio de vida desde que se retiró de la política.
De ahí que sus declaraciones puedan ir por senderos absolutamente diferentes. Fuentes de las defensas aseguran que probablemente Vicente Rambla negará haber tenido cualquier relación con la financiación irregular. "No le queda otra que tratar de salir absuelto si quiere conservar su trabajo como funcionario", explican, "pero cabe la posibilidad de que, viendo la debacle que se les viene encima, opte por intentar no entrar en prisión echándole la culpa al expresidente Francisco Camps".
El Caso de Costa es diferente, no es funcionario. Las fuentes consultadas creen que "echará las culpas hacia arriba. Se sabe condenado y su única opción real de minimizar los daños es seguir la estela marcada por los cabecillas de la Gürtel que declararon (Álvaro Pérez, 'El Bigotes') que el cerebro era Camps y que Costa era un simple correveidile". Aunque, al igual que con Rambla, cabe la posibilidad de que se eche atrás en el último minuto.
El problema para todos los políticos procesados en esta pieza de la Gürtel es que el trío formado por los cabecillas de la trama corrupta han asumido todos los delitos que les imputaba la fiscal. La veda la abrió el cerebro, Francisco Correa, quien declaró: "No he tenido ninguna reunión con el PP de Valencia. El señor Crespo sí me dijo que se había reunido con Ricardo Costa y que Costa le dijo tenéis que facturar a unos empresarios".
Esas palabras provocaron un sunami en la sala, ya que apuntalaban la estrategia de la fiscal, que previamente había conseguido que todos los empresarios reconocieran haber financiado de forma irregular al PPCV. Y por si eso fuera poco, tras Correa fue el turno de Pablo Crespo, quien remató la faena de su jefe.
Crespo explicó: "Estuve en una reunión con Álvaro Pérez y Ricardo Costa, no me gustaba la forma de cobrar y Costa me dijo: o lo hacéis así o no cobráis". Y tras esa declaración llegó el fin de fiesta, el colofón, la guinda de un pastel envenenado para el PPCV, la declaración de 'El Bigotes'.
Si Correa y Crespo habían herido de muerte cualquier estrategia defensiva de los procesados, Pérez puso la puntilla. En una declaración memorable, casi cómica, dijo frases como: "Ricardo llama delante de mí a la persona que siempre llamaba y le dice que es la única forma, y esa persona es francisco Camps"; "decidían Camps, Juan Cotino y García Antón" o "Había que hablar con Juan Cotino, que era él que hablaba con determinados empresarios o con Camps, porque el resto eran mandados que me soportaban a mí. Sin orden del Palau no se podía hacer nada".
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell