CSIF insiste en el recurso a la imposición del valenciano en la Administración

VALENCIA. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que deniega la petición de suspensión cautelar del decreto de usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales.

El sindicato argumenta que ese decreto "vulnera el derecho de los empleados públicos a expresarse en la lengua oficial que deseen", pide la suspensión cautelar y recuerda que el TSJ aún no ha sentenciado sobre el fondo del asunto.

CSIF recuerda, en un comunicado, que interpuso en mayo un recurso contencioso contra el decreto 61/2017, de 12 de mayo. En ese recurso explicaba que el decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución Española, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de condiciones.

También incumpliría, a su parecer, el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la obligación de negociar en la mesa correspondiente las cuestiones que afecten a las condiciones laborales de los trabajadores, ya que no hubo negociación.

CSIF continúa relatando que el recurso fue admitido a trámite en junio por el TSJ, y la central sindical, además, pidió al tribunal que ordenara la suspensión cautelar de esa directriz del Consell por "los perjuicios de imposible o difícil reparación". El TSJ desestimó esa medida a principios de julio, sin entrar a enjuiciar el fondo del asunto y sin dictaminar todavía sobre la legalidad del decreto del Consell. La central sindical ha presentado este miércoles recurso de reposición contra el auto que denegaba la suspensión cautelar.

El sindicato señala en su escrito que "el artículo 4.1 del decreto establece que el valenciano será la lengua destacada de uso normal y general de la Administración de la Generalitat". En su exposición, indica que "en consonancia con ello, el capítulo III y el capítulo IV del decreto contienen mandatos concretos y específicos que excluyen la utilización del castellano por parte de los empleados públicos e imponen la utilización del valenciano".

Apunta que "el perjuicio para los empleados públicos consiste en la vulneración del derecho de los mismos a expresarse y utilizar la lengua oficial que deseen", y añade que "este perjuicio que afecta a la esfera de la libertad no podrá ser de ninguna manera reparado si finalmente la norma reglamentaria resulta, como esta parte entiende, no ajustada a derecho".

Por último, el sindicato subraya que "debe prevalecer el derecho y el interés de los empleados públicos, y que la Constitución y el Estatuto de Autonomía ya protegen los usos administrativos e institucionales de las lenguas oficiales" y, por ello, solicita la suspensión cautelar.