BRUSELAS (EP). La Comisión Europea ha dictaminado este martes que las ayudas públicas de 265 millones de euros concedidas por el Gobierno valenciano a los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz de Alicante son ilegales y, por tanto, deben ser devueltas por el beneficiario. 

Tras realizar una investigación en profundidad, el Ejecutivo comunitario ha concluido que "ningún inversor privado habría aceptado invertir (en la Ciudad de la Luz) en los mismos términos" que el Gobierno valenciano y que la financiación pública "distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos".

"No sólo no hay necesidad de gastar dinero púbico para financiar a un nuevo operador cinematográfico sino que, además, ello penaliza a los estudios ya existentes y a posibles interesados en entrar al mercado, que tienen que operar sin financiación pública", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

"En el actual entorno económico, las consecuencias pueden ser desastrosas", ha agregado. En 2008, tras recibir algunas quejas, la Comisión abrió una investigación sobre las ayudas del Gobierno valenciano a la Ciudad de la Luz. Sobre la base del plan original de negocio, las autoridades españolas consideraron que el apoyo público no estaba sujeto a las reglas de la UE sobre ayudas de Estado alegando que un inversor privado habría actuado en los mismos términos.

Sin embargo, la investigación de Bruselas concluyó que el mercado de estudios cinematográficos en Europa es "muy competitivo", especialmente tras la entrada de los países de la ampliación y de la implantación de nuevos grandes estudios.

Por ello, el Ejecutivo comunitario tenía "serias dudas" de que en este entorno se tomara la decisión de invertir en un proyecto lejos de los grandes centros de actividad audiovisual, como Madrid y Barcelona, atendiendo a consideraciones comerciales. Esta conclusión fue respaldada por las consultas que hizo Bruselas en el mercado.

Tanto una evaluación en profundidad realizada por la Comisión como un estudio externo del plan de negocios concluyeron que un inversor privado no habría concedido el 100% de la financiación para la Ciudad de la Luz sobre la base del plan de negocios.

Por tanto, Bruselas considera que se trata de una ayuda pública, que solo podría justificarse si persigue un objetivo de interés europeo, como el desarrollo regional, económico y cultural. "Sin embargo, España no ha demostrado que los beneficios del proyecto para el desarrollo regional compensen las distorsiones de competencia generadas por una cantidad tan alta de ayuda pública", ha dicho el Ejecutivo comunitario.