El PP y Rajoy intentan convertir en guerra cultural la cuestión de los conciertos educativos, cuando no es más que una disputa económica: unas pocas empresas haciendo negocio a partir del deseo de ascender de las clases medias empobrecidas
El pasado 25 de mayo, coincidiendo con el segundo aniversario de las elecciones europeas de 2014 que marcaron el inicio del cambio de ciclo institucional en el Estado Español y el primero de las elecciones autonómicas y municipales que lo certificaron, Mariano Rajoy decidió visitar el País Valenciano, epicentro del cambio y también del proceso de descomposición de su partido, para dar el pistoletazo de salida a la recta final de su precampaña. Para ello visitó Alfafar, a la que el azar ha convertido en auténtica aldea gala conservadora -en tanto que única población de más de 20.000 habitantes gobernada por el PP en la provincia de Valencia- y además dio su apoyo a las reivindicaciones de las asociaciones de la patronal de la educación concertada católica valenciana, llevando el tema hasta la agenda política estatal.
Es ya moneda común la afirmación de que la esfera pública española vive inmersa en una guerra cultural o “culture war” al menos desde las elecciones de mayo de 2015. En la nueva situación política fragmentada, la derecha tradicional encuadrada en el PP y su entorno ha optado por una estrategia de polarización en cuestiones culturales y estéticas que recuerda poderosamente a las “culture war” de la derecha norteamericana. Las cabalgatas de Reyes Magos, el caso de los titiriteros, la cuestión de los derechos LGTB -jalonada por declaraciones y exabruptos de la jerarquía católica- el combate a las políticas de igualdad, a las que ahora se une la cuestión de la educación concertada y privada.
El concepto original de guerra cultural no es norteamericano sino alemán y se refiere a la Kulturkampf que desarrolló el gobierno del canciller Otto von Bismarck contra la influencia de la Iglesia Católica en la Alemania recién reunificada en la década de 1870, cuando el estado prusiano mayoritariamente protestante se hubo de enfrentar a los partidos de influencia católica con mucha fuerza en el sur y el oeste de Alemania así como en la frontera polaca en aspectos clave como la educación y la influencia pública de la Iglesia. Y en este caso la cuestión de la concertada -el 76% de la cual es de inspiración católica, en muchos casos directamente vinculada a órdenes religiosas y/o arzobispados- es fundamentalmente un debate sobre la influencia social de la jerarquía católica y sus tentáculos. Algo que no ocurre sólo en primaria y secundaria: la polémica de las universidades privadas y las prácticas en hospitales afecta de pleno al CEU y la Universidad Católica, sin olvidar tampoco que buena parte de las grandes escuelas de negocios tipo ESADE -dónde estudió el propio Albert Rivera- són también de órdenes religiosas, al menos en su accionariado.
La cuestión de la concertada, el 76% de la cual es de inspiración religiosa, es un debate sobre la influencia social de la jerarquía católica
El debate de valores español y valenciano viene fuertemente enmarcado en valores morales, pero con cierto enraizamiento jurídico y constitucional: se cita la preeminencia artículo 27.3 de la Constitución Española -de cuya ley de desarrollo deriva la educación concertada- olvidando selectivamente que en el 27.2 CE inmediatamente anterior se establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad, principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales y que el 27.4 se garantiza su gratuidad. Dos apartados clave que los colegios religiosos -que en muchos casos separan por sexos- y que cobran grandes cantidades a los padres por conceptos teóricamente facultativos incumplen de forma flagrante. Es, en todo caso, una citación selectiva y interesada. Pero ¿está realmente en peligro la educación concertada?
Siguiendo con la Constitución, el artículo 27.8 de la Constitución dice que será prerrogativa de los poderes públicos la inspección y la homologación de los centros educativos para asegurarse de que cumplen la normativa vigente. El atropello intolerable al que somete el Consell a la concertada pasa por asegurarse de homologar los títulos del personal contratado con el de la pública; garantizar el libre acceso de las familias a los centros de su elección por criterios objetivos y no arbitrarios -¿qué eran, si no, el punto de libre disposición para la baremación y los puntos por antiguos alumnos sino instrumentos de discriminación en un sistema público en manos de los empresarios concesionarios?- o la prohibición de cobros extra a las familias -un estudio de la OCU afirma que cuestan a la familias un 70% más-.
El primer arreglo escolar elaborado por el nuevo Consell mantiene a la educación concertada con el mayor número de unidades de la Historia y con una ratio equivalente a la de la pública. No deberían existir, pues, motivos para la queja. Vicent Marzà, lejos de ser héroe o villano, se limite a cumplir de forma estricta la normativa, garantizando la igualdad entre ambos régimenes de gestión dentro del sistema sostenido con fondos públicos. Quizá, pues, la cuestión hemos de situarla en otros términos.
El PP ha identificado correctamente la relevancia de la cuestión de la concertada. Aunque la Iglesia Católica ya no disponga de la clientela directa en misa de antaño, continúa teniendo a su disposición una red formidable de centros con un objetivo claro: la estratificación social. La educación concertada es donde se concentra -en datos del curso 2012/2013- sólo el 10% de la población inmigrante, por un 84% en la pública. Los centros concertados suponen un importante elemento de segregación que permite a la clase media con ínfulas que sus hijos eviten a los inmigrantes y clases desfavorecidas de sus barrios y entornos; una clase media empobrecida que a su vez no dispone de la capacidad económica para costear la educación privada en la que estudian las verdaderas élites. Asegurados los jubilados, el PP necesita dar la batalla a Ciudadanos y en menor medida a lo que queda del PSOE entre los ciudadanos entre 35 y 55 años, padres con aspiraciones de ascenso social. Y para ello replegarse alrededor de la red católica es la mejor garantía, aunque signifique comerse sapos como las declaraciones homófobas del cardenal Cañizares.
Detrás del humo sobre educación pública y concertada -pero también sanidad pública y concertada, residencias públicas y concertadas, entre otros- más que una discusión de valores se esconde lo peor de la etapa anterior
La respuesta de la Conselleria y el Consell ha evitado la confrontación de tipo cultural llevando el debate a la cuestión económica: la protesta la dirige la gran patronal, y supone una apuesta por intereses privados en perjuicio de los públicos, rehuyendo ya no sólo la cuestión de los valores morales y religiosos el debate entre liberalismo y intervencionismo en clave de costes que busca el PP -que los colegios concertados salen más baratos a la Administración, etcétera.
Detrás del humo sobre educación pública y concertada -pero también sanidad pública y concertada, residencias públicas y concertadas, entre otros- más que una discusión de valores se esconde lo peor de la etapa anterior con el ladrillo como centro. Las cajas de ahorros y las constructoras están detrás del accionariado que puso en marcha Ribera Salut; la trama de Taula ha puesto de manifiesto las constructoras que se escondían detrás de la trama de CIEGSA, pero tampoco conviene olvidar las cesiones de suelo para construir colegios concertados o Campus de la Universidad Católica como el de Torrent; o las residencias concertadas vinculadas a la familia de Juan Cotino con sobrecostes escandalosos para la Administración. Que Ribera Salut, tras la previsible pérdida de sus concesiones en territorio valenciano se plantee continuar su expansión en Sudamérica de la mano de OHL debería darnos una idea sobre de qué trata en el fondo el modelo concesional.
El previsible calvario judicial que tiene por delante Juan Cotino con la visita del Papa debería servir de aviso a sus delfines como Maria José Català -gran benefactora de la Universidad Católica y después artífice del modelo de distrito único escolar que tantos frutos ha dado a la concertada- pero también a otros como Isabel Bonig o la diputada Beatriz Gascó que acompañaron a Font de Mora, Blasco y compañía en sus años dorados de la gestión en educación, sanidad y territorio.
Los anteriores intentos de culture war en clave española no parecen haber dado grandes frutos y han obligado al PP a asumir las posiciones que rechazaban 10 años atrás en matrimonio homosexual o políticas de igualdad ¿puede el PP recuperar el poder autonómico y los grandes ayuntamientos en 2019 a lomos de intereses particulares y tan sesgados como los de la patronal católica?