VALENCIA. La publicación el pasado lunes de la Cuenta General de la Generalidad Valenciana ha encedido todas las alarmas. Unas completamente lógicas y otras, basadas en las confusiones a las que induce una contabilidad pública innecesariamente compleja, menos explicables. En cualquier caso, el documento hecho público confirma que el combinado explosivo de una financiación insuficiente (y discriminatoria para los valencianos), sumada a una política despilfarradora y poco prudente y a la caída de la recaudación, sitúe a las finanzas públicas de los valencianos en una situación dramática.
Es una situación de gravedad extrema que sólo la intervención del Ministerio de Hacienda solventará. Una intervención que se viene retrasando una y otra vez porque tampoco está la hacienda de la Administración Central en una situación boyante. Y si es cierto que, a diferencia de la mayor parte de las comunidades autónomas, no tiene cerrados los mercados para apelar al crédito, sí lo es que el tipo al que realiza las emisiones compromete seriamente la viabilidad en el medio y largo plazo de la hacienda de España.
Ante ello, todo indica que España va a ser intervenida por la Unión Europea y que, en el próximo futuro, los ejes de la política económica del Gobierno de Rajoy se van a diseñar en Bruselas y no en Madrid. Es el resultado de un encadenamiento de errores, sobre la desastrosa herencia que legó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sobre los cuales, y de forma harto sorprendente, el sector privado todavía no ha dicho nada.
No debiera de perderse de vista sin embargo, que lo anterior es sólo una parte de la realidad. Y sin duda la más urgente ante la dificultad de conseguir fondos. Pero no es seguro que sea la más acuciante. Ni que su resolución permita solucionar el 65% de los problemas, como ha declarado el conseller José Manuel Vela. Un resposable político a quien, al menos hay que reconocerle un atributo: su capacidad para dar la cara. Algo infrecuente entre sus compañeros de Consell agazapados en la pasividad más absoluta, cuando no en la simple ineptitud.
Porque pensar que la profunda crisis económica que padecemos, y de forma especial en la economía valenciana por su especialización inmobiliaria, se va a resolver con la llegada de fondos de Madrid, o de Bruselas, no es una simplificación, es una falsedad. El espectacular nivel de desempleo que sufrimos, inaceptable en el caso de los jóvenes, el cierre continuado de empresas y, en síntesis, la falta de perspectivas de futuro de la economía valenciana tiene raíces muy profundas que no residen sólo en la ausencia de atención de la Generalidad -embobada como ha estado en ruinosos fastos- al tejido productivo.
Es la propia viabilidad del tejido productivo la que está en juego ante el avance inexorable de la traslación de la actividad económica hacia Asia y la falta de adaptación de los emprendedores valencianos al nuevo marco mundial que ha venido gestándose en los últimos decenios. Y si los gestores públicos han sido manirrotos en el uso de los recursos de todos, los silencios de los propios afectados ante la falta de políticas activas de fomento de la competitividad son todavía más criticables. Aún hoy, no hay una posición clara de los empresarios más allá de las vaguedades que expone el presidente de Cierval que se asemejan demasiado a tener la clave para cuadrar el círculo.
El tiempo perdido ha sido mucho. No todo está perdido sin embargo para que las generaciones futuras de valencianos disfruten de un nivel de bienestar al menos similar al actual. Pero si no cambian las actitudes de los agentes políticos y económicos, la intervención de la economía y su control por el Gobierno central a cambio de recursos para superar la virtual suspensión de pagos actual, no servirá para nada en ese objetivo crucial de superar cuando antes la crisis económica que hace que uno de cada cuatro valencianos en edad de trabajar no encuentre trabajo.
