Cuadrar 'a martillazos'

En alguna que otra ocasión habrán oído defender que la administración debería ser gestionada como una empresa privada. Evidentemente, quien se refiere a este modelo de gestión, lo hace atendiendo a los criterios de eficiencia y eficacia que deben prevalecer cuando se dispone de dinero público.

Es cierto que la administración pública no funciona con parámetros de rentabilidad, que muchos servicios públicos son deficitarios y que no por ello deben dejar de prestarse. Además, se trabaja sobre una proyección de necesidades sociales que puede resultar mayor y, en momentos de dificultad, no se puede cerrar la puerta ni reducir en exceso costes puesto que los ciudadanos tienen derechos que requieren una atención satisfactoria.

Con todo y con esto, comparto la opinión de quienes dicen que a la gestión pública debe aplicarse un sistema de trabajo por objetivos, que la gestión debe ser lo más profesional posible (o al menos, lo más responsable posible) y que los ejercicios de ilusionismo económico del hoy pueden derivar en sangrantes hipotecas del mañana.

A estas alturas de la columna, algunos de ustedes habrán intuido que lo que ha perturbado mi sosiego estos últimos días ha sido la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2019. En su presentación, se indicaba abiertamente que las cuentas públicas de la Generalitat incorporaban en su apartado de ingresos 2.222 millones "procedentes del Estado por infrafinanciación y lo que constituyen derechos económicos por el préstamo de revisión del IVA, la dependencia y el gasto sanitario histórico".

De esos 2.222 millones de Euros, a 1.325 el conseller de Hacienda les ha atribuido el calificativo de "partida reivindicativa" y una se pregunta si el responsable público en cuestión resistiría tal argumento en la presentación de unas cuestas de carácter privado o semipúblico.

El sentido común podría llevarnos a pensar que estos ingresos están acordados previamente con el Estado pero nada más lejos de la realidad: el mismo día de la presentación del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat, el gobierno de Pedro Sánchez, a través de la vicepresidenta Calvo, le hizo a nuestro Presupuesto una enmienda a la totalidad al decir de forma clara y sonora en el Congreso de los Diputados que "no hay tiempo para reformar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura, en parte como consecuencia de los procesos electorales de 2019".

Tampoco parecen acordados previamente los 303 millones de financiación finalista para la Dependencia y los 344 millones del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) histórico por gasto sanitario de desplazados; pero ambas partidas están ahí, en los Presupuestos de Sanidad y Políticas Inclusivas con un gasto asignado que se hará sin respaldo económico.

Es cierto que la proximidad de elecciones evidenciaba esfuerzos de exaltación de amistad botánica y unos presupuestos tan expansivos como irreales. La firma de nosequé documento el pasado lunes entre miembros del gobierno y uno de los grupos parlamentarios de Les Corts (al que, por motivos que escapan a mi rígida interpretación del derecho parlamentario, se le oferta la posibilidad de negociar las cuentas públicas antes de su registro en el Parlamento) servía a la vicepresidenta Oltra para dar por ganadas las elecciones y por reeditado el Pacte del Botànic.

Yo, ¿qué quieren que les diga?, soy más de ser prudente en momentos de tal volatilidad política, pero ya se sabe que nuestra vicepresidenta siempre ha tenido un punto más teatral que el que yo pueda alcanzar esforzándome mucho.

Les diré que mis horas de trabajo estudiando presupuestos este fin de semana me llevaban a reírme sola viendo cómo se había hinchado de forma artificial todas las partidas presupuestarias; a cantarme a mí misma el temazo The Show Must Go On de mi admirado, y tan recordado estos días, Freddie Mercury y a preguntarme como un académico tan respetado como Vicent Soler se prestaba a tal ejercicio de descrédito.

También me ha dado tiempo a indignarme. Me resulta incomprensible tal ejercicio de irresponsabilidad teniendo en cuenta que este gobierno ya dispone, por lo general, de mayores ingresos derivados de la mejoría económica de los que disponía el gobierno del PP  en 2015; que en 4 años ha reducido gastos financieros en 477 millones de euros por una gestión del anterior gobierno del PP en la Generalitat;  y que, a pesar de ello, han incrementado en 3.051 Millones, es decir un 30,8%, los impuestos a los valencianos desde 2015.

Finalmente, les confesaré que en estos días de estudio presupuestario me he acordado mucho de mi etapa de alcaldesa y de mi primer teniente de alcalde y Concejal de Hacienda de Torrent, Juan José García Campos.

Juan, perito mercantil de profesión, peinaba canas y lucía nombre y crédito trabajado tras años de ejercicio profesional cuando yo le preguntaba si podíamos tener unos presupuestos algo más "generosos". No había nada que le provocara más temor que alguien pudiera colorearnos la cara y antes tiraba los "manguitos" al suelo y se cortaba un dedo que inventaba ingresos para cuadrar presupuestos, como él decía, "a martillazos".  

Efectivamente, la responsabilidad venció la batalla y no inventamos ingresos con "partidas reivindicativas" y otras carambolas que, siendo sinceros, no deberían constar nunca en unas cuentas públicas.

María José Catalá es portavoz adjunta del PP en Les Corts