VALENCIA. El próximo miércoles 16 de septiembre el pleno del Congreso de los Diputados votará la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana aprobada por Les Corts en 2010 a instancias del PP y con el beneplácito de la oposición. Una modificación que va dirigida al blindaje de las inversiones en la región que se reflejen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Como ya informó ValenciaPlaza.com este miércoles, la cámara llevará al pleno la reforma la próxima semana. En esta ocasión, y tras dos aplazamientos anteriores promovidos por el PP, todo apunta a que la iniciativa se someterá a votación después de que los representantes elegidos en Les Corts -Manuel Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Jorge Bellver (PP)- intervengan para defender la propuesta.

Sin duda, la posición de los 'populares' es la más complicada. El impulso de la iniciativa en 2010 -aprobada en 2011- se debió al entonces presidente, Francisco Camps, que quiso que el gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero se pronunciara respecto a las inversiones territoriales en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la reforma no llegó a abordarse en el Congreso y se trasladó a la legislatura siguiente donde pasó a gobernar Mariano Rajoy. No obstante, el PP ha preferido evitar en estos cuatro años autorizar una reforma que afecta a la composición de los PGE. Ante eso, se ha optado por aplazar la votación sobre la propuesta en dos ocasiones. 

No obstante, desde el PPCV se espera que la historia pueda cambiar en esta ocasión. Fuentes de los 'populares' valencianos aseguran que Bonig ya se ha puesto manos a la obra para tratar de que desde la dirección nacional del partido y desde el Gobierno central se autorice el voto positivo de su formación para la reforma estatutaria. En este sentido, las citadas fuentes aseguran que la premisa con la que se trabaja desde el PPCV es de que la iniciativa recibirá luz verde por parte del grupo parlamentario del Congreso.

A favor de esta posibilidad juega, según recalcan las citadas fuentes, el "cambio de coyuntura" y la "proximidad" de las elecciones generales, que tendrán lugar el próximo mes de diciembre. Cabe recordar que la cercanía de la disolución de la cámara deja muy poco margen para que los trámites parlamentarios para la aprobación de la reforma puedan cumplirse: es decir, se pospondría para la siguiente legislatura y tal vez con un gobierno de distinto signo político.