VALÈNCIA. El Hospital General de València ha reclamado a Eresa -Grupo Ascires- un total de 693.722 euros por una revisión de precios en el servicio de medicina nuclear y radioterapia que la empresa prestaba al consorcio. Así lo recogen las cuentas de la compañía valenciana de 2020, que atribuyen esta petición a una revisión de los precios por el IPC. Un servicio que la empresa dejó de prestar en el departamento el pasado año y que fue finalmente internalizado por la gerencia.
Ésta no es la única provisión que la compañía realizó el pasado ejercicio. También tuvo que reservar presupuesto de cara a la reversión de las resonancias con la Generalitat Valenciana, que debería haberse ejecutado en 2018 pero que a día de hoy se paga por enriquecimiento injusto. En este sentido, la empresa calcula un coste de 6,7 millones de euros por el ajuste del personal ante la prevista finalización del servicio prestada por la UTE Erescanner Salud de la que Eresa tiene la mayoría.
La compañía cerró 2020 con una cifra de negocio de 32,3 millones de euros, un 30% menos que el año anterior, cuando ascendía a 46,1 millones. "La sociedad dominante ha visto disminuida su actividad como consecuencia de los efectos del covid-19, disminuyendo en el periodo de marzo a mayo en un 50% con respecto a lo esperado", recoge el informe de gestión.
Como consecuencia de la situación, la sociedad realizó un ERTE durante el periodo de abril a septiembre que afectó a personal administrativo. "La situación de las sociedades del grupo, salvando el efecto producido por el covid-19, es similar a la de ejercicios anteriores, no existiendo alteraciones financiero patrimoniales significativas", apuntan. Mientras, los beneficios de la compañía ascendieron de 5,4 a 6,5 millones.
Los dos principales socios de la UTE Erescanner Salud -Eresa e Inscanner- mantenían una batalla judicial por 5,13 millones de euros de los 67 que la UTE había repartido repartido hasta el ejercicio 2018 como beneficio.
Una batalla que llegó a los juzgados de lo penal al poner los Saus -dueños de Eresa- encima de la mesa un documento fechado el 18 de noviembre de 2011 firmado por Vicente Saus en representación de Eresa –era su presidente– y Ana Paz Brown en representación de Inscanner y Beanaca –, quien era administradora solidaria con su padre, Carlos Paz Figueroa, fallecido meses después.
En este documento se establecía un nuevo reparto de los beneficios de la UTE en el que Inscanner y Beanaca solo percibirían los obtenidos en la provincia de Alicante, "en palmario perjuicio" de estas dos empresas "y en beneficio de Eresa", según la denunciante. En lugar de recibir un 28,5% del total recibiría lo ganado en Alicante, descontados los beneficios que corresponden a Ribera Salud (14,5%) que no participaba en la división territorial de la actividad por ser solo un socio financiero.
Sin embargo, en el auto de sobreseimiento, el juzgado -según señala el informe de gestión que acompaña a las cuentas- declaró probado "que el documento de pactos de gestión separada es auténtico, que se firmó por Inscanner y Beanaca sin mediar ningún engaño, y que tiene plenos efectos jurídicos y económicos y, por tanto, es plenamente aplicable a las liquidaciones que se lleven a cabo en el marco de la UTE".
Ahora, el conflicto se debe resolver en arbitraje -que fue suspendido cuando se inició el proceso judicial- y el criterio propuesto por la gerencia de Erescanner para futuros repartos de caja es liquidar el saldo de la gestión separada de acuerdo a los resultados de la UTE que se distribuyan en ese momento. En 2020 la compañía repartió 2,8 millones de dividendos.
