VALÈNCIA. El expresidente de Emarsa, Enrique Crespo; el exgerente, Esteban Cuesta; y el empresario Jorge Igancio Roca Samper se volvieron a sentar este lunes en el banquillo de los acusados por una pieza separada sobre delito fiscal con las declaraciones del IVA dentro de la causa del saqueo de 23,5 millones de euros de dinero público a la depuradora de Pinedo. Hechos por los que la Fiscalía pide 14 años de prisión.
La vista celebrada en el juzgado de lo Penal número 6 de Valencia arrancó con la petición de nulidad por parte de abogado del que también fuera vicepresidente de la Diputación de Valencia al considerar que el supuesto fraude fiscal ya era "cosa juzgada" tras la sentencia de la Audiencia Provincial sobre la pieza principal que confirmó recientemente el Tribunal Supremo y que ya obligaba a devolver el IVA. "Las facturas que se consideraron irregulares fueron las mismas que se usaron para lo que ahora se juzga", argumentó.
A lo que añadió que el auto que dio fin a la instrucción de la pieza principal archivó estos hechos y no consideró que hubiera indicios de delito fiscal. Pronunciamiento que apoyó la Fiscalía. Además, señaló, el IVA era un "instrumento encubridor" para la detracción de fondos públicos (malversación). "No se puede reabrir una causa sobreseída por resolución judicial firme por capricho porque quebranta el principio de seguridad jurídica", indicó, destacando que no existen nuevos elementos de hecho que justifiquen la reapertura.
A la petición se adhirieron las defensas de Cuesta, Roca Samper y la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos). A esta última, la Agencia Tributaria le reclama, como sucesora de Emarsa, 1,3 millones de euros. Su letrada, que defendió que la Emshi era la "gran perjudicada" de toda esta trama delictiva, pidió que se dejara de seguir la causa contra la entidad y aprovechó para reprochar el "afán recaudatorio y desmedido de la Hacienda Pública". La acción sancionadora, recordó, ya se ejercitó por vía civil y "no se puede enfrentar ahora" a la de la vía penal.
Tras las argumentaciones de las defensas, la Fiscalía expuso que en el juicio no se analizan "los mismos hechos" ya juzgados en la pieza principal. "La malversación tiene sentencia firme, pero la obtención indebida de devoluciones de IVA es posterior. Además, estamos ante bienes jurídicos diferentes", remarcó. Como ejemplo puso el caso Palau, donde primero se condenó por malversación y posteriormente por delito contra la Hacienda Pública.
El Ministerio Público indicó que estas conductas no formaron parte del procedimiento principal por la fuga de la justicia durante cuatro años de Jorge Ignacio Roca Samper, que cuando se dictó el auto de procesamiento se encontraba en busca y captura. Al reaparecer tras ser detenido en Moldavia, no estar prescrito el delito y tratarse de un hecho nuevo, la causa se reabrió.
El juicio siguió adelante y el primero en declarar fue el empresario, considerado el cerebro del saqueo de Emarsa y el facturero, quien respondió a las preguntas de todas las partes en línea con lo esperado y lo ya expuesto en confesiones anteriores. Tras detallar que sus últimos estudios han sido para auxiliar de panadería, reconoció que no ingresaba el IVA porque era su "sueldo" y "no iba a trabajar gratis". "Facturaba al 16% y no al 7% para llevarme más dinero", resumió.
La operativa llevada a cabo entre 2006 y 2009 habría consistido en interponer entre Emarsa y las auténticas prestadoras de servicios en la gestión de residuos -Adobs Organics y Trabisa- un nivel de facturación intermedio que permitía incrementar artificiosamente el precio, aplicándole a la base imponible ese tipo de gravamen del 16% cuando a dicha actividad le correspondía el 7%.
De este modo, los únicos proveedores que no ingresaron las cuotas de IVA que repercutieron en las facturas emitidas a Emarsa fueron las empresas gestionadas por Roca Samper: Erwinin, Zonday Investments y Printergreen.
El acusado, a quien la jueza le llamó la atención por increpar a la fiscal, explicó que facturaba desde sus compañías a Emarsa con esas sociedades por servicios inexistentes que tenían un sobreprecio. Un sistema que le proponen, apuntó, los empresarios Joan Borrás (Adobs) y José Luis Sena (Notec). "Con el sistema que teníamos establecido era imposible que yo pagara mis impuestos", afirmó. Sobre la participación por parte de Cuesta y Crespo, comentó que no sabe si ellos lo sabían, "pero si veían Barrio Sésamo y hacían unos mínimos cálculos no era difícil".
"Aquí no hubo ningún organizador ni ningún cerebro. Lo que hubo fueron coincidencias de gente que hizo la vista gorda y gente que se aprovechó", determinó.
Roca Samper precisó que en 2006, según recibía el dinero, lo "sacaba en efectivo", se lo entregaba "a Sena o a Borrás" y se "repartía en sobres". "Supe quiénes eran los destinatarios a partir de 2010 porque me lo dijeron ellos: Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Juan José Morenilla".
Ya en 2008, continuó, y debido a la dificultad de seguir empleado dinero en efectivo en España, abrieron cuentas de diferentes sociedades a las que asociaron más de 20 tarjetas de débito, todas a su nombre. "Las teníamos divididas por grupos y hacíamos el cálculo de las comisiones en función de las toneladas. Crespo y Cuesta se llevaban tres euros por tonelada. Yo seguramente también", reconoció.
Ese sistema de tarjetas se canceló en 2009 y, según su relato, comenzaron a abrir empresas con cuentas en el extranjero: "Abrimos una sociedad en Malta a la que transferimos el dinero. De ahí a una empresa de Belice con cuenta en Andorra. Después se lo pasé a otros bancos para que hicieran transferencia a China y finalmente llamé a unos señores para que le dieran el metálico a Sena en España". De acuerdo con sus cálculos, con esta operativa sacaban entre 200.000 y 400.000 euros en efectivo cada mes.
A preguntas de su abogado, Roca Samper se excusó en que no declaró durante la instrucción para confesar los hechos porque se encontraba en la cárcel y nadie le informó de que estaba en la causa. "Estoy muy arrepentido. Yo no sabía que era dinero público y pedí perdón", insistió.
El siguiente turno fue para Esteban Cuesta, quien se acogió a su derecho a no declarar porque ya redactó en su día un escrito autoinculpatorio.
Por último, Enrique Crespo respondió únicamente a preguntas de su abogado para mantenerse en su negativa de haber participado en el saqueo de Emarsa y de cometer delito fiscal.
"Yo era presidente y el director financiero es el que controlaba lo que se liquidaba a Hacienda. Al consejo de administración no nos llegaba ni lo que se hacía con el IVA ni con las tributaciones", remarcó el exvicepresidente de la Diputación de Valencia. Igualmente, afirmó que Enrique Arnal tenía una asesoría a su disposición sobre la forma en la que tributar, por lo que le "cuadra" que fuera la persona que recibía las facturas.
Sobre Roca Samper, comentó que lo conoció en el juicio de la pieza principal y que "no sabía ni que existía". "No tuve absolutamente ninguna relación con las empresas que facturaban. No conozco a Sena ni a Borrás. No tuve ninguna intención de defraudar a la Agencia Tributaria", sostuvo.