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CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

El Consell privatizará Cacsa con un sistema que evite demandas de los expropietarios del suelo

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VALENCIA. (EP). El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha asegurado este viernes que los pliegos de externalización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia se publicarán este mes de julio. "Si no fuese así, no tendría sentido, porque rebasaría nuestra legislatura", ha señalado.

Buch se ha expresado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha comparecido junto a la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, al ser preguntado por esta cuestión.

El titular de Economía ha explicado que el motivo de "la tardanza y la demora" se debe a las diferentes adscripciones que tiene el suelo del complejo, ya que una parte del suelo -el del Ágora y el Oceanogràfic- es de Cacsa y el resto de la Conselleria de Economía.

Por este motivo, tienen "una consideración jurídica distinta", por lo que "los formatos de externalización son distintos", ha manifestado Buch, quien ha incidido en que "esto ha llevado a la demora" del proceso de la externalización.

DOS FORMATOS

Asimismo, ha indicado que finalmente se ha decidido que el pliego contemplará dos formatos distintos, uno para las instalaciones que están sobre suelo de Cacsa y otro para las que están sobre el de la Conselleria de Economía.

De esta forma, ha indicado que "habrá un pliego, pero con formatos distintos". El conseller ha destacado que no puede adelantar más información "porque está en proceso de evaluación de la Abogacía". "Cuanto esté claro todo, comparecerá con mucho gusto para explicarlo y espero que sea antes de final de julio", ha manifestado el conseller quien, a continuación, se ha mostrado "convencido" de que será este mes.

La propiedad del suelo y su procedencia es esencial en este proceso, ya que en su día parte del mismo se expropió para una actividad sin ánimo de lucro, como era Cacsa, algo que se verá modificado en el momento en que se ceda su uso a empresa privadas, lo que podría provocar que los expropietarios pidan una revisión del precio que se pagó en su día.  

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