Foto de archivo.VALÈNCIA. El Hospital General de València sigue con el proceso de recuperación de los servicios de imagen médica para la gestión pública que estaban gestionados por la compañía valenciana Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa). Una tarea de la gerencia que a día de hoy se ha consumado con la internalización de las pruebas de resonancia magnética y TAC en el departamento y a las que seguirán oncología radioterápica y medicina nuclear. Dos servicios que ya están en la agenda del departamento liderado por Inmaculada Renart para proceder a su reversión.
Así lo confirman fuentes del centro, quienes explican que actualmente están inmersos en la internalización del servicio de oncología radioterápica, un proceso que esperan que culmine a medios de 2020. Es para esta fecha cuando está proyectado el inicio de la instalación del acelerador lineal de electrones de titularidad pública. El montaje de nueva maquinaria por parte de la administración supondrá la salida de los trabajadores de Eresa vinculados a este servicio, como ya ocurrió con la veintena de empleados adheridos a las resonancias magnéticas y al TAC.
Más atrasados van en medicina nuclear, servicio que también pretenden recuperar para la gestión pública pero para el que todavía no hay un cronograma establecido. No obstante, desde el centro señalan que tampoco se contempla la subrogación de este personal al no quedarse con la maquinaria, en este tipo de pruebas concretamente la cámara gamma. A día de hoy, entre los dos servicios que Eresa presta en el hospital trabajan unas 45 personas de la empresa liderada por Lorena Saus. Cabe destacar que, a pesar de que el pasado año parecía que la estrategia del consorcio y de la Generalitat sería similar en el proceso de internalización, finalmente ha sido totalmente opuesta en cuestión de personal al sí subrogar la Conselleria de Sanidad.
En el caso del consorcio, la gerencia tomó la decisión de no hacerlo -aunque inicialmente dijo que sí- asegurando que la empresa no contempló ceder las máquinas, lo que hubiera permitido a los trabajadores de la empresa privada quedarse en el centro público. Un asunto que ha llegado hasta la justicia al denunciar los trabajadores, quienes quedaron en el limbo tras darle Eresa la carta de subrogación y el departamento público negarles la posibilidad de mantenerse en su puesto. El juzgado de lo social número 2 de València emitía uno de los primeros fallos y absolvía al consorcio de reincorporarlos al no producirse sucesión de empresas por no transmitirse elementos patrimoniales. Una sentencia que instaba a la empresa en cuestión a readmitir a la trabajadora y a la que han seguido otras con el mismo veredicto. A día de hoy, esos puestos son ocupados en el hospital por personal de bolsa.
Mientras, la Generalitat sigue avanzado en proceso de subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud tras finalizar hace más de un año el contrato para el servicio de resonancias que prestaba prácticamente a toda la sanidad valenciana. La Generalitat se quedará con 20 equipos que ya usaba la compañía privada para prestar el servicio en los hospitales públicos, lo que permite y obliga a realizar la subrogación. En este caso, la Conselleria de Sanidad estima en 209 plazas las necesarias para afrontar el servicio. En mayo de 2019, el departamento de Barceló recibió por parte de la UTE el personal a subrogar, donde se reflejaban un total de 113 trabajadores, de los que deben comprobar si cumplen el requisito de trabajar un año como personal laboral en un centro público a cargo de la contratista. El resto de plazas, un total de 96, serán ocupadas por personal estatutario que entrará a través de bolsa.
El Hospital General de València ya puso números al ahorro de la internalización del servicio de resonancias y TAC, que cuantificó en 2,66 millones de euros al año. Así lo recogía un estudio de rentabilidad económica sobre la actividad de radiodiagnóstico realizado por la gerencia, que comparaba los datos de actividad de septiembre de 2019 con el coste del servicio externalizado que Eresa prestaba desde 1989 hasta este pasado verano.
Mientras, la Generalitat Valenciana estima un ahorro de 17,8 millones de euros con la vuelta a lo público de estas pruebas, según recoge la memoria económica sobre la reversión, realizada en el marco del decreto que permitirá la subrogación del personal. Elaborado por la dirección general de Asistencia Sanitaria y la dirección general de Régimen Económico e Infraestructuras, calcula que el presupuesto anual para la internalización del servicio será de 24 millones, una cifra lejana a los 44 millones que en 2018 la Conselleria de Sanidad pagó a la UTE.
