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Camps se enfrenta a un recorte de cargos y asesores de ahorro simbólico y alto coste interno

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VALENCIA. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, presentó ayer el cacareado plan de gestión y austeridad que el Gobierno valenciano proyecta para esta legislatura. Las medidas van en la línea de los reflejado inicialmente en el programa marco del PP redactado por la dirección nacional de partido y refrendado por las promesas electorales redactadas por las ramas autonómicas de las formación.

Alguna de las directrices serán difíciles de aplicar. Una de las que más daño hace en el ámbito interno es la reducción del 25% de los cargos políticos y personal de confianza. Dirigentes del partido se han quejado en privado de una medida que consideran "de escaparate". "Es una cuestión de imagen, el ahorro es mínimo", señala un cargo de la Generalitat.

Pero no queda otra. Las órdenes de Mariano Rajoy han sido claras: enarbolar la bandera de la austeridad en medio de la tormentosa crisis económica. Según fuentes de la vicepresidencia del Consell, el número de altos cargos en la actualidad es de 119. En cuanto al personal de confianza, el recuento total de asesores hecho por este diario sitúa la cifra en torno a 125.

El programa electoral del PPCV en las elecciones autonómicas, en este apartado, rezaba lo siguiente: "Reduciremos un 25% los departamentos, cargos políticos y personal de confianza de la Generalitat". Ese porcentaje significa una reducción de poco más de 60 personas este apartado. El sueldo de los asesores del Gobierno Valenciano se sitúa entre 39.422 y 46.650 euros brutos al año.

En cuanto a los altos cargos valencianos, los consellers y secretarios autonómicos cobran prácticamente lo mismo: 57.599 y 57.584 respectivamente. Los subsecretarios ganan 42.372 y los directores generales, 42.145 euros.

El ahorro aproximado de la medida será, por tanto, de 3,2 millones de euros.  En términos puramente económicos, es un pírrico beneficio -la deuda de la Generalitat es de más de 17.600 millones- en comparación con los quebraderos de cabeza que le provocará la medida  al presidente de la Generalitat, quien deberá abordar 60 ceses -o recolocaciones- de personal cercano en muchos casos al propio PPCV, una decisión altamente impopular en las filas del partido.

AUSTERIDAD PARA ESTIMULAR LA INICIATIVA PRIVADA

En general, la propuesta expuesta ayer por Rambla cuenta con cinco líneas básicas: la reducción del gasto, reorganización del sector público, modernización de la Administración Pública y la simplificación de la norma administrativa y se intensificará la colaboración con el sector privado en el ámbito de los servicios y las infraestructuras. Algunas de las propuestas se materializarán en decretos o normas de rango legal.

El conseller señaló que estas medidas "nacen" de las que ya se aplicaban en la pasada legislatura, los compromisos electorales y la "voluntad de materializar las iniciativas del PP" que se trataron en la reunión del presidente del PP, Mariano Rajoy, con los barones regionales para proponer medidas de austeridad en la gestión autonómica.

Rambla explicó que se trata de medidas de "estímulo e incentivo" para la recuperación económica a través de la participación de las empresas empresarios y agentes sociales.

Asimismo, explicó que esta propuesta incluirá cuatro leyes: una para el Sector Público para simplificar la administración, otra para "fijar un techo de gasto no financiero de la Generalitat" que puede ser bianual, la de Presupuestos y la de Acompañamiento -estas dos últimas se presentan todos los ejercicios-.

En el apartado de reducción del gasto público, el vicepresidente apostó por fijar el techo de gasto público con una nueva ley, reducir gastos y transferencias corrientes y de capital, optmizar el rendimiento patrimonial de la Generalitat, reducir el gasto energético y contratos de suministros básicos.

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